El Hecho: Tras la instalación del nuevo Congreso (2026-2030), se confirmó que un total de 161 proyectos de ley sobrevivieron al cambio de periodo legislativo y continuarán su trámite gracias a que cumplieron los requisitos procesales, según un reporte de la consultora Orza citado por La República.
¿Por qué es importante?: Evidencia el mecanismo jurídico que evita que todas las iniciativas queden sin vigencia, permitiendo retomar debates clave, aunque pone de relieve la congestión legislativa acumulada y el bajo porcentaje de leyes efectivamente sancionadas en los últimos años.
¿Cuál es el contexto?: Según explicó el abogado constitucionalista Andrés Úsuga basándose en el artículo 190 de la Ley 5 de 1992, las leyes ordinarias o estatutarias que superaron al menos su primer debate pueden continuar en la siguiente legislatura (con un límite de dos legislaturas), a diferencia de los actos legislativos que modifican la Constitución y deben reiniciarse.
¿A quiénes afecta y cómo?: Impacta la agenda de las distintas bancadas y del nuevo gobierno, que deberán gestionar el peso de estos textos heredados en comisiones clave mientras buscan destrabar sus propias prioridades políticas.
El dato que no se puede perder: El análisis histórico del cuatrienio muestra un fuerte desplome en la aprobación de leyes frente al volumen presentado: mientras en el periodo 2022-2023 se aprobaron 177 leyes (18,2%), en el ciclo 2025-2026 la cifra se desplomó a solo 11 leyes (1,4%), acumulando un masivo archivo de iniciativas.
La reciente instalación del Congreso el pasado 20 de julio dio apertura a una nueva legislatura, reavivando las discusiones en torno al destino de aquellas propuestas que quedaron inconclusas en el ciclo anterior. Pese a la creencia popular de que cualquier iniciativa sin aprobar fenece de inmediato ante la renovación de las curules, el ordenamiento jurídico colombiano establece mecanismos para que ciertos textos conserven su curso normativo.
Según lo divulgado por el diario La República (LR) a partir de un reporte de la consultora Orza, el cual procesó gacetas del Congreso y registros de la plataforma Sonar, un total de 161 proyectos sobrevivieron al cambio de periodo y continuarán su trámite de debate bajo la conformación del cuatrienio 2026-2030.
Panorama general: La vigencia de una propuesta normativa de un periodo a otro está sujeta al momento procesal alcanzado y a su categoría jurídica. Citado por el medio económico, el abogado constitucionalista Andrés Úsuga detalló que, a diferencia de las leyes ordinarias o estatutarias, los actos legislativos que modifican la Constitución no cuentan con esta prerrogativa, por lo que su trámite debe reiniciarse por completo al concluir el cuatrienio previo. Asimismo, el paso normativo exige que las iniciativas hayan superado por lo menos los dos primeros debates en su cámara de origen para poder surtir el tercero y cuarto en el Senado.
Este procedimiento encuentra respaldo en el artículo 190 de la Ley 5 de 1992, el cual estipula que los textos distintos a las leyes estatutarias que no culminaron su curso pero obtuvieron luz verde en su primer debate seguirán adelante en la siguiente legislatura en el estado en que se hallaren. Sin embargo, la norma fija un límite infranqueable: ninguna iniciativa puede ser considerada por más de dos legislaturas consecutivas.
¿Qué pasa con los proyectos no aprobados? Las reglas del Congreso para el cuatrienio 2026-2030

El análisis publicado detalla el balance de la actividad legislativa pasada, evidenciando una disminución sostenida en la capacidad de consolidación normativa frente a la masiva radicación de propuestas:
Periodo 2022-2023: Se presentaron 644 iniciativas, de las cuales 177 obtuvieron el estatus de ley (18,2 %) y 527 terminaron archivadas (81,8 %).
Periodo 2023-2024: El volumen se situó en 665 proyectos; 116 concluyeron aprobados (17,4 %) y 549 fueron archivados (82,6 %).
Periodo 2024-2025: Se radicaron 907 textos, registrando apenas 100 leyes aprobadas (11 %) frente a 807 archivos (89 %).
Periodo 2025-2026: De 795 propuestas presentadas, tan solo 11 salieron adelante (1,4 %) y 623 fueron archivadas (78,4 %), mientras que el remanente pasó a integrar la carga del nuevo Congreso.
Frente a este escenario, Orza indicó a la (LR) que el Congreso mantuvo un alto ímpetu de iniciativa pero sufrió una pérdida acelerada en su capacidad de cierre. Factores como la acumulación de textos, la incidencia del calendario electoral y la fragmentación de las mayorías propiciaron un archivo masivo y trasladaron un pesado volumen de trabajo al periodo 2026-2030.
Por qué es importante: El informe expuesto por el diario económico también examinó cómo se distribuyó la congestión legislativa de acuerdo con las funciones de las comisiones constitucionales.
En primer lugar, la Comisión Primera concentró los temas de mayor densidad institucional, al albergar actos legislativos, leyes estatutarias, asuntos de justicia, derechos fundamentales y la estructura del Estado. Por su parte, la Comisión Sexta desempeñó el rol de nodo técnico para la infraestructura, el transporte, el desarrollo vial, la educación, las comunicaciones y las TIC.
Asimismo, la Comisión Séptima se erigió como el epicentro de la confrontación política al encargarse de las complejas reformas sociales impulsadas por el Gobierno, tales como la salud, las pensiones y el sector laboral. Finalmente, la Comisión Quinta agrupó la mayor parte de la agenda vinculada al medio ambiente, la transición minero-energética y el sector agropecuario.
