El Hecho: La Corte del King’s Bench de Canadá autorizó a Canacol Energy a terminar contratos de suministro de gas, generando alerta en Colombia.
¿Por qué es importante?: Pone en riesgo la seguridad energética nacional y la continuidad operativa de grandes industrias ante la falta de fuentes alternas.
¿Cuál es el contexto?: Canacol cubre el 35,8% del gas en el Caribe y el 7,5% nacional, pero enfrenta una insolvencia declarada en noviembre de 2025.
¿A quiénes afecta y cómo?: Impacta a sectores industriales y 2.000 empleos en empresas como Cerromatoso, que dependen de 110 GBTUD de gas para operar.
El dato que no se puede perder: El Gobierno colombiano evalúa aplicar la «excepción de orden público» para invalidar la medida y proteger el suministro a 36 millones de personas.
El sector energético colombiano atraviesa momentos de alta tensión tras la reciente decisión de la Corte del King’s Bench de Alberta, Canadá, que autorizó a la compañía Canacol Energy, el segundo mayor productor de gas natural del país, a terminar de manera anticipada y unilateral sus contratos de suministro y transporte. Aunque el fallo judicial busca dar salida a la crisis de insolvencia que enfrenta la empresa, la noticia ha desatado una ola de preocupación entre gremios, industriales y expertos, quienes advierten sobre el riesgo inminente para la seguridad energética nacional.
Panorama general: Es fundamental precisar que la decisión de la corte canadiense, emitida el pasado 24 de junio, no implica una terminación automática ni masiva de los contratos en Colombia. Según la normativa vigente, cualquier determinación extranjera que afecte el orden público o la prestación de servicios esenciales debe pasar por un proceso de validación ante la Superintendencia de Sociedades.
Como bien señala la ley colombiana, las autoridades nacionales tienen la facultad de aplicar la «excepción de orden público» para impedir medidas que resulten manifiestamente contrarias a la estabilidad y seguridad del país. «La ley colombiana prevalece frente a cualquier decisión extranjera», enfatizan desde Asoenergía y Naturgas, gremios que han hecho un llamado urgente al Gobierno para blindar el abastecimiento energético.
Seguridad energética en Colombia: El impacto del fallo contra Canacol Energy
Canacol, que llegó a representar el 44,1% de la producción de la Costa Caribe en su pico máximo, enfrenta hoy una realidad operativa muy distinta. La empresa, que se declaró en proceso de insolvencia bajo la ley canadiense (CCAA) en noviembre de 2025, ha visto cómo sus proyecciones de producción caen significativamente.
Actualmente, su operación es vital para siete departamentos de la Costa Caribe y diversos municipios de Norte de Santander, cubriendo cerca del 7,5% del abastecimiento nacional y un 35,8% del gas consumido en la región Caribe. No obstante, la realidad dista mucho de sus compromisos contractuales: mientras tiene obligaciones de entrega (take-or-pay) por 110 GBTUD, su producción real ha caído por debajo de las expectativas debido a pozos fallidos y baja inversión, complicando el suministro para sectores clave como el industrial y el comercial.
Uno de los puntos más críticos de esta coyuntura es el impacto directo sobre grandes consumidores industriales. El analista Amylkar Acosta advierte que un incumplimiento de los contratos no solo atenta contra la seguridad jurídica, sino que pone en peligro operaciones críticas.
El caso de Cerromatoso es ilustrativo: la empresa depende del gas de Canacol para mantener sus hornos en condiciones térmicas permanentes. Cualquier interrupción no solo pone en riesgo la integridad de sus equipos y más de 2.000 empleos directos, sino que desestabiliza las regalías y los ingresos por exportación de ferroníquel, afectando severamente la balanza comercial del país. Ante la incertidumbre, muchas industrias ya han optado por reducir sus consumos o migrar a combustibles líquidos, lo que representa un retroceso en los objetivos de transición energética.
Por qué es importante: El país se encuentra en una encrucijada donde el gas natural es un recurso cada vez más escaso. Con la regasificadora SPEC operando al límite de su capacidad para atender la demanda térmica que el sistema requiere ante la variabilidad hídrica, no existen fuentes alternativas inmediatas que puedan reemplazar el volumen de Canacol.
Mientras la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Servicios Públicos y la Agencia Nacional de Hidrocarburos revisan los pasos a seguir, los gremios insisten en que la terminación de obligaciones no debe ser la opción viable cuando la seguridad energética de más de 36 millones de colombianos está en juego. La prioridad, coinciden expertos y asociaciones, debe ser preservar la institucionalidad y las reglas de juego para garantizar que, a pesar de la crisis financiera de un actor privado, el gas siga llegando a hogares e industrias que dependen de él para mantener la competitividad y el empleo.