La promesa de reparación integral para las comunidades víctimas del conflicto armado en Colombia se enfrenta a un panorama desolador. Un reciente estudio intersectorial de la Contraloría General de la República ha encendido las alarmas al revelar un rezago crítico: a pocos años de que expire la vigencia de la Ley de Víctimas, solo el 5% de los Sujetos de Reparación Colectiva (SRC) han culminado con éxito su proceso.
De acuerdo con el ente de control, de los 1.197 colectivos reconocidos en el Registro Único de Víctimas hasta agosto de 2025, apenas 60 han logrado implementar la totalidad de su Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC). Esta cifra no solo refleja una gestión insuficiente, sino que proyecta un futuro incierto para las 1.137 comunidades restantes que aún esperan justicia y restitución.
Panorama general: El análisis de la Contraloría es tajante: si la Unidad para las Víctimas (UARIV) y las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) mantienen el ritmo actual, el panorama para el año 2031, fecha en que finaliza la prórroga de la Ley 1448, será desalentador.
Las proyecciones indican que, para ese entonces, solo el 9,4% de los sujetos habría terminado sus procesos, dejando a más de 1.645 colectivos en el limbo. Esta situación, además de incumplir los compromisos del Acuerdo de Paz, supone un desafío financiero monumental: se estima que reparar a los sujetos pendientes requeriría una inversión cercana a los $9 billones de pesos.
Reparación de víctimas en vilo: Solo el 5% de colectivos han sido reparados
El estudio detalla que el tiempo promedio para cerrar un plan de reparación se acerca hoy a los 10 años, lo que duplica los plazos previstos en la normativa vigente. Este retraso no es solo una cuestión de trámites; la Contraloría advierte que constituye una violación al principio de eficacia y termina revictimizando a las comunidades al prolongar su estado de vulnerabilidad.
Entre los factores que explican este estancamiento, el órgano de control identificó:
Baja ejecución presupuestal: Entre 2018 y 2025, la UARIV solo ejecutó el 58% de los recursos asignados ($539,60 mil millones de $930,75 mil millones disponibles).
Ineficiencia en medidas materiales: Mientras que las acciones simbólicas y de memoria avanzan, las medidas de restitución, infraestructura y proyectos productivos presentan los niveles más bajos de cumplimiento (apenas un 16,19%).
Inestabilidad administrativa: La alta rotación y la contratación extemporánea del personal técnico impiden la continuidad de los procesos en los territorios.
El trabajo de campo realizado en regiones clave como Antioquia, Santander, Valle del Cauca y Bogotá permitió constatar el impacto humano de estas fallas administrativas. Las comunidades denotan un «doble sufrimiento»: cada vez que un profesional de ruta es removido o su contrato no es renovado, los procesos se interrumpen y los diagnósticos deben reiniciarse desde cero.
Además, el estudio resalta una preocupante asimetría: a la fecha, no existen resoluciones de asignación de recursos para sujetos de reparación no étnicos, lo que pone en duda la equidad y coherencia de la política pública.
Por qué es importante: Ante este escenario de «rezago estructural», la Contraloría General ha instado al Gobierno Nacional a adoptar medidas urgentes. El informe concluye que no basta con ajustes menores; el Estado requiere implementar estrategias disruptivas para la generación de nuevos recursos y fortalecer la coordinación entre las más de 50 entidades que intervienen en la ruta de reparación.
Sin una reforma profunda en la gestión operativa y una estabilidad real del talento humano, la reparación colectiva en Colombia corre el riesgo de convertirse en una promesa incumplida para miles de comunidades que, tras décadas de violencia, siguen esperando que el Estado llegue a sus territorios con soluciones definitivas.
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