El Ministerio de Minas y Energía prepara una resolución que podría traducirse en un aumento en la tarifa de energía en Colombia, con impacto directo en millones de hogares, comercios e industrias. La iniciativa busca cubrir una deuda pública cercana a los $2 billones, asociada a obligaciones financieras de empresas del sector eléctrico que fueron intervenidas por el Estado en los últimos años.
Según el borrador del documento, la propuesta surge en un momento crítico para el mercado eléctrico colombiano, marcado por presiones financieras, riesgos sistémicos y la necesidad de garantizar la continuidad del servicio en todo el territorio nacional.
¿Cómo se aplicaría el aumento en la tarifa de energía?
El proyecto establece que el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) recaude un valor adicional de ocho pesos por kilovatio-hora (kWh). Este cobro se incorporaría dentro de la componente de restricciones del mercado eléctrico, uno de los ítems regulados que hacen parte de la factura mensual de energía.
A diferencia de otros recaudos, los recursos no ingresarían al presupuesto general de la Nación. El dinero sería distribuido directamente entre los agentes acreedores del sector eléctrico, con el objetivo de reducir las deudas pendientes y estabilizar la cadena de pagos entre generadores, transmisores y comercializadores.
Aunque el incremento por kWh parece marginal, analistas advierten que el efecto final dependerá del nivel de consumo de cada usuario, la región del país y el operador de red. En la práctica, el ajuste se reflejaría como un cargo adicional en la factura de energía, dentro de los costos regulados que pagan los usuarios.
El Ministerio sostiene que el esquema fue diseñado para evitar afectaciones a la confiabilidad del sistema interconectado nacional, especialmente en escenarios de alta demanda energética o eventos climáticos extremos.
La cartera de Minas y Energía respalda la medida en el marco constitucional y legal que permite al Estado intervenir en los servicios públicos domiciliarios, con el fin de garantizar su eficiencia, calidad y sostenibilidad financiera, conforme a la Ley 142 de 1994.
Sin embargo, la propuesta ya genera controversia. Gremios, expertos y defensores de los usuarios cuestionan que una deuda pública termine trasladándose a las facturas de los ciudadanos, en un contexto de inflación y altos costos de vida.
Por ahora, la resolución se encuentra en fase de proyecto y deberá pasar por procesos de consulta y ajustes regulatorios. De aprobarse, el aumento en la tarifa de energía marcaría un nuevo capítulo en la política energética del Gobierno, con efectos directos sobre el bolsillo de los colombianos y la estabilidad del sector eléctrico.
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