El acoso mediático a la ministra TIC Karen Abudinen

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EDITORIAL


Nuestro editorial para hoy martes 10 de agosto del año 2021 está relacionado con el acoso mediático que la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen, está viviendo por parte de medios de comunicación, de sectores políticos y empresariales del país.

Es inadmisible e inentendible cómo estos grupos solo quieren anteponer sus intereses personales, direccionados a asuntos económicos, políticos y de poder que en lo absoluto benefician a nuestro país, a sus finanzas, al internet de los niños y sobre todo a evitar futuros desangres financieros a una nación que está lo suficientemente endeudada como para empezar a preocupar.

El Ministerio TIC, como le hemos hecho cubrimiento especial a este proceso contractual desde hace mucho tiempo a través de nuestro Observatorio TIC, adelantó loablemente una labor titánica, una cruzada esencial que el país pedía: tener el reto gigantesco de conectar al 70 % del país a internet.

No hablamos de Bogotá, no hablamos de Medellín, no hablamos de Cali; estamos hablando de esos barrios, caseríos, suburbios, veredas, de los lugares en donde nunca han tenido conexiones estables, rápidas a internet o incluso en donde nunca han tenido internet; no estamos hablando del Parque de la 93 en Bogotá, ni del barrio Prado en Barranquilla, ni del barrio Provenza en Medellín.

Es desdeñable que estas personas ataquen a la ministra Abudinen, lo hacen desde sus oficinas, estudios y juntas directivas en salones con aire acondicionado, con las comodidades que les dan sus empleadores y sus mismos recursos, quieren pontificar y decir qué se debe hacer y qué no se debe hacer, piden cabezas a diestra y siniestra a través de medios de comunicación que han manipulado, de periodistas que han fletado, de políticos inescrupulosos que están detrás de burocracia, y sobre todo de empresarios mañosos que quieren ganar con artimañas lo que no se han podido ganar en franca lid.

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Creemos que no es justo el trato que ha recibido la ministra TIC en las últimas semanas en los medios de comunicación, porque una buena mayoría de acusaciones han sido infundadas, han sido carentes de argumentos y de información. Hemos visto cómo ciertos periodistas repiten lo que escuchan de otros periodistas porque no tienen líneas de investigación, no tienen pruebas ni fuentes. 

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Dicen que la ministra ha dejado perder $70 mil millones de un anticipo que se le pagó al consorcio de Centros Poblados. Este medio de comunicación tal como lo afirmó en un artículo la semana anterior, sobre este proyecto, da garantía de que esos dineros no se han perdido, esos dineros tienen una trazabilidad absoluta por haber estado en una fiduciaria y esta se basa en la confianza, para eso han sido creadas. La fiduciaria es el aliado fundamental del Estado en este caso para recuperar un dinero si se cree que se ha perdido y el Ministerio solo tiene que hacer los deberes, la gestión ante las empresas que han recibido los recursos de los anticipos para recuperar bien sea en materia económica o en materia de bienes, productos o servicios.

No es bien vista la ligereza de algunos periodistas para hablar de algo tan importante, de una licitación que es a once años de más de $1 billón que claramente ha tenido pasajes complejos y dignos de observación, de indagación, de análisis, de conocer qué pasó con las pólizas, de conocer qué pasó con la garantía que se presentó, de exigirle al contratista sea cual sea la decisión que tome al Ministerio respecto a revocar, ceder o declarar la inexistencia del contrato.

La pelea a la que estamos asistiendo, el debate público al que está siendo expuesta la ministra no le ayuda a nadie, mucho menos al país. ¿Por qué los medios que atacan a Abudinen no se ponen en los deberes de averiguar qué ocurre, con información fidedigna? Algunos políticos están aprovechando esta situación para cobrar viejas rencillas políticas, otra vez poniendo al país por debajo de sus intereses porque cuando el consorcio Centros Poblados estaría en todo su derecho de demandar al Estado por un mal procedimiento, porque no se les garantizó el debido proceso, o porque sencillamente al Ministerio le roben alguno de sus pasos que tienen que ser ceñidos a la ley por cuenta de la presión mediática ellos no van a salir a pagar la condena que reciba el Estado, y tampoco van a salir a respaldar a la ministra a pagarle la suma de dinero a la que ella sea llamada a pagar por una acción de repetición.

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El debate tiene que ser con altura, la situación lo amerita, los niños de Colombia necesitan internet y si bien se ha comprobado para la mayoría de las partes entre Ministerio, autoridades e incluso el contratista Centros Poblados de que ellos no pueden continuar con el contrato que actualmente les fue adjudicado y que se sigue operando, y respetando la decisión que el Ministerio tome sobre caducar, declarar inexistente el contrato o simplemente aceptar una cesión, el Ministerio TIC podrá continuar porque así la ley lo permite; así mismo pedirles a las autoridades que investiguen lo sucedido y que pague el que tenga que pagar. Si Centros Poblados cometió delitos que sean comprobados por la justicia colombiana, que pague.

La ministra está siendo hoy hostigada, no sé está siendo justo con ella. Además, se están desconociendo principios básicos del derecho de nuestra Constitución. Insistimos que se está poniendo al país por debajo de los intereses de los ciudadanos y de los niños, no puede ser que quieran presionar a la ministra y a las autoridades para que se tomen decisiones políticas, decisiones irresponsables en un proyecto tan importante como lo es la adjudicación de la Región B del país, de ese internet de los niños, de quienes no tienen conexiones estables, de calidad, duraderas; de esos niños que están perdjudicados por la pandemia.

Tengan más altura, y si los debates los quieren dar que sean en derecho, con argumentos y con pruebas. Y los periodistas que se informen, acá no se pueden repartir todo el tiempo responsabilidades, acusaciones, calumnias, injurias, infamias; toda clase de palabras deshonestas, cargadas de ponzoña contra funcionarios que están haciendo lo mejor por cumplir su deber.

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