Cuando un gobierno termina su mandato con cifras fiscales en orden, la transición es un trámite. Cuando lo termina con las finanzas al borde del abismo, la transición es una crisis en cámara lenta. Colombia está en el segundo escenario, y conviene decirlo con claridad antes de que el ruido electoral lo tape. El deficit es alarmante.
Los números son contundentes. Según las proyecciones de Bancolombia y el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, el déficit del Gobierno Nacional Central cerrará 2026 entre el 6,5% y el 7% del PIB. La meta oficial era del 5,1%. La diferencia, casi dos puntos del PIB, equivale a decenas de billones de pesos que el gobierno no tiene y que alguien tendrá que conseguir: con más deuda, con más impuestos, o con menos gasto. No hay cuarta opción.
La deuda neta ya supera el 60% del PIB, frente al 54% con que inició el gobierno. La disponibilidad de caja cayó en abril a $10,2 billones, apenas el 0,58% del PIB, cuando el promedio histórico para ese mes ronda los $33 billones. Dicho en términos simples: el Estado colombiano está operando con la billetera casi vacía. Y lo está haciendo en año electoral, lo que significa que los ajustes necesarios se han pospuesto para no dañar la imagen del gobierno saliente y del candidato oficial.
Pero la crisis fiscal no surgió de un choque externo ni de una pandemia. Surgió de decisiones. El gobierno Petro apostó por el gasto social como motor del crecimiento sin garantizar el financiamiento sostenible de ese gasto. Reformas que no pasaron por el Congreso se intentaron sortear con decretos. Los ingresos proyectados no llegaron porque la actividad económica no respondió como se esperaba, en parte, porque la inversión privada alcanzó su nivel más bajo en veinte años. El resultado es un Estado que gastó más de lo que tenía y que ahora le pasa la cuenta al próximo gobierno y, en última instancia, a los colombianos.
Lo más preocupante no es el déficit en sí, las economías pueden manejar déficits transitorios. Lo más preocupante es que este déficit llega acompañado de crecimiento bajo, inversión en el piso, sectores productivos estancados y sin margen de maniobra para responder a un choque. Si la economía global se desacelera, si los precios del petróleo caen, si las tasas de interés internacionales suben, Colombia no tiene colchón. Está desnuda frente al viento.
El próximo presidente, Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda, recibirá un Estado con el espacio fiscal comprimido, la deuda alta y la confianza inversionista deteriorada. No podrá hacer lo que quiera: tendrá que estabilizar primero. Eso significa que las promesas de campaña, las de uno y las del otro, tendrán que pasar por el filtro de una realidad fiscal que no perdona. Los colombianos deberían exigir a ambos candidatos, en estos 17 días, una respuesta concreta: ¿cómo piensan ajustar sin hundir el gasto social? ¿Qué compromisos están dispuestos a renegociar? ¿Quién les va a decir la verdad? Esa es la conversación que Colombia necesita tener, y nadie la está teniendo.