Esta semana se aprobó en segundo debate el proyecto de Ley de Delitos Ambientales, con el que se busca establecer nueve nuevos delitos ambientales que serían penalizados.
Por: Redacción 360 Radio
Con este proyecto de ley, de la autoría del representante a la Cámara, Juan Carlos Lozada, se busca actualizar el apartado del Código Penal en donde se encuentran estipulados los delitos ambientales.
Así, se incluirían nueve delitos nuevos: aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, el tráfico de fauna, la deforestación, el aprovechamiento ilícito de minerales, tenencia o transporte de mercurio, la minería ilegal, la financiación de invasión a áreas de especial importancia ecológica, la apropiación ilegal de los baldíos de la Nación y el ecocidio.
Además, se modificarían los verbos, se incrementarían las multas a pagar y se reforzarían las sanciones para quienes dañan el medio ambiente y también para las compañías o terceros que promueven las afectaciones medioambientales.
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Todo esto con el objetivo de actualizar esta reglamentación al momento que vive hoy el país, con respecto al cambio climático y su propósito de ser una nación más sostenible que protege sus riquezas ambientales y biodiversidad.
El proyecto, de carácter legislativo, también busca instaurar el concepto de ‘ecocidio’, que se define como “daños causados a la naturaleza a gran escala, graves o sistemáticos, y cometidos teniendo conocimiento de los riesgos” y, aunque no está formalmente establecido, viene discutiéndose desde 1970.
“Estamos felices, este es un gran paso para la protección de los recursos naturales y del medio ambiente en Colombia; lo que hacemos es sustituir el Título de Delitos Ambientales del Código Penal para actualizar 11 delitos ambientales ya existentes y así lograr darles un mayor alcance, tanto en penas como en las multas”, dijo Juan Carlos Lozada en un video que compartió a través de su cuenta personal en Twitter.
Ahora este proyecto pasará a tener dos debates en el Senado, donde se espera que sea aprobado para convertirse en Ley de la República, pero sobre todo para responder a la necesidad del país de contar con un marco legal que castigue ejemplarmente a quienes financian y destruyen la naturaleza.