En el informe trimestral sobre la misión de verificación del acuerdo de paz en Colombia ante el Consejo de Seguridad de la ONU, la canciller y vicepresidenta Marta Lucía Ramírez aseguró que las «protestas no obedecen al incumplimiento del Gobierno en materia del acuerdo de paz» y aclaro que se debe a otro tipo de inconformidades por cuenta la pandemia.
Por: Redacción 360 Radio
La vicepresidenta de Colombia, afirmó ante la ONU que, en el país a cuenta de la pandemia, se agravó la pobreza y por ellos han tenido que dar prioridad para atender las solicitudes de los jóvenes, tales como educación gratuita a estratos 1, 2 y 3 y subsidios para que los empresarios los contraten.
Además, dijo que ha habido muertes durante las protestas sociales que le “duelen al Gobierno” y aclaró también que hubo minorías infiltradas en las protestas que generaron vandalismo. Y enfatizó en que hay «un proceso de destrucción sistemático, organizado, planeado y financiado para deteriorar las condiciones sociales políticas y económicas del país».
Ramírez afirmó ante la ONU que su gobierno respalda y aprueba las protestas sociales, siempre y cuando sea pacífica y no se vea machada por la violencia, el bloqueo de vías y la destrucción que amenazan la vida de miles de colombianos, así como el abastecimiento de alimentos y la libre circulación por el territorio
Aseguró que el Estado colombiano está en la obligación -moral y legal- de actuar para defender los derechos de todo un país. “La Fuerza Pública está obligada a proteger las manifestaciones pacíficas, pero también a proteger la seguridad de los ciudadanos, el orden público y los bienes. Aquí hemos visto un proceso de destrucción sistemática, organizada, planeada y financiada para deteriorar las condiciones sociales, políticas y económicas de nuestro país. Es eso lo que hemos vivido, con horror, en Colombia. ¡Creemos en una paz verdadera, que se construye desde las instituciones, la democracia, la división de poderes y la inversión económica para generar empleos!» enfatizó la mandataria.
Hay un compromiso con la paz para Colombia
Informó la vicepresidenta que en el proceso de reincorporación el 85,7% de los excombatientes reciben apoyos mensuales del Gobierno, y que el 90%, están siendo formados para trabajar, a través del Sena. El 99% está afiliado al sistema de salud, el 95% de los reincorporados está bancarizado, y aseguró que más de 13 mil personas recibieron 82.6 millones de dólares en garantías económicas y se destinaron USD 4.2 millones para la adquisición de predios para la producción y para construir viviendas.
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Especialmente, la también canciller, reiteró la importancia del Gobierno en la política de paz con legalidad, y señaló que muy pocos países mencionaron los temas grandes como el narcotráfico, que es uno de los retos grandes para el país y que ellos esperan que las antiguas Farc avancen con mayor celeridad en compromisos reales y contundentes para terminar con este problema que ha fracturado a Colombia.
Finalmente, se refirió a un tema que genera día a día incertidumbre en todo el territorio colombiano y son los asesinatos contra los líderes sociales y contra los excombatientes; dijo que el país viene trabajando para que estos casos no sigan en aumento. «Ha habido grandes avances con las investigaciones judiciales y captura de los autores materiales de los homicidios de los excombatientes. En la mayoría de esos casos son personas vinculadas al narcotráfico y de disidencias de las Farc” afirmó.
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