Colombia necesita responsabilidad fiscal, pero no podemos permitir que el costo de los problemas financieros del Estado termine recayendo sobre los campesinos, la clase media y los pequeños comerciantes.
La llamada Ley de Rescate Económico del Gobierno merece un debate profundo. No basta con hablar de recaudo y ajustes fiscales; debemos preguntarnos qué consecuencias tendrán estas medidas sobre la vida cotidiana de millones de colombianos.
Nuestros campesinos necesitan incentivos para producir, no mayores costos que pongan en riesgo su actividad. La clase media, que trabaja, paga impuestos y sostiene buena parte de la economía, no puede seguir soportando nuevas presiones sobre sus ingresos. Y las tiendas de barrio, que representan el sustento de miles de familias, necesitan oportunidades para crecer, no obstáculos que comprometan su estabilidad.
El Gobierno debe entender que la responsabilidad fiscal también comienza por administrar mejor los recursos públicos, combatir el despilfarro, eliminar gastos innecesarios y garantizar que cada peso de los colombianos se invierta correctamente.
Desde el Congreso tenemos la responsabilidad de revisar esta iniciativa con rigor y defender a quienes generan empleo, producen alimentos y sostienen la economía de nuestros municipios.
Colombia necesita un rescate económico, sí, pero no a costa del campesino, del trabajador ni del pequeño comerciante. El país necesita soluciones que generen progreso, no nuevas cargas para quienes todos los días hacen grande a Colombia.
Por: Óscar Sánchez León – @OscarSanchez10_
Del mismo autor: La vivienda como motor de desarrollo para todas las regiones