Durante años, muchos colombianos han mirado con preocupación lo que ocurre en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Es una isla que recibe visitantes de todo el país y del mundo, que cobra una tarjeta de ingreso a cada uno de ellos, y que a la vez acumula denuncias, un hospital en crisis y una pregunta que nadie ha respondido del todo: ¿adónde va ese dinero?
Un abandono con muchos responsables
Empecemos por lo evidente. El gobierno central, desde Bogotá, abandonó el archipiélago durante décadas. La distancia física se volvió una excusa para la distancia política. Pero ese abandono no explica ni disculpa lo que ha pasado dentro del territorio, en su política local, entre sus gobernantes y entre sus congresistas. Las denuncias de corrupción han sido numerosas y recurrentes. Y han prosperado en parte por la desidia de algunos medios de comunicación y del establecimiento en general, que miró hacia otro lado porque la isla quedaba lejos y porque pocos querían incomodar a quienes allí mandan.
Hay antecedentes concretos. En diciembre de 2023, tras una auditoría, la Contraloría reportó siete hallazgos con incidencia fiscal por $36.879 millones en la Gobernación, entre ellos $4.869 millones por falta de controles en el recaudo de la tarjeta de turismo y $29.706 millones de recursos no ejecutados de un convenio con Findeter. Son hallazgos y no condenas, y el organismo anunció un proceso de responsabilidad fiscal. Pero ponen sobre la mesa el tipo de preguntas que la isla lleva años haciéndose, y que además se han sumado a procesos penales contra exgobernadores que la justicia debe resolver.
Esa desidia tiene un costo que pagan los isleños. La comunidad raizal, los residentes y quienes trabajan en el archipiélago dependen de un hospital, de colegios y de servicios públicos que no pueden esperar a que terminen los procesos judiciales. Cada año sin respuestas es un año más de desconfianza hacia las instituciones y de jóvenes que sienten que el Estado solo aparece cuando estalla un escándalo, y desaparece cuando se apagan las cámaras.
El dinero de la tarjeta y los permisos de trabajo
Las preguntas son sencillas. La tarjeta de ingreso la paga cada persona que visita la isla, y ese recaudo debería traducirse en mejor infraestructura, mejor educación, mejor salud y mejor seguridad. Quien llega a San Andrés no ve ese dinero reflejado en ninguna de esas cuatro cosas. ¿Dónde está invertido
Circulan además desde hace tiempo denuncias graves sobre dinero que se cobraría por debajo de la mesa a empresas y a personas para conseguir los permisos de trabajo. Este medio no las da por probadas, pero tampoco pueden seguir sin respuesta. Los permisos deben tramitarse con reglas claras, sin intermediarios y sin pagos que no figuren en ningún recibo.
Se puede discutir el método, no el fondo
El presidente Abelardo De La Espriella puso el tema en el centro del debate durante su visita al archipiélago, y el Gobierno pidió a la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía una intervención inmediata. Se le puede criticar. Algunos consideran que llevar un micrófono fue una puesta en escena. Otros recuerdan que la gobernadora Girley Ordóñez lleva apenas desde julio en el cargo, tras unas elecciones atípicas, y que no puede cargar sola con décadas de problemas. Y es válido sostener que una denuncia debe presentarse ante la Fiscalía y no a través de redes sociales. Ese debate es legítimo.
Pero lo cierto es que no hay una sola razón para seguir evadiendo y protegiendo casos tan graves. Por eso respaldamos que el presidente haya hecho lo que hizo. Esperamos ahora que la instrucción dada a la secretaria de Transparencia, Cristina Lombana, se convierta en denuncias formales, con pruebas, que avancen en la justicia. Que toda la verdad se sepa. Eso incluye que se demuestre quién respondió y también quién no, porque la presunción de inocencia no se suspende en el Caribe. La gobernadora, la representante Elizabeth Jay-Pang y cualquier otro señalado tienen derecho a defenderse con documentos, y la justicia a decidir sin presiones. Llevar procesos a Bogotá o crear grupos especiales debe ser excepcional y estar bien motivado.
No es solo San Andrés
Lo que ocurre en la isla ocurre, con matices, en muchas otras partes del territorio colombiano. Nos gustó lo que hizo el presidente en Valledupar. Ojalá esa misma determinación llegue a Santa Marta y a otras ciudades donde se manejan recursos públicos sin que nadie rinda cuentas. Una lucha anticorrupción que mira solo a un territorio, o solo a un sector político, pierde credibilidad. La que mira a todos la gana.
El 30 de noviembre, además, el presidente firmará el decreto de líneas de base del archipiélago, pendiente desde 1978. Es una buena decisión y conviene revisarla con rigor técnico. Pero una soberanía que se ejerce sobre el mar y se descuida en tierra, en los hospitales, las aulas y las calles, es una soberanía a medias.
San Andrés no necesita más discursos ni más abandono. Necesita que alguien le diga, con papeles y sin miedo, adónde se fue su dinero. Esa verdad también es una forma de soberanía.
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