En un comunicado divulgado este martes en la mañana, el expresidente César Gaviria (1990-1994) lanzó una dura crítica contra el presidente Gustavo Petro, al reprocharle la realización de un acto político en Medellín que contó con la presencia de representantes de estructuras criminales del Valle de Aburrá.
Según Gaviria, lo ocurrido en la tarima de La Alpujarra constituye un paso más en lo que denomina la implementación del llamado “Pacto de La Picota”.
“Los colombianos observamos con profunda indignación la decisión del presidente Petro de llamar a su lado un grupo de criminales, sacándolos de la cárcel para que lo acompañaran desde su tarima en una concentración política en La Alpujarra”, expresó el exmandatario. “Coincide este desprecio por el sufrimiento de las víctimas, con otro desafío abierto al orden constitucional y legal”.
Gaviria denuncia que Petro busca una constituyente por fuera de la Constitución
El evento al que hace referencia se llevó a cabo el pasado sábado en la Plazoleta de La Alpujarra, en el centro de Medellín. Allí, el jefe de Estado estuvo acompañado por funcionarios del gobierno nacional, congresistas cercanos a su coalición y, en un hecho que generó fuerte polémica, varios voceros de bandas criminales actualmente detenidos en la cárcel de Itagüí, quienes fueron trasladados hasta el sitio del evento.
Para Gaviria, el mensaje que se transmite con esta acción va más allá del simbolismo político: “El presidente Gustavo Petro ha reiterado su deseo de convocar una Asamblea Constituyente por fuera de los mecanismos legítimos previstos en la Constitución de 1991, y ahora insinúa hacerlo mediante una papeleta improvisada en las próximas elecciones.
Esta iniciativa, lejos de ser un ejercicio democrático, representa una estrategia de confrontación, polarización y manipulación para abrirle camino a un proyecto personalista que desborda los límites del Estado Social de Derecho”.
La acusación del exjefe de Estado apunta a lo que la oposición ha denominado “el Pacto de La Picota”, una supuesta alianza entre el Petrismo y actores mafiosos con fines electorales. Esta narrativa cobró fuerza desde 2022, cuando se conoció que Juan Fernando Petro, hermano del entonces candidato presidencial, visitó a varios detenidos en la cárcel La Picota en Bogotá.
En ese momento, sectores contrarios al hoy presidente sugirieron que esas reuniones buscaban acuerdos políticos a cambio de beneficios judiciales.
Gaviria también recurrió a argumentos jurídicos para desestimar la idea de una constituyente por vía de papeleta:
“El artículo 376 de la Constitución señala que solo una ley aprobada por el Congreso puede convocar al pueblo para que sea este quien decida si convoca o no una Asamblea Constituyente. Esa ley debe precisar el número de delegatarios, su competencia y el periodo de sesiones. Luego la Corte Constitucional debe revisar la constitucionalidad de dicha ley. Después del aval de la Corte, el texto de esa ley es sometido a la decisión popular. No existe ninguna posibilidad jurídica de que una papeleta impuesta por el Presidente o un decreto del Ejecutivo sustituya este procedimiento”.
Según el exmandatario, esta iniciativa para instaurar una constituyente busca reemplazar “una fallida estrategia” basada en la consulta popular, y responde al interés de Petro de convertirla en “el eje de una campaña electoral anticipada y polarizante, que sirva de plataforma para movilizar a su base, dividir a la ciudadanía y debilitar a sus opositores”.
La declaración final de Gaviria es tajante: “El Estado Social de Derecho no se negocia, mucho menos con los criminales. No se elude, con argucias improvisadas. Se respeta”.
Las afirmaciones del líder liberal se suman a las voces que en los últimos días han criticado la creciente cercanía del gobierno con actores al margen de la ley, así como los intentos del presidente Petro de impulsar reformas profundas al margen del trámite institucional previsto en la Constitución.
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