El pasado martes 19 de mayo de 2026, las autoridades encontraron el cuerpo de Yulixa Toloza en la vereda ‘El Copial’, ubicada en el kilómetro 45 de la vía entre Apulo y Anapoima, en el departamento de Cundinamarca.
La mujer había desaparecido desde el pasado 13 de mayo, luego de asistir al centro estético ‘Beauty Láser’, ubicado en el sector de Venecia, al sur de Bogotá, donde se sometió a un procedimiento de lipólisis láser que, según las investigaciones, habría presentado complicaciones médicas pocas horas después de realizarse, se ha indagado posible trombosis, efectos del sedante, entre otras hipótesis.
De acuerdo con las autoridades, cámaras de seguridad y testimonios permitieron establecer que Yulixa fue sacada del establecimiento y fue trasladada en un vehículo que posteriormente habría sido movilizado hacia la ciudad de Cúcuta, en Norte de Santander, presuntamente para ocultar evidencias.
Durante varios días, unidades especializadas de la Sijín adelantaron operativos de búsqueda con apoyo de drones y labores de rastreo en zonas rurales de Cundinamarca, hasta localizar el cuerpo en una zona boscosa cercana a la carretera.
Adicionalmente, la Fiscalía General de la Nación confirmó el 19 de mayo la captura de cinco personas presuntamente vinculadas con el caso. Entre los detenidos figuran la propietaria del centro estético y Eduardo David Ramos, señalado de haber practicado el procedimiento médico. Tres de los implicados fueron capturados en Venezuela luego de haber cruzado la frontera por Cúcuta en un aparente intento de fuga.
Por su parte, Medicina Legal continúa realizando estudios forenses para determinar con precisión las causas de la muerte y la hora exacta del fallecimiento.
En este contexto, 360 Radio habló con Dalila Andrea Henao, abogada litigante, especialista en derecho penal, criminología y miembro de la Junta Directiva Nacional del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, para profundizar en el tema.
¿Qué consecuencias penales podrían enfrentar los implicados en el caso de Yulixa Toloza?
La abogada aseguró que, aunque el caso de Yulixa Toloza continúa en etapa de investigación y gran parte de la información conocida sigue siendo preliminar, existen indicios que permitirían analizar la posible comisión de varios delitos.
Según explicó Henao, una de las hipótesis más sólidas apunta a la existencia de una estructura organizada dedicada presuntamente a la realización ilegal de procedimientos médicos estéticos, lo que podría derivar en cargos por concierto para delinquir contra propietarios, trabajadores del establecimiento e incluso el supuesto falso cirujano involucrado en la intervención.
De acuerdo con la penalista, este delito, en su modalidad básica, podría superar los nueve años de prisión. La jurista también agregó que la muerte de Tolosa podría investigarse bajo la figura de homicidio con dolo eventual.
Esto significaría que quienes realizaban este tipo de procedimientos conocían los riesgos extremos que enfrentaban las pacientes, pero sin importarles continuaron operando sin las condiciones adecuadas, aceptando la posibilidad de un desenlace fatal. “Este delito puede alcanzar penas cercanas a los 37 años de prisión y podría imputarse tanto al cirujano, como a los dueños del establecimiento”, agregó la abogada.
La eventual responsabilidad penal dependerá de las pruebas forenses, testimonios y elementos materiales que logre recaudar la Fiscalía durante el avance de las investigaciones judiciales relacionadas con el caso.
¿Qué otros delitos podrían imputarse en el caso de Yulixa Toloza?
Henao sostuvo que el caso de Toloza podría tener implicaciones judiciales aún más graves si las autoridades logran demostrar que existieron acciones deliberadas para ocultar lo ocurrido después del procedimiento estético realizado en Bogotá.
Según explicó, las evidencias conocidas hasta el momento permiten contemplar la posibilidad de que algunas personas involucradas hubieran intentado impedir que se conociera el paradero de la víctima durante varios días, situación que podría derivar en el delito de desaparición forzada.
De acuerdo con Henao, este tipo de conducta tiene una de las sanciones más severas dentro de la legislación penal colombiana, con penas que podrían alcanzar hasta los 45 años de prisión dependiendo del grado de responsabilidad de los implicados y de las pruebas recolectadas por la Fiscalía.
Por otra parte, Henao expresó que las investigaciones podrían incluir otros delitos relacionados con violación de medidas sanitarias, especialmente si el establecimiento operaba sin las condiciones médicas exigidas por la ley.
Adicionalmente, indicó que las autoridades deberán establecer si existió manipulación, ocultamiento o destrucción de elementos materiales probatorios, ya que esto también podría representar nuevas responsabilidades penales para quienes habrían participado en los hechos investigados actualmente por los organismos judiciales competentes.
“Es clave advertir que la responsabilidad penal será individual: cada persona responderá según su grado de conocimiento y participación. Además, en Colombia las penas no se suman aritméticamente; su determinación depende de la dosificación punitiva que realice el juez en el caso concreto”, concluyó la experta.