Un juez de control de garantías de Medellín ordenó este miércoles, 15 de octubre, medida de aseguramiento en centro carcelario contra Misael Alberto Cadavid Jaramillo y Yaneth Rúa García, dos de los tres implicados por el escándalo de corrupción en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, relacionado con convenios suscriptos al Cuerpo de Bomberos del municipio de Itagüí durante la administración de Daniel Quintero.
Dos exfuncionarios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá fueron enviados a prisión por presuntas irregularidades en contratos
La juez del caso consideró que ambos podrían obstruir el proceso judicial que se está adelantando, especialmente después de la revelación de audios en los que se discuten posibles irregularidades en los valores de facturación de los contratos.
En la misma diligencia, la funcionaria se abstuvo de imponer medida de aseguramiento contra Elkin de Jesús González, quien recuperó su libertad.
Según la Fiscalía General de la Nación, los hechos investigados estarían relacionados con la presunta desviación de al menos 2.400 millones de pesos mediante seis contratos interadministrativos firmados entre el 2020 y el 2022. Los convenios, según el ente acusador, fueron objeto de sobrecostos, falsificación documentos y servicios no ejecutados, lo que configura un posible detrimento patrimonial.
Audios revelan posibles pactos políticos y direccionamiento de contratos
Durante las audiencias, la Fiscalía presentó interceptaciones telefónicas en las que Misael Cadavid se refiere a su cercanía con funcionarios de la administración Quintero y menciona acuerdos políticos orientados a asegurar recursos públicos a cambio de favores.
Otro de los audios involucra a Yaneth Rúa, quien supervisaba los contratos en cuestión, en una conversación sobre beneficios obtenidos por facturación inflada. Según la Fiscalía, los implicados habrían pactado cobros superiores al valor real de los insumos y servicios, a pesar de manejar una comisión del 8 %.
Estos elementos fueron considerados como indicios graves de direccionamiento contractual, apropiación de recursos y posible manipulación de testigos, razones por las cuales la juez determinó que Cadavid y Rúa debían permanecer privados de la libertad mientras avanza el proceso.
Defensa rechaza las acusaciones y habla de “falta de pruebas reales”
Los abogados defensores de los tres imputados por este posible caso de corrupción en el Área Metropolitana negaron que existieran actos ilícitos y aseguraron que todos los elementos facturados fueron efectivamente adquiridos, aunque reconocieron diferencias en los precios. “La Fiscalía no ha presentado pruebas materiales que demuestren un delito. Las grabaciones fueron sacadas de contexto”, argumentaron.
También criticaron la decisión judicial, señalando que imponer una medida intramural sin condena equivale a “adelantar una pena sin sentencia”. En uno de los puntos debatidos, la defensa aclaró que un trabajador supuestamente inexistente sí contaba con licencia de conducción, pero estaba registrada con tarjeta de identidad, lo que habría generado la confusión.
Con esta decisión, el caso del Área Metropolitana continúa bajo lupa por parte de las autoridades judiciales, mientras la Fiscalía avanza en la recopilación de pruebas para determinar el alcance de los presuntos desvíos de recursos en los contratos interadministrativos del organismo metropolitano.