El panorama judicial para el exsenador antioqueño Juan Diego Gómez y su hermano, David Orlando Gómez, acaba de dar un paso crucial. El proceso penal que enfrentan por una supuesta estafa inmobiliaria entró formalmente en su recta decisiva de cara al juicio oral, el cual quedó fijado por el Juzgado Veinticinco Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín para los días 1, 2 y 3 de marzo de 2027.
El expediente judicial detalla que el caso gira en torno a un negocio fallido por la compraventa de dos predios situados en el municipio de Sabaneta, una transacción pactada en 2021 por un valor superior a los 1.700 millones de pesos.
Exsenador Juan Diego Gómez enfrentará juicio oral por presunta estafa inmobiliaria
Detrás de la acusación se encuentran los empresarios Alejandro y Jorge Mario Ramírez Osorio. Según su versión ante la justicia, los demandantes entregaron cuantiosas sumas de dinero, además de vehículos, propiedades y otros activos, como parte del cumplimiento de los acuerdos comerciales destinados a hacerse con los inmuebles. Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación advierte que la respectiva escrituración y traspaso legal jamás se materializaron en los términos convenidos.
Bajo la lupa del ente investigador, la conducta de los hermanos encajaría en el delito de estafa agravada, fundamentándose en que los terrenos ofrecidos en la negociación supuestamente no eran de su propiedad, sino de un tercero.
Alejandro Ramírez relató en su momento que las tratativas iniciales se mantuvieron de manera directa con el exlegislador, quien habría pedido usar a su hermano como puente en la operación. “Las reuniones que yo celebraba siempre eran todas con Juan Diego Gómez. Lo que pasa es que él me decía que para no perjudicar la investidura que él tenía en su momento […] no se quería ver como en temas de plata”, explicó el empresario aludiendo a la confianza que motivó el trato.
Por qué es importante: Frente a estos señalamientos, el exsenador ha rechazado de manera tajante cualquier responsabilidad y ha puesto en tela de juicio tanto la acusación como la legitimidad del ente persecutor para investigarlo.
En intervenciones previas frente al caso, el exparaguero aseveró: “No he hecho negocio alguno con el señor Ramírez. Me extraña profundamente esta situación. Lo segundo, es que para la época del presunto negocio, yo era Congresista de la República, razón por la cual, la competencia le correspondería a la Corte Suprema de Justicia y no a la Fiscalía General de la Nación”.
Con el calendario fijado para el primer trimestre de 2027, el estrado judicial se alista para desentrañar las pruebas y testimonios que pondrán sobre la mesa tanto la acusación como la defensa, en un debate que promete dilucidar las responsabilidades detrás de este millonario negocio en el sur del área metropolitana.
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