Por: Sofía Gaviria
Pasada la aprobación de la Ley estatutaria de la JEP y de su Ley de procedimiento, es importante, antes que nada, recordar que se trata de un tribunal definido y elegido por las Farc, para juzgar a ese grupo terrorista y para asegurar su impunidad y la inviolabilidad de esa impunidad en el ámbito internacional. Y ha querido venderse como la columna vertebral de los acuerdos de La Habana, porque esta impunidad le interesa particularmente al Secretariado de las Farc, responsable de crímenes de lesa humanidad y, por ende, posible objeto de persecución, si la Corte Penal Internacional demuestra que sirve para algo.
Teniendo en cuenta esto, el Centro Democrático no votó los primeros debates de la JEP, pero, en un ejercicio de pragmatismo político, la aprobó en el último debate, con unas correcciones considerables que, básicamente, son la definición de su no injerencia en extradiciones (para que este tribunal no sea obstáculo –como lo iba a ser- para extradiciones bien ganadas, como la de Santrich) y la garantía de que, efectivamente, este no sea un tribunal ideologizado para acabar de arrodillar a la cúpula militar.
Como coloquialmente se dice, “del ahogado, el sombrero”, debemos decir que es un hecho positivo que, por fin, los magistrados, aunque ideologizados, están empezando a funcionar y a justificar, en lo poco que es posible, las amplias prebendas que vienen disfrutando y que le van a costar al país cerca de 200.000 millones de pesos (sin que emitan sentencia alguna antes de dos años). Pero, de fuente fidedigna, me han llegado unos correos internos de varios magistrados de ese tribunal que deben preocuparnos a todos.
Desde octubre del año pasado, la presidenta de la JEP, Patricia Linares, conformó un grupo de magistrados, que se autodenominó “Comité Estratégico”, conformado por Patricia Linares, Danilo Rojas, Catalina Díaz, Ana Caterina Heyck, Rodolfo Arango, Iván González, Alejandro Ramelli, Eduardo Cifuentes y Yesid Reyes (aunque este último se retiró después).
Varios de estos magistrados, para entonces designados pero aún no posesionados, se enviaron entre sí unos mensajes de los que queda claro que, en vez de trabajar para lo que han sido nombrados, se han dedicado a buscar consolidar su poder y su autonomía, ya desenfrenada.
Los magistrados han negado con cinismo haber buscado intrigar o hacer lobby, pero estos correos los delatan. Vale la pena referirse a algunos de estos, los más impactantes (ya anunciados en algunos medios de comunicación):
– El 24 de octubre de 2017, Iván González les dice a los demás integrantes del Comité Estratégico: “propongo que la Secretaría Ejecutiva no integre el órgano de gobierno sino que cumpla la función de secretaría técnica, con lo cual habría que modificar muchas de las funciones que se le entregan en el proyecto al Secretario Ejecutivo”.
– El mismo día, Danilo Rojas escribió estar “de acuerdo con sacar al secretario de la Sala de Gobierno”.
– Al día siguiente, Rojas vuelve a escribir: “Me parece clave que el secretario ejecutivo lleve la Secretaría Técnica de la Sala de Gobierno provisional que allí se propone; y no que haga parte de la misma, como está en el texto original”. Agrega algunas preocupaciones que tiene sobre “la estructura burocrática de la JEP”; luego anota que “nuestro deseo es poder incidir eficazmente en esa estructura”; y concluye: “mucha suerte en la prudente gestión que haya que hacer para intentar incidir en lo que queremos”.
– El 25 de octubre, Catalina Díaz asegura que: “para guardar máxima prudencia”, envió un documento de propuestas de reformas a la JEP “sin dar ningún dato de donde provienen”.
Pero más escandaloso aún es que, el 20 de noviembre siguiente, Alejandro Ramelli les remitió desde la Corte Constitucional el “extracto que el Dr. Rojas (donde trabajaba Ramelli) le entregó al magistrado Guerrero” (ponente del fallo sobre el Acto Legislativo referente a la JEP). El comunicado de la Corte sobre el fallo coincide con este extracto. Hay que recordar que la hermana de Patricia Linares, Adriana Linares, es la secretaria privada del magistrado Alberto Rojas.
Esto, más que un tribunal, parece una reunión de la “cosa nostra”, un “comité” formado para incidir en las normas que iban a desarrollar la JEP, con el fin de apoderarse de esa jurisdicción, concentrar las funciones, hacerse a la burocracia y excluir al Secretario Ejecutivo.
Es absolutamente inaceptable este manejo mafioso de la JEP. Sin duda, el gobierno que viene, sin complejos, con la autoridad que le confiere no solamente la democracia, sino la defensa de la justicia, deberá hacer muchísimas correcciones a la administración de esta justicia y regular debidamente a quienes pretenden ser los dueños de la Jurisdicción Especial para la Paz. Como decía Ortega y Gasset: “El mando debe ser un anexo de la ejemplaridad”.