El hecho: La Unión de Trabajadores Penitenciarios de Colombia (INPEC) rechazó varias propuestas de Abelardo de la Espriella relacionadas con la privatización y reorganización del sistema penitenciario.
¿Por qué es importante? El debate involucra el futuro de las cárceles colombianas, la estructura institucional del Estado y la situación laboral de miles de funcionarios públicos.
¿Cuál es el contexto? El candidato ha planteado reformas que incluyen cambios en la administración penitenciaria y una mayor participación de operadores privados en el sistema.
¿A quiénes afecta y cómo? A los trabajadores del Inpec y la Uspec, a las personas privadas de la libertad y a las entidades responsables de la política penitenciaria del país.
El dato que no se puede perder: El sindicato asegura que más de 20.000 servidores públicos podrían verse impactados por una eventual transformación de las entidades que actualmente administran el sistema penitenciario colombiano.
La propuesta del candidato presidencial Abelardo de la Espriella de transformar el modelo penitenciario colombiano abrió un nuevo frente de discusión. Esta vez, la respuesta llegó desde el interior del sistema carcelario, luego de que la Unión de Trabajadores Penitenciarios de Colombia (UTP) expresara públicamente su rechazo a varias de las iniciativas planteadas por el aspirante.
A través de un comunicado divulgado el 4 de junio, la organización sindical manifestó su preocupación por la posibilidad de liquidar el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), como parte de una eventual reforma orientada a dar mayor participación al sector privado en la gestión de los establecimientos de reclusión.
EL INPEC advirtió riesgos para el sistema penitenciario y para miles de trabajadores
Para el sindicato, una medida de este tipo tendría implicaciones tanto para la estructura institucional del Estado como para miles de funcionarios que actualmente desarrollan labores dentro del sistema penitenciario. La organización señaló que más de 20.000 servidores públicos podrían verse afectados por una eventual reconfiguración de las entidades encargadas de la administración carcelaria.
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la propuesta de permitir que operadores privados asuman funciones vinculadas a la gestión de los centros penitenciarios. La UTP considera que la administración de las cárceles y la custodia de las personas privadas de la libertad son responsabilidades que deben permanecer bajo control estatal debido a las obligaciones constitucionales y legales que involucran.
En el pronunciamiento, la organización sostuvo que el funcionamiento del sistema penitenciario requiere conocimientos técnicos, jurídicos y operativos específicos que han sido desarrollados por el personal especializado del sector durante años de experiencia. Según su postura, cualquier reforma debe partir del reconocimiento de esa realidad y de las complejidades propias de la actividad penitenciaria.
Otro de los aspectos que generó rechazo fue la propuesta de sustituir al actual cuerpo de custodia por personal pensionado proveniente de las Fuerzas Militares. El sindicato argumentó que las funciones desempeñadas por los guardianes penitenciarios responden a una misión distinta y requieren una preparación especializada para atender las dinámicas propias de los establecimientos carcelarios.
La discusión también se trasladó al terreno de los modelos internacionales. La UTP cuestionó la posibilidad de replicar experiencias implementadas en otros países sin considerar las particularidades del contexto colombiano. A juicio de la organización, cualquier transformación debe ajustarse a la normatividad nacional y a las decisiones judiciales que han definido las obligaciones del Estado frente a la población privada de la libertad.
En ese sentido, el sindicato recordó que la Corte Constitucional ha emitido múltiples pronunciamientos relacionados con la protección de los derechos fundamentales de las personas recluidas y con los problemas estructurales que enfrenta el sistema penitenciario colombiano.
Más allá de las diferencias sobre las propuestas, la organización también manifestó inconformidad con algunas expresiones utilizadas por el candidato durante sus intervenciones públicas. Según la UTP, el tono empleado para referirse al sistema penitenciario y a sus funcionarios genera preocupación entre los trabajadores por considerar que puede contribuir a procesos de estigmatización.
El sindicato afirmó que la discusión sobre seguridad y política criminal debe darse en un marco de respeto institucional y sin descalificaciones hacia quienes hacen parte del sector. Asimismo, destacó que los funcionarios penitenciarios han desempeñado su labor en condiciones complejas y, en muchos casos, enfrentando riesgos para su integridad.
La organización recordó que numerosos trabajadores del Inpec han sido víctimas de amenazas y ataques debido a las responsabilidades que ejercen dentro del sistema. Por ello, insistió en que cualquier debate sobre reformas penitenciarias debe reconocer el papel que cumplen estos servidores públicos en el funcionamiento del Estado.
Con este pronunciamiento, la propuesta de reformar el modelo penitenciario colombiano suma nuevas voces al debate. Mientras algunos sectores defienden la necesidad de cambios profundos para enfrentar la crisis carcelaria, los trabajadores del sistema piden que cualquier iniciativa tenga en cuenta la experiencia institucional acumulada y las garantías laborales de quienes actualmente prestan el servicio.
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