El Decreto 0240 expedido el 12 de marzo de 2026 por el Gobierno nacional introduce una serie de medidas fiscales extraordinarias para enfrentar la crisis social y económica provocada por la temporada de lluvias, reviviendo así varios puntos que habían sido suspendidos por la Corte Constitucional en la emergencia económica meses atrás.
La norma hace parte de la declaratoria de emergencia económica y social y, según el Gobierno, busca garantizar recursos inmediatos para atender a miles de familias afectadas.
Las lluvias han generado daños en viviendas, carreteras y servicios públicos en departamentos como Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó. Este panorama obligó al Ejecutivo a adoptar decisiones urgentes para financiar la atención humanitaria y la reconstrucción de infraestructura.
Según la argumentación oficial, el Decreto 0240 responde a la insuficiencia de recursos en el Presupuesto General de la Nación para 2026, agravada por recortes aprobados en el Congreso y la caída de iniciativas que buscaban aumentar el recaudo. Además, el Gobierno sostiene que la mayoría del presupuesto tiene destinación específica, lo que limita la capacidad de reacción ante emergencias.
¿Qué impuestos revive el Decreto 0240 y cómo pueden impactar a los ciudadanos?
Uno de los cambios más visibles del Decreto 0240 es la creación de un impuesto nacional al consumo del 16 % sobre los depósitos realizados en plataformas de apuestas por internet. En la práctica, cada vez que un usuario transfiera dinero para participar en juegos de azar digitales, deberá asumir este tributo adicional.
El Gobierno considera que este sector tiene una alta capacidad contributiva y un crecimiento sostenido, por lo que su gravamen no afectaría productos esenciales ni generaría presiones inflacionarias directas. Sin embargo, para quienes utilizan estos servicios como forma de entretenimiento o ingreso ocasional, el impuesto puede reducir el dinero disponible para apostar.
Otro componente relevante es el impuesto de normalización tributaria con una tarifa del 19 %. Esta medida está dirigida a contribuyentes que tengan activos omitidos o subvalorados, o pasivos inexistentes. Quienes se acojan podrán regularizar su situación fiscal sin enfrentar procesos penales relacionados con la omisión patrimonial, siempre que cumplan con los plazos establecidos.
Dicho decreto también amplía el impuesto al patrimonio a sucursales de entidades extranjeras y establecimientos permanentes en Colombia. Con esto, el Gobierno busca equilibrar la carga tributaria frente a las empresas nacionales y aumentar el recaudo en medio de la emergencia.
Además, la norma contempla alivios tributarios como una reducción significativa de sanciones e intereses para contribuyentes con obligaciones pendientes. Esta medida pretende incentivar el pago oportuno de deudas fiscales y generar liquidez inmediata para financiar la atención de la crisis climática.
En términos generales, el Decreto 0240 representa una estrategia fiscal de choque para enfrentar una coyuntura excepcional. Aunque no introduce impuestos sobre bienes básicos, sí modifica el panorama tributario y puede influir en decisiones financieras de ciudadanos y empresas.