Una propuesta del senador del Centro Democrático Rafael Nieto busca modificar el trámite de las decisiones adoptadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) cuando involucren a integrantes de la Fuerza Pública, mediante un proyecto de acto legislativo que plantea que las sentencias sean sometidas automáticamente a revisión por parte de la Justicia Penal Militar.
La iniciativa fue explicada por el congresista durante una entrevista con Mañanas Blu, donde sostuvo que el propósito es incorporar una instancia especializada que evalúe las decisiones relacionadas con militares y policías, particularmente desde las reglas del derecho internacional humanitario (DIH) y el derecho operacional.
De acuerdo con Nieto, el planteamiento parte de su cuestionamiento a la forma en que la JEP analiza las actuaciones de los uniformados, pues considera que quienes ejercen esa función judicial deben tener conocimientos específicos sobre las normas que regulan las operaciones militares.
Justicia Penal Militar: La propuesta de revisión para las decisiones de la JEP
El senador afirmó que la revisión no tendría como propósito aumentar las sanciones impuestas por la jurisdicción transicional, sino establecer un límite para proteger a los integrantes de la Fuerza Pública frente a decisiones que, en su opinión, no hayan aplicado correctamente el DIH o el derecho operacional.
En ese sentido, explicó que el proyecto contempla que la Justicia Penal Militar no pueda hacer más gravosa la situación jurídica definida previamente por la JEP, por lo que una eventual modificación solo podría beneficiar al uniformado cuando se determine que las normas aplicables a la operación militar fueron desconocidas o interpretadas de manera incorrecta.
Uno de los cuestionamientos planteados durante la entrevista estuvo relacionado con los antecedentes de señalamientos de impunidad alrededor de la Justicia Penal Militar. Ante esa posibilidad, Nieto defendió su propuesta y sostuvo que la revisión planteada tendría un alcance específico, limitado a verificar las decisiones desde el conocimiento especializado de la actividad militar.
El congresista también cuestionó la legitimidad de origen de la JEP y su proceso de conformación, además de expresar reparos frente al nivel de conocimiento en DIH y derecho operacional de sus magistrados. Reconoció, sin embargo, que existen excepciones y mencionó al magistrado Camilo Suárez como uno de los integrantes que, a su juicio, cuenta con formación en estas materias.
Nieto también manifestó reparos frente a las sanciones propias de la JEP, al considerar que no son proporcionales y que pueden dejar en la impunidad conductas que, según su interpretación, corresponden a crímenes de guerra y de lesa humanidad.
La propuesta todavía tendría que avanzar por el trámite correspondiente en el Congreso para convertirse en una reforma constitucional. De aprobarse, implicaría modificar el esquema actual de revisión de las decisiones de la JEP relacionadas con miembros de la Fuerza Pública, un asunto que abre un debate sobre las competencias de las distintas jurisdicciones, las garantías para los uniformados y el alcance de la justicia transicional.
