Mucho se ha esperado, con excusas que ya carecían de suficientes argumentos, iniciar procesos de privatización o venta de bienes en los que el Estado tiene participación parcial o total. Ahora en medio de la coyuntura, si bien existen momentos en los que es difícil vender, el Gobierno colombiano no puede aplazar más estas decisiones.
Por: Andrés Felipe Gaviria
El Estado colombiano por lo general, aunque ha tenido un comportamiento responsable en el manejo de las finanzas, ha visto como año tras año los huecos crecen. Es solo reconocer lo que pasa en el sistema pensional con las pensiones millonarias pagadas gracias al generoso Estado. Ni hablar de la cantidad de direcciones, gerencias, altas consejerías, asistencias, ministerios y otra clase de burocracia que se ha creado en los últimos gobiernos.
Nada más conocíamos la semana pasada creación de puestos en entidades del Estado en medio de la pandemia, algo que se pensaba increíble y no se esperaba, pero pasa, es una realidad.
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También es realidad la bomba que nos soltó el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, que poco habla con los medios, pero es una noticia que muchos esperábamos que confirmara, y era la necesidad de una reforma tributaria que tendría que llegar a generar más de 20 billones de pesos, y que se haría cuando pase la pandemia.
Ese estimado de privatizaciones es para recaudar 12 billones de pesos. Lo cierto es que, algunas de las preguntas que quedan en el aire son: ¿a qué empresas el Gobierno le subirá los impuestos? Si muchas están cerrando y ¿a qué tantas personas les subirán los impuestos? si muchas están perdiendo el empleo. Este Gobierno será incapaz – me anticipo a confirmarlo – de ampliar la base gravable, porque prefiere seguir en una tónica socialista exprimiendo a los pocos colombianos que tienen unas propiedades, que ni siquiera son millonarios porque en Colombia realmente los millonarios no son más de 25 personas, y que continúan dominando los pocos patrimonios que se forman en el país y ahuyentando a las familias a otros países, para que se radiquen allí como lo han hecho centenares de personas que se han visto obligados a renunciar a la nacionalidad colombiana por considerar que son cargas confiscatorias las del Estado colombiano.
Lo más responsable y lo correcto sería que el Gobierno dejara de crear tantos cargos innecesarios, que recortara los ya existentes, ministerios rimbombantes como el de Cultura, Ambiente y Deporte, y una cantidad de oficinas con duplicidad de funciones. Así lo prometió el presidente en campaña, pero no ha hecho absolutamente nada de eso.
Es importante vender algunas de las empresas gigantescas que tiene el Estado, donde casi siempre pierde y nunca toma acciones porque están cómodos y se empiezan a mezclar con los privados y hacen buenas ligas. Les gusta los cocteles internacionales y las remuneraciones en las juntas directivas, de manera que prefieren que esas posiciones se mantengan vigentes, así sea el Estado el que pierda, ya que están tranquilos porque es erario y a nadie le importa, solo a los que pagan impuestos y no son funcionarios públicos.
Mucho se ha hablado desde la academia y desde otras instancias sobre la posibilidad de que el Estado comience con una reducción de gastos. No se puede dedicar a crear una cantidad de programas asistenciales que con subsidios quieren mantener a poblaciones que toda la vida han estado subsidiadas. Se podría empezar por la eliminación de entidades como la Contaduría o la Auditoría Nacional, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, la Agencia Inmobiliaria, Agencia para la Reintegración – esta última tiene cuatro entidades dedicadas exactamente a lo mismo – las Superintendencias que manejan cuentas sumamente extrañas, sobre todo, la Superintendencia de Notariado y Registro. Nadie sabe a dónde va el dinero de las Cámaras de Comercio o las notarías, estas últimas son billonarias y nadie se da cuenta hacia dónde se dirigen los recursos, o algunos saben, pero no lo quisieran contar.
Además, tenemos la Unidad Administrativa de Organizaciones Solidarias, Unidad Administrativa de la Junta Central de Contadores, la Superintendencia de Economía Solidaria, Departamento Administrativo de la Función Pública, la Agencia Nacional para la Contratación Pública, Unidad de Planteamiento e Infraestructura de Transporte, los presupuestos de los ministerios son desbordados, el de la Procuraduría y la Contraloría son un exabrupto, para que terminen con edificios lujosos en la calle 26 de Bogotá.
No creo que las acciones que tiene el Estado en Ecopetrol o ISA se deban vender, lo que considero es que hay demasiados gastos, mucha burocracia innecesaria, participaciones en empresas que en absoluto le aportan al país, por ejemplo, revisar las sociedades que se tienen con Telefónica de España, algo bastante cuestionado hace años. Poner a consideración otro tipo de ventas que pueden hacer, pero vender las acciones en estas dos compañías sería un error garrafal.
Es hora de que el Gobierno considere vender Indumil o Cotecmar, y convertirse en algo más pequeño, eficiente, organizado y no un despeñadero de entrega de subsidios aumentando el gasto público sin ningún sentido.