La Corte pidió al Gobierno nacional de Abelardo de la Espriella justificar el decreto de estado de emergencia, el cual ha gastado cerca de $30 billones en atención de los efectos causados por el terremoto. Este último dejó cerca de 406.113 personas afectadas, de acuerdo con el último reporte de la UNGRD.
Juan Carlos Cortés, magistrado de la Corte, ordenó un estudio sobre las pruebas que dan cuenta de la obligación que tuvo el Gobierno para decretar el estado de emergencia. Además, la investigación busca determinar con exactitud el número de departamentos, municipios y regiones afectadas por el movimiento telúrico.
Cortés fundamenta en el estudio con la pregunta de por qué los recursos del Estado no fueron suficientes para atender la crisis humanitaria tras el terremoto, por lo cual, el Gobierno De La Espriella deberá sustentar con datos el dinero gastado en la emergencia.
Adicionalmente, las explicaciones del Gobierno deberán justificar porqué departamentos como Bolívar, Sucre y Nariño aparecen en los lugares más afectados, a pesar de no ser incluidos en la declaración de desastre natural. También se deberá especificar los efectos en departamentos como Antioquia, Cundinamarca, Tolima, Putumayo, Norte de Santander.
La Corte solicitó a la Presidencia, MinHacienda y la DIAN entregar los datos específicos de los gastos de lso 30 billones de pesos empleados para la emergencia. Aunado a eso, también deberán entregar el impacto para la economía del estado que tuvo la emergencia climática.
Otro ente que también deberá entregar informes relacionados es la Contraloría, la cual tendrá que determinar el dinero disponible del Estado para atender la situación, además de la UNGRD, la cual deberá determinar lo mismo que el Ministerio Público.
Los gobernadores de los 15 departamentos afectados deberán presentar un plan que determine cuánto dinero se requiere para enfrentar la crisis humanitaria en aspectos como la infraestructura, educación, cultura, etc.
Lea también: MinHacienda radica en el Congreso el PGN reformulado por $634,9 billones para la vigencia