En un movimiento que reconfigura el ajedrez regulatorio del sector, el Gobierno nacional dio un golpe de timón este fin de semana al anunciar la derogación de diez resoluciones que, lejos de ordenar el territorio, habían terminado por asfixiar la operación de los distritos mineros especiales. La noticia, revelada por la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, sacudió el panorama del Congreso Nacional de Minería y fue interpretada por los gremios como una señal de distensión y apertura institucional.
Ante un auditorio expectante, la jefe de la cartera energética explicó que estas normativas respondían a un diseño defectuoso que, en la práctica, neutralizaba la actividad en lugar de encauzarla. “Cuando conocí el concepto de distritos mineros me pregunté cómo era posible que se crearan para ordenar el territorio y acompañar a las regiones, pero terminaran sustituyendo la minería. Fueron mal diseñados y ahora damos un paso para corregirlo”, sentenció la funcionaria.
Aclaró, no obstante, que la medida se implementará sin vulnerar derechos adquiridos, y que su objetivo primordial es despejar el camino para que la exploración y la formalización de los pequeños productores fluyan bajo un manto de seguridad jurídica y reglas estables.
#EnVivo | La ministra de Minas, María Nohemí Arboleda, destaca la formalización de trabajo minero y la educación de la mano de desarrollo minero y ambiental@acmineriacol
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Gobierno nacional deroga diez resoluciones que asvihiaban los distritos mineros en Colombia
Más allá de la simplificación normativa, el discurso de Arboleda calibró el compás hacia la soberanía energética, un concepto que el Ejecutivo califica como innegociable. “Queremos avanzar en esa soberanía, que no tengamos que seguir preocupándonos por depender de otros. Llevamos años en este camino y no podemos perder la senda que hemos trazado”, aseveró con firmeza.
Sin embargo, la hoja de ruta oficial reconoce que el gran talón de Aquiles de la actividad extractiva sigue siendo la minería ilegal. Para Arboleda, el abordaje de este flagelo trasciende el plano administrativo para convertirse en una confrontación frontal contra economías criminales. “Es Estado contra el crimen, porque detrás de esa minería ilegal hay grupos armados que se financian y comunidades que sufren las consecuencias. Tenemos que trabajar en ello con decisión”, advirtió.
Para enfrentar este desafío, la estrategia gubernamental contempla una articulación interinstitucional con carteras clave como Ambiente, Agricultura y Defensa. El propósito es asegurar que la inversión formal prospere bajo rigurosos estándares socioambientales, mientras se persigue el lucro de las estructuras al margen de la ley. En esa línea, la ministra recalcó que todo el ciclo minero, desde la fase inicial de prospección hasta el cierre definitivo de las minas, debe conducirse con estándares de estricta responsabilidad: “No se trata de discursos, sino de acciones que demuestren que el territorio puede quedar mejor de lo que lo encontramos”.
Por qué es importante: En un sector históricamente marcado por tensiones y desencuentros con el Estado, Arboleda extendió una invitación directa a la cooperación gremial y empresarial. Consciente de que los cambios normativos requieren de un tejido de confianza, enfatizó que la consolidación de un país minero no se logra por decreto ministerial.
“Un país minero no se decreta desde un ministerio, se construye con ustedes. Solos no podemos hacer nada, tenemos que trabajar juntos para llegar más rápido y de mejor manera a donde queremos”, expresó la ministra, quien reiteró que las puertas del despacho ministerial permanecen abiertas para tramitar inquietudes y edificar soluciones compartidas. “Somos servidores públicos y estamos para ayudar”, apostilló.
Este paquete de ajustes regulatorios aterriza en un momento bisagra para la economía nacional, inmersa de lleno en una transición energética que exige diversificar la matriz productiva y poner el foco en minerales determinantes para el futuro global, como el cobre y el níquel.
Con este panorama, el ministerio busca conciliar la urgencia de dinamizar la inversión y generar empleo formal con una protección ambiental rigurosa. La promesa de la administración es clara: traducir la riqueza del subsuelo en estabilidad económica y confianza territorial, bajo un esquema donde las reglas del juego dejen de ser un obstáculo para convertirse en el cimiento del desarrollo sostenible.
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