¿Cuál es el contexto?: La tormenta judicial y política por las irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) alcanzó un nuevo e impactante capítulo. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia determinó aplicar una medida preventiva de restricción de la libertad a la parlamentaria Martha Peralta Epieyú. La determinación se ejecutó bajo la figura de detención provisional y transitoria, con el propósito específico de garantizar que comparezca ante las audiencias de indagatoria dirigidas por el despacho de la magistrada Cristina Lombana.
La decisión de asegurar la presencia física de la legisladora mediante la fuerza pública se originó ante una evaluación de riesgo de inasistencia a los estrados. Inicialmente, la congresista se trasladó bajo estrictas medidas de seguridad hacia su residencia, custodiada por uniformados de la Policía Nacional, para posteriormente ser reconducida el viernes por la mañana a las oficinas del alto tribunal y así reanudar el interrogatorio formal.
Detalles de la detención de la senadora Martha Peralta
El despacho instructor indaga la presunta autoría de la senadora en los delitos de tráfico de influencias y cohecho. Las líneas de investigación sugieren que Peralta Epieyú se habría interesado de manera indebida en el direccionamiento de contratos y la distribución de mercados en el departamento de La Guajira. Dentro de los elementos que reposan en el proceso judicial se destacan declaraciones del exdirector de la entidad, quien apuntó a solicitudes específicas para incluir a personas cercanas a su círculo en la estructura regional de la UNGRD con presuntos fines políticos.
El caso cobra especial relevancia dado el monto de las contrataciones bajo sospecha de manipulación, las cuales ascenderían a miles de millones de pesos destinados originalmente a la atención de emergencias. Ante el avance de la recolección de pruebas, la magistrada instructora consideró indispensable asegurar el sometimiento de la aforada a las etapas procesales.
Ante la contundencia de la restricción de movilidad, el equipo legal de la congresista reaccionó de inmediato interponiendo un recurso de hábeas corpus con el que buscan restablecer su libertad plena. Los defensores de la congresista sostienen que la medida adoptada por la Corte Suprema resulta desproporcionada y carente de sustento técnico. Argumentan que su representada ha asistido a los requerimientos previos y que no existe una intención real de evadir los canales regulares de la justicia colombiana.
Por su parte, al ingresar al complejo judicial custodiada por camionetas blindadas y una decena de policías, la propia legisladora del Pacto Histórico y del partido MAIS defendió su total inocencia ante los medios de comunicación y en sus plataformas digitales. Peralta aseguró que estas acciones judiciales corresponden a un ataque coordinado para restarle legitimidad a su labor.
«Todo esto ha sido una persecución política. Apenas vieron que yo estaba en campaña, activaron todo tipo de mentiras y conjeturas. Esto es porque pertenezco a un proyecto político», manifestó la senadora de cara al debate electoral de 2026.
El proceso contra la líder de la bancada de Gobierno se perfila como un caso definitivo en el marco del desfalco de la UNGRD. Mientras el juez asignado evalúa el recurso de hábeas corpus para decidir si la legisladora continúa las diligencias desde la libertad, la opinión pública permanece atenta a las implicaciones que este dictamen penal pueda provocar en el equilibrio de las fuerzas legislativas del Congreso de la República.
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