Ningún país serio deja su energía al azar. Los que han logrado soberanía energética la construyeron durante décadas, con decisiones que sobrevivieron a varios gobiernos: exploraron petróleo y gas sin pausa, firmaron contratos de largo plazo, desarrollaron nuevas fuentes de generación y protegieron las reglas que atraen inversión. Por eso el anuncio de Ecopetrol, que negocia con PDVSA un contrato de compra de gas a diez años, no puede leerse como si hubiera caído del cielo. Es la consecuencia de una historia larga, y conviene contarla completa.
Un país que se reinicia cada cuatro años
Colombia tiene un problema que va más allá del gas: no planea a largo plazo. Cada cuatro años el país parece reiniciarse, y las políticas energéticas cambian de un lado para el otro según quien llegue a la Casa de Nariño. En un negocio donde un pozo puede tardar diez años entre la exploración y la primera producción, esa improvisación se paga caro.
Entre 2018 y 2022 se avanzó poco en lo esencial: encontrar nuevas fuentes de gas y de petróleo. Hubo rondas y anuncios, pero el Gobierno de entonces les tuvo miedo a los conflictos con las comunidades que se atravesaban en los proyectos y no defendió con suficiente decisión, ante el Consejo de Estado, los pilotos de yacimientos no convencionales que el país necesitaba probar. En general, no se tomaron las decisiones que garantizaran mayor capacidad para el Estado colombiano.
Luego llegó el gobierno de Gustavo Petro y detuvo lo poco que estaba andando. Los pilotos de fracking quedaron en el congelador, pero el mayor daño fue otro: la decisión de no firmar nuevos contratos de exploración. Un país nunca puede dejar de explorar. Las reservas no se reponen solas, y el resultado está a la vista.
Según la Agencia Nacional de Hidrocarburos, las reservas probadas de gas cayeron 16,8 % en 2025, hasta 1.717 gigapiés cúbicos, lo que alcanza para apenas 5,9 años. En agosto, la producción fue de 717 millones de pies cúbicos diarios, 10,3 % menos que un año antes.
Si se suma el final del segundo gobierno de Juan Manuel Santos, Colombia encadenó casi una década, en dos periodos y medio de gobierno, en la que los avances energéticos no fueron efectivos, a pesar de la prensa favorable que cada anuncio recibió al principio. Hoy la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, advierte que es muy probable un “déficit importante” de gas a partir de febrero de 2027. No es una sorpresa: es una cosecha.
Cien días no reparan diez años
Llega ahora un gobierno comprometido con que los colombianos tengan gas, petróleo y energía. Pero el presidente Abelardo de la Espriella lleva apenas cien días en el cargo, y este negocio no se resuelve solo con voluntad política. Son procesos de largo aliento: licencias, estudios, infraestructura, contratos. Lo urgente es solucionar, y esa ha sido la directriz tanto del presidente de la República como del presidente de Ecopetrol, Joaquín Gutiérrez: encontrar soluciones reales y efectivas para lo que está viviendo el país.
En esa lógica se entiende la negociación con Venezuela, Ecopetrol busca un contrato a diez años y pedirá operar los 88 kilómetros del gasoducto Antonio Ricaurte que están en territorio colombiano, un tubo de 225 kilómetros que une La Guajira con la cuenca del lago de Maracaibo y que lleva más de una década apagado. Según la empresa, la primera fase traería unos 50 millones de pies cúbicos diarios, cerca del 5 % del consumo nacional, a un precio muy inferior al del mercado actual. El ducto tiene capacidad para mucho más.
Venezuela con la garantía de Estados Unidos
Hacer negocios con Venezuela hoy, con la garantía de Estados Unidos, es muy distinto a lo que intentó el gobierno de Gustavo Petro cuando negociaba directamente con el régimen chavista, un régimen corrupto y mal pagador, como bien lo saben los exportadores colombianos que se quedaron esperando sus pagos durante años. Ahora el escenario cambió. Estados Unidos supervisa hoy la industria petrolera y energética venezolana mediante licencias y controles sobre sus ventas e ingresos, y la operación de Ecopetrol depende de una licencia de la OFAC, la oficina del Tesoro estadounidense que administra las sanciones, que la compañía ya solicitó. Gutiérrez ha dicho que Ecopetrol no actuará por fuera de ese marco legal.
Esa es la diferencia entre un negocio político y un negocio con reglas. Por eso Ecopetrol hace bien al negociar con Venezuela y con PDVSA para traer millones de pies cúbicos de gas diarios al país. En 360 Radio apoyamos esa negociación y esperamos que llegue a buen puerto.
Además, una razón práctica que muchos olvidan: Colombia ya importa gas, y lo hace a precios altos. El gas natural licuado que llega en barco se encareció más de 196 % entre octubre de 2025 y octubre de 2026, al punto de que Ecopetrol abandonó sus procesos de compra. La discusión, entonces, no es si importamos o no. Es cómo importamos más gas a menor precio. Y eso importa sobre todo en las zonas más golpeadas por las tarifas, como la región Caribe, donde las familias y los comerciantes llevan años pagando facturas que no dan tregua.
Un puente mientras se construye el camino
El gas venezolano es un buen puente de emergencia, pero no debe confundirse con la solución definitiva. Mientras ese gas llega, Colombia tiene que empezar a resolver a largo plazo un problema que también se cosechó a largo plazo. Por eso es una buena noticia que Ecopetrol haya anunciado la reactivación de la exploración de no convencionales en la formación La Luna, en el Magdalena Medio, que la compañía compara con Vaca Muerta. También deben entrar a tiempo las regasificadoras del Pacífico y de Cartagena.
La tarea ahora es que estas decisiones sobrevivan al próximo cambio de gobierno. Un país que vuelve a empezar cada cuatro años termina comprándole a otros lo que tenía bajo sus pies.
