La Universidad de Antioquia (UdeA) volvió a quedar en el centro de la controversia tras una fallida sesión extraordinaria del Consejo Superior Universitario (CSU) que, lejos de resolver la crisis financiera que enfrenta la institución, terminó profundizando la tormenta política generada por la presencia de Wilmar Mejía, delegado del presidente Gustavo Petro ante el máximo órgano de dirección.
Fuentes del CSU confirmaron que la reunión comenzó hacia las 11:00 a. m. del jueves con la lectura del orden del día. Sin embargo, el ambiente se tensó de inmediato cuando Manuel Naranjo, secretario de Educación departamental y delegado de la Gobernación, pidió suspender la sesión argumentando que Mejía, suspendido provisionalmente por la Procuraduría, no podía participar.
El cruce de argumentos entre Naranjo y Mejía escaló rápidamente y representantes estudiantiles abandonaron el recinto, seguidos luego por otros delegados. La sesión, que estaba convocada para discutir la grave situación presupuestal de la UdeA para el cierre de 2025, quedó prácticamente trunca.
“Necesitamos que las instituciones actúen por encima de intereses políticos y reconozcan la crisis financiera que atraviesa la Universidad», aseguró la representante estudiantil Laura Melissa Olarte, quien lamentó que el debate presupuestal quedara pospuesto para la próxima semana.
La carta que encendió el debate en la UdeA
La discusión no se dio en el vacío pues horas antes, los representantes estudiantiles ante el CSU, Melissa Olarte y Juan Manuel Muñoz, enviaron una carta abierta al presidente Gustavo Petro, expresando consternación por el rol de su delegado y por el hecho de que haya pertenecido a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
En el documento, los estudiantes recuerdan el historial de persecución y estigmatización que ha vivido el movimiento estudiantil y universitario en Antioquia desde los años sesenta, sosteniendo que la presencia de un funcionario asociado a organismos de inteligencia es contraria a la autonomía universitaria y a la memoria de quienes han sido víctimas de violencia estatal y paramilitar.
Los firmantes de la UdeA exigieron que el presidente designe a una persona sin vínculos con la fuerza pública o cuerpos de inteligencia, y propusieron que ese asiento lo ocupe alguien con trayectoria en defensa de la educación pública. Incluso solicitaron formalmente la renuncia de Mejía por “respeto a la historia de la Universidad”.
El respaldo del Consejo Académico y las advertencias al Gobierno Nacional
El Consejo Académico de la UdeA ya había prendido alarmas semanas atrás y en un comunicado, pidió al presidente evaluar si Mejía cumple con los principios éticos y capacidades necesarias para representar al Gobierno nacional y criticó que hubiera sido simultáneamente funcionario de la DNI. Para la instancia académica, tal vínculo es incompatible con el espíritu universitario y con la autonomía institucional.
Además, advirtieron que las recientes afirmaciones del gobernador Andrés Julián Rendón —quien se refirió a Mejía con el alias de “Chulo” y lo relacionó con milicias universitarias— alimentan estigmas que históricamente han puesto en riesgo la vida de estudiantes, profesores y líderes sociales de la institución.
El choque entre delegados, la carta estudiantil, la suspensión disciplinaria y las declaraciones del gobernador han creado un escenario explosivo. Para muchos sectores de la UdeA, el problema no es solo jurídico o administrativo, sino simbólico: que un represente presidencial provenga de un organismo de inteligencia reabre heridas históricas en una universidad que ha cargado con el peso de la violencia política durante décadas.
La sesión extraordinaria suspendida dejó dos urgencias abiertas: la necesidad de resolver la compleja situación financiera para cerrar 2025 y la decisión que debe tomar la Casa de Nariño sobre la continuidad de Mejía.
Mientras tanto, el llamado desde los estamentos universitarios es claro: que la discusión no se reduzca a una disputa de poder, sino que ponga en el centro la estabilidad institucional, la autonomía y la seguridad de la comunidad universitaria.