Las exigencias de la USO a Ecopetrol evidencian otro preocupante caso de estudio en Colombia. La línea entre la reivindicación de los derechos laborales y la captura institucional se ha vuelto peligrosamente delgada. Las solicitudes del sindicato para negociar una nueva Convención Colectiva de Trabajo y evitar una huelga en la compañía deben ser revisadas con lupa, pues pondrían en riesgo a la empresa más importante del país.
El foco debe estar puesto sobre las verdaderas intenciones de la USO con estas nuevas exigencias. ¿Son realmente necesarios todos esos beneficios para el sindicato? O por el contrario son gastos injustificados y medidas que llevarán a Ecopetrol a modificar su normativa interna de manera profunda.
La solicitud del sindicato que se puede titular como la «más peligrosa» es la de capturar la Junta Directiva. Exigir un asiento con candidatos propios no es simple participación, es un asalto al cogobierno de una empresa que cotiza en la bolsa. Cuando el mismo actor que recibe beneficios económicos se sienta a decidir la estrategia, se rompe el gobierno corporativo y se pone en riesgo la confianza de los inversionistas y el mercado.
Esta cortina de humo intenta ocultar ambiciones que desbordan la razonabilidad de un pliego de 150 páginas con millonarias exigencias. Asuntos como la solicitud de la reducción de la jornada laboral de 45 a 39 horas para el personal administrativo, que pasa por alto lo dispuesto en la ley, o la entrega de camionetas 4×4 al sindicato y 12.500 millones de pesos para remodelar clubes sociales son temas que pueden verse como «menores», en pro de los trabajadores e inofensivos. Pero que buscan cambios en la caja de Ecopetrol. Los auxilios y beneficios son de cerca miles de millones de pesos anuales.
Es entonces preocupante que estas exigencias sumen cifras millonarias y que, además, desde la USO planteen la eliminación de la oficina de control interno disciplinario, con la finalidad de que las competencias y las investigaciones disciplinarias sean asumidas por la Procuraduría General de la Nación.
Incluso, el sindicato busca ser el único que pueda negociar con Ecopetrol. Al eliminar los acuerdos con trabajadores no sindicalizados, se crearía una especie de monopolio en donde solo una organización tendría el control de las decisiones laborales y la defensa de los intereses de los trabajadores.
Con lo anterior, la USO propone también una camisa de fuerza por medio de la imposición de la que sería una especie de rigidez laboral al exigir contratos indefinidos obligatorios y el bloqueo de servicios temporales o de tercerización en áreas clave. Todo esto mientras el mundo avanza hacia una transición energética, en donde Ecopetrol es vital para este asunto en el país. Plantean una estructura pesada e ineficiente en contravía de lo que la empresa necesita para sobrevivir y competir hoy.
La USO y su pliego omiten la enorme posibilidad del encarecimiento en cada contrato de obra y servicio. Es alarmante que propongan extender los beneficios de la convención colectiva a toda la red de contratistas y subcontratistas. Esperan que este tema se pierda de vista, pero es realmente una fachada de una mejora laboral, que busca replicar privilegios salariales en toda la cadena de valor con un concluyente encarecimiento.
El problema surge cuando un pliego deja de buscar el bienestar del trabajador para intentar secuestrar la empresa, poniéndola al servicio de un solo actor y sacrificando el interés de los millones de ciudadanos que dependen de la estabilidad de Ecopetrol. Por ello, las conclusiones en esta mesa de negociación no son un asunto privado entre petroleros, son una cuestión de Estado que afecta directamente el presupuesto nacional y la estabilidad económica de millones de colombianos.