El Gobierno del presidente Gustavo Petro insiste. Tras el hundimiento en el Senado la semana pasada, este lunes presentó de nuevo ante el Congreso la Consulta Popular, ahora con 16 preguntas que incluyen un polémico apartado sobre la reforma a la salud.
La apuesta, que busca movilizar a 15 millones de votantes, reaviva un debate que apenas había enfriado el fracaso inicial y vuelve a poner en el centro el precio de los medicamentos y el papel de las EPS.
Del hundimiento al retorno: por qué vuelve la Consulta Popular
El 15 de mayo, la plenaria del Senado archivó la primera propuesta de Consulta Popular, argumentando falta de claridad sobre su costo y viabilidad. El presidente Gustavo Petro respondió al revés con una ofensiva de cabildos abiertos y la promesa de “no rendirse” ante la derrota legislativa.
Dos días después, desde una gira internacional, reiteró que presentaría un nuevo texto “sí o sí”, esta vez reforzado con un punto sanitario para blindar su principal reforma social.
Este lunes, 19 de mayo, los ministros del Trabajo, del Interior y de Salud radicaron la iniciativa “por segunda vez”, elevando el cuestionario de 12 a 16 enunciados y registrándolo oficialmente en la Secretaría del Senado. Con ello, el Ejecutivo confía en que la ciudadanía “corrija desde las urnas” lo que considera un bloqueo parlamentario.
Las 16 preguntas de la Consulta Popular y la polémica de la salud
“Ya no serán 12 veces ‘Sí’, sino 16 veces ‘Sí’”, subrayó el ministro Antonio Sanguino al defender la ampliación del pliego de temas. Cuatro de las nuevas preguntas se concentran en el sistema sanitario: control de precios de medicamentos, eliminación del rol financiero de las EPS, fortalecimiento de la atención primaria y un régimen laboral especial para los trabajadores de la salud.
¡16 veces SÍ!
Radicamos #ConsultaPopular para corregir desigualdades y defender la salud y la #ReformaLaboral. pic.twitter.com/O8kY7w9rzM
— Antonio Sanguino (@AntonioSanguino) May 19, 2025
Más allá de la salud, el texto mantiene interrogantes sobre jornada laboral, recargos dominicales, formalización de trabajadoras domésticas y bono pensional campesino. Datos oficiales indican que solo el 8,6 % de la población rural recibe hoy pensión, lo que justificaría la pregunta número 12.
El Ejecutivo necesita que tanto el Senado como la Corte Constitucional avalen la Consulta Popular antes de ir a las urnas. El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, ha dicho que “si el Congreso vuelve a cerrar la puerta, tendremos que recurrir al pueblo”. Del lado contrario, voces de la oposición tildan la apuesta de “espectáculo electoral” y advierten un gasto cercano a 700 000 millones de pesos en plena tensión fiscal.
Escenarios de votación: requisitos legales para la Consulta Popular
La Constitución (artículo 103) y la Ley 134 de 1994 —modificada por la Ley 1757 de 2015— fijan dos condiciones para que el resultado sea obligatorio:
Umbral de participación. Debe votar al menos un tercio del censo electoral. Con los 40 963 370 ciudadanos habilitados por la Registraduría, se necesitan alrededor de 13,6 millones de sufragios depositados.
Mayoría simple. Cada pregunta se aprueba si el “Sí” obtiene la mitad más uno de los votos válidos emitidos, sin contar los nulos ni los no marcados.
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Tres posibles desenlaces
Escenario 1 – Aprobación total. Participación ≥ 33 % y el “Sí” supera el 50 % + 1 de los votos válidos: la decisión se vuelve vinculante y el Gobierno, en seis meses, debe presentar los actos legislativos o decretos pertinentes.
Escenario 2 – Rechazo en las urnas. Participación cumple el umbral, pero el “Sí” no logra mayoría: se mantiene el statu quo y el Ejecutivo no puede insistir con la misma pregunta en la misma legislatura.
Escenario 3 – Umbral no alcanzado. Menos de un tercio del censo acude a votar: ninguna pregunta, aun con mayoría afirmativa, tiene efectos jurídicos. El resultado queda como pronunciamiento político sin carácter obligatorio.
¿Qué sigue para la Consulta Popular?
La mesa directiva del Senado deberá asignar ponentes y definir un calendario de debates en las próximas dos semanas. Si supera ese filtro y cuenta con concepto favorable de la Corte, la Registraduría tiene 90 días para organizar la jornada, que coincidiría con la antesala de las elecciones regionales. El Gobierno aspira a que 15 millones de ciudadanos acudan a las urnas y respalden, al menos en su mayoría, las 16 preguntas radicadas.
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