Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), alerta sobre el riesgo a la seguridad alimentaria por bloqueos e inseguridad y cuestiona la reforma laboral, el salario mínimo y la jurisdicción agraria
Este contenido hace parte de la Revista 360 – Edición 10: El año de las Decisiones. Producto periodístico anual y exclusivo elaborado por 360 Radio.
Revista 360: ¿Está en riesgo la seguridad alimentaria del país por la situación de orden público y los bloqueos que fueron noticia en 2025?
Jorge Enrique Bedoya: Indiscutiblemente, hay un enorme riesgo. Cuando usted tiene extorsiones por todo el país, más de 1.300 bloqueos en las carreteras en menos de dos años y crecimiento de los cultivos ilícitos, la seguridad alimentaria se resiente. Sin seguridad alimentaria no hay vida y, sin seguridad física, no hay seguridad alimentaria.
Revista 360: Ustedes han insistido en el impacto de los bloqueos. ¿Qué están pidiendo concretamente y por qué consideran que los gobiernos no pueden ser permisivos, sobre todo en 2026?
Jorge Enrique Bedoya: Los bloqueos en las carreteras son una nueva forma de extorsión contra el Estado y la sociedad colombiana. Hemos planteado que en el Plan Nacional de Desarrollo se incluya una norma para combatirlos, porque vulneran un derecho fundamental de la Constitución: el derecho humano a la alimentación. En la doble calzada Tunja–Bogotá, en esos días de bloqueo, más de 500.000 litros de leche diarios no se recogieron, con daño a los ganaderos y a los niños y adultos mayores que dejan de recibir la leche. El Gobierno tiene que actuar y judicializar a quienes violan ese derecho.
Revista 360: ¿En qué regiones se siente con más fuerza este fenómeno?
Jorge Enrique Bedoya: El Valle del Cauca, el norte del Cauca y la costa Caribe colombiana, pero por donde usted vaya, si mira el indicador de bloqueos, hay bloqueos en las carreteras por todo el país.
Revista 360: Pasemos a la reforma laboral. ¿Qué efectos ve usted para el agro con la propuesta que está en discusión?
Jorge Enrique Bedoya: El Gobierno perdió una enorme oportunidad de combatir la altísima tasa de informalidad laboral rural, que es del 84%. Además, cometió un error en una reforma que no genera ningún incentivo para la generación de empleo formal ni para darle la mano a millones de colombianos que están en la informalidad y a compatriotas que ganan menos de un salario mínimo. El campo necesita un régimen laboral especial para contratar según las especificaciones de las labores propias de la ruralidad.
Revista 360: Finalmente, ¿qué lectura hace del proyecto de jurisdicción agraria que impulsa el Gobierno y de su forma de relacionarse con quienes bloquean las vías?
Jorge Enrique Bedoya: Yo no le veo ningún beneficio para la sociedad colombiana en que un Gobierno busque quitarles las garantías judiciales que hoy tienen los ciudadanos. Con el acuerdo que hoy tienen en el Congreso y el artículo noveno en particular, se les quitan funciones a los jueces y se desconoce el decreto ley 902 de 2017, que estableció garantías judiciales agrarias. Eso significa que solo los jueces de la República deben decidir sobre esos procesos.
Hoy el Gobierno se sienta a negociar con los que bloquean, les termina dando plata, no hay sanciones y nadie responde por lo que pasa con los problemas de los productores de comida en nuestro país.
