En medio de las expectativas por el cambio de operador en la expedición de documentos de viaje, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un mensaje de tranquilidad a la opinión pública. De acuerdo con la entidad, el cronograma para la implementación del nuevo modelo de pasaportes avanza conforme a lo previsto, desestimando las versiones que sugerían posibles traumatismos en la prestación del servicio.
El Gobierno Nacional enfatizó que la transición, que busca fortalecer la soberanía tecnológica y el manejo de los datos personales de los colombianos, se desarrolla bajo estrictos parámetros de transparencia. Este nuevo esquema, que entrará en pleno vigor el próximo 1 de abril, marca el inicio de una alianza estratégica entre la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal.
Un cierre ordenado con el operador actual
Uno de los puntos clave destacados por la Cancillería es el cumplimiento de las etapas precontractuales. Actualmente, el servicio sigue operando bajo la responsabilidad de la firma Thomas Greg & Sons, cuyo contrato se extendió mediante la figura de urgencia manifiesta hasta el 31 de marzo.
Esta prórroga ha sido fundamental para evitar desabastecimiento de libretas y garantizar que ningún ciudadano se quede sin el documento durante el empalme.
¿Qué pasará con mi documento actual y el trámite de pasaporte?
»No ha existido crisis ni falta de documentos», señaló la cartera de Exteriores, aclarando que se han tomado todas las medidas administrativas para que el cambio de estafeta no afecte las citas agendadas ni los trámites en curso en las sedes de Bogotá y la red de consulados.
El modelo que liderará la administración del presidente Petro introduce cambios significativos en la estructura de costos y en la logística de producción:
Reducción de tarifas: Se estima que el valor del pasaporte ordinario disminuirá aproximadamente un 12%, pasando de 207.000 a cerca de 180.000 pesos.
El beneficio de gratuidad se aplicará a ciudadanos en niveles 1 y 2 del Sisbén, personas con discapacidad y adultos mayores de 62 años que cumplan con los requisitos de ley.
A diferencia del modelo anterior, la captura y administración de la información biométrica de los ciudadanos volverá a ser gestionada directamente por el Estado.
Pese a las acciones populares y tutelas interpuestas recientemente contra el convenio con Portugal, la Cancillería se mantiene firme en la legalidad del proceso. La entidad ha solicitado la protección al debido proceso ante el Consejo de Estado, argumentando que las demandas buscan generar un clima de incertidumbre innecesario.
Por su parte, la Imprenta Nacional se prepara para recibir la transferencia tecnológica necesaria para que, en un plazo de diez años, Colombia cuente con la autonomía total para fabricar sus propios documentos de identidad con estándares de seguridad de nivel mundial.
Los pasaportes actuales seguirán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento original; no es necesario realizar un cambio inmediato si su documento aún está vigente.
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