MinHacienda radica en el Congreso el PGN reformulado por $634,9 billones para la vigencia

La cifra representa un incremento de $58 billones frente al borrador inicial dejado por la saliente administración de Gustavo Petro.

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El Ministerio de Hacienda despejó las dudas económicas de la temporada legislativa al radicar este jueves ante el Congreso el proyecto reformulado del Presupuesto General de la Nación (PGN), fijado en unos robustos $634,9 billones. La cifra representa un incremento drástico de $58 billones en comparación con el borrador inicial de $575,6 billones que había dejado sobre la mesa la administración saliente de Gustavo Petro, un texto que fue devuelto de manera tajante por las comisiones económicas del legislativo.

Panorama general: El ministro de la cartera, Miguel Gómez Martínez, asumió la responsabilidad de reajustar las cuentas públicas antes de que venciera su plazo legal. Según los argumentos del Gobierno, este salto financiero está plenamente justificado por la necesidad imperiosa de atender los daños causados por un terremoto reciente y por un déficit fiscal heredado que terminó siendo mucho más abultado de lo que los reportes iniciales indicaban.

Con el documento ya en manos del Capitolio, las reacciones políticas no se hicieron esperar. El senador Carlos Meisel manifestó en sus redes sociales que, aunque «me he comprometido hasta los tuétanos en ayudar a que el gobierno tenga éxito», admitió que «en situaciones como esta me siento un poco desubicado» y urgió «una reunión con el Ministro Miguel Gómez Martínez».

Por su parte, el representante Simón Molina indicó que el presupuesto anterior «no era un plan de país: era un disfraz», y que la nueva cartera busca «sincerar ingresos, reconocer el gasto que ya existe y reconstruir sin nueva carga tributaria de 1,5 puntos del PIB».

Presupuesto General de la Nación (PGN)2027: Gobierno aumenta la cifra a $634,9 billones

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Las reglas de juego institucionales son estrictas: si las bancadas no logran sancionar y expedir la ley de presupuesto antes del 20 de octubre, la norma estipula que entrará a regir por decreto la propuesta presentada por el Ministerio de Hacienda, incorporando únicamente los cambios avalados durante el primer debate.

Para entender la magnitud del reajuste actual, es necesario mirar los tropiezos que sepultaron la propuesta anterior del exministro Germán Ávila. Aquel documento calculaba un presupuesto equivalente al 27% del PIB ($575,6 billones), recortando en $21,4 billones las proyecciones iniciales hechas en abril. Sin embargo, el talón de Aquiles de esa iniciativa radicaba en un déficit de caja inocultable: mientras que los ingresos esperados sumaban $545,4 billones, los gastos propuestos dejaban un faltante descubierto de $30,2 billones.

Desde la perspectiva técnica, el economista Diego Montañez Herrera detalló mediante un análisis comparativo que el «nuevo PGN 2027 cambia frente al proyecto anterior», destacando que «el presupuesto total sube de $575,7 a $635,0 billones», «el servicio de la deuda sube $37,4 billones» y «la inversión cae $3 billones».

Sobre las implicaciones de estas cifras, el economista Aldumar Forero Orjuela advirtió que «el congreso tiene, pues, su calendario, tendrá que pasar por las comisiones económicas, tanto de cámara como de senado», y puntualizó que habrá que estar pendientes de si los senadores «aceptan un presupuesto tan alto, si exigen al gobierno que rectifique sobre ello o que expliquen que se va a gastar ese dinero».

Forero también señaló que, aunque el gobierno justificará el gasto por el pago de deudas y las ayudas a las familias afectadas por el terremoto, hablando de «subsidios» y «construcción de vivienda», «alguien tiene que pagar esa cuenta, y ese alguien… tendrá que ser a través de nuevos impuestos y a través de deuda. No veo otras opciones».

Asimismo, el experto recalcó que un presupuesto superior a los 600 billones de pesos «no es técnicamente viable ni sostenible para las finanzas de la nación bajo ninguna circunstancia», ya que «los ingresos del estado son menores a los gastos, luego persiste el déficit fiscal», lo que contradice las propuestas de austeridad y reducción del gasto público.

Por qué es importante: En cuanto a la distribución de esos recursos, el borrador rechazado destinaba $367,6 billones a funcionamiento (con un 75,4% comprometido en transferencias), $118 billones para cumplir con el servicio de la deuda y $90 billones para la inversión pública.

El descontento en el Congreso también respondía a los profundos tijeretazos que el anterior gobierno aplicó a sectores estratégicos frente al anteproyecto de abril. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), por ejemplo, sufrió una reducción dramática al pasar de $26,2 billones a apenas $9,8 billones. A esto se sumaron recortes por $10 billones en Educación, $5,5 billones en Trabajo, $5,2 billones en Minas y Energía, y $2 billones en Salud. Estos ajustes, que sumaron $37 billones en recortes sectoriales, terminaron por sepultar el consenso político que Gómez Martínez ahora intenta recomponer con este nuevo y elevado presupuesto.

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