El hecho: MinDefensa y MinAgricultura expidió una resolución conjunta para reforzar la seguridad de los procedimientos adelantados por la Agencia Nacional de Tierras.
¿Por qué es importante? Las medidas buscan garantizar condiciones seguras para los procesos de reforma agraria y acceso a tierras en distintas regiones del país.
¿Cuál es el contexto? La ANT adelanta procesos de formalización y entrega de tierras en zonas donde persisten conflictos territoriales y problemas de orden público.
¿A quiénes afecta y cómo? Las disposiciones impactan a funcionarios de la ANT, comunidades campesinas y beneficiarios de programas agrarios que requieren acompañamiento institucional.
¿Qué intereses hay en juego? El Gobierno busca avanzar en la implementación de la Reforma Agraria y garantizar seguridad en los procesos relacionados con tierras y desarrollo rural.
El Gobierno Nacional anunció nuevas medidas para reforzar la seguridad de los procedimientos adelantados por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en distintas regiones del país. La decisión fue oficializada mediante una resolución conjunta expedida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Ministerio de Defensa Nacional.
A través de las resoluciones 000119 de 2026 y 005746 de 2026, ambas entidades establecieron mecanismos de coordinación interinstitucional orientados a garantizar condiciones de seguridad en las actuaciones administrativas y operativas relacionadas con los procesos agrarios y de acceso a tierras.
MinDefensa y MinAgricultura expidió una resolución conjunta para fortalecer la seguridad en los procedimientos de la Agencia Nacional de Tierras
La medida busca fortalecer la articulación entre la Fuerza Pública, el Ministerio de Agricultura y la Agencia Nacional de Tierras, especialmente en zonas donde las diligencias pueden enfrentar riesgos de orden público o tensiones relacionadas con conflictos por la propiedad rural.
Según explicó el Gobierno, la resolución contempla acciones en tres etapas específicas. La primera corresponde a la coordinación previa, que incluye análisis de seguridad por parte de autoridades militares y de Policía, reuniones de articulación institucional y planeación conjunta de actividades en los territorios.
La segunda etapa está enfocada en el desarrollo de las diligencias. Allí se establece comunicación permanente entre la ANT y la Fuerza Pública, además de protocolos internos para responder ante eventuales situaciones de riesgo que puedan afectar a funcionarios, comunidades o beneficiarios de los procesos.
Finalmente, la tercera fase contempla acompañamiento posterior por parte de las autoridades, especialmente en casos relacionados con la entrega de tierras del Fondo Nacional de Tierras respaldadas mediante decisiones administrativas o judiciales.
La resolución también permite la activación de Consejos de Seguridad y Convivencia, así como Puestos de Mando Unificado (PMU), en situaciones extraordinarias que representen amenazas para el desarrollo normal de las diligencias en las regiones.
Además, las entidades deberán realizar seguimientos semestrales para evaluar la implementación de las medidas y revisar las condiciones de seguridad en los territorios donde avanza la política de reforma agraria.
Con esta decisión, el Gobierno busca fortalecer las garantías institucionales para el desarrollo de la Reforma Agraria y facilitar el acceso progresivo a la tierra en distintas zonas del país. Las autoridades señalaron que las medidas también pretenden proteger los derechos de las comunidades campesinas y demás beneficiarios de los programas de tierras.
La Agencia Nacional de Tierras ha venido adelantando procesos de formalización, adjudicación y recuperación de predios en diferentes departamentos, algunos de ellos en contextos complejos de seguridad y conflictividad territorial.