jueves, septiembre 16, 2021
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    La decisión sobre la licitación que tiene en vilo el internet de los niños en la mitad del país

    La licitación que fue ganada por el consorcio Unión Temporal Centros Poblados se encuentra en el ojo del huracán por la presentación de una póliza presuntamente falsa y con incertidumbre si caducar, ceder o declarar que el contrato no existe.


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    Por: Redacción 360 Radio

    Hace ya varias semanas, el ministerio de las TIC se ha visto envuelto en una serie de críticas por la adjudicación del contrato que busca conectar a más de 7.400 colegios de las zonas más alejadas, en más de 15 departamentos de Colombia. Dicho contrato se adjudica en el mes de diciembre del año 2020, en el marco del proyecto Centros Digitales, que en total conectaría a más de 14.000 entidades.

    La meta de MinTIC es conectar al 70 por ciento de los hogares, con internet de calidad, al finalizar este gobierno. Luego de la pandemia, el Gobierno Nacional reconoce que hay falencias enormes de conectividad y junto con el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones piensan en un proyecto que llegue las zonas más alejadas del país, Centros Digitales; los Centros Digitales contratados por el Ministerio TIC son puntos de conexión a internet mediante tecnología inalámbrica, es decir que los estudiantes y profesores no necesitarán un cable para acceder al servicio.

    En la licitación participaron más de diez compañías y consorcios que debían garantizar no solo conectividad, sino eficiencia en el funcionamiento del servicio.

    •          Unión Temporal Centros Poblados

    •          Comcel S.A.

    •          HughesNet

    •          ETB

    •          Demnsa Tel

    •          China Great Wall Industry

    •          BT Latam

    •          Net Colombia

    •          Hispasat

    5 consideraciones respecto a la licitación

    1.- El pliego original de enero de 2020 consideraba una única licitación para instalar la conectividad de al menos diez mil colegios por lo menos por diez años.

    2.- Posterior a la posesión de la ministra Abudinen en mayo de 2020 el MinTIC publica un nuevo pliego de la licitación en agosto de 2020.

    3.- En este nuevo pliego se parte el país en dos regiones, se reducen los requisitos financieros y se elimina la condición de demostrar experiencia de operación de un número mínimo (cinco mil) sitios satelitales. Así cualquier empresa con muy poca experiencia podía participar.

    4.- También se debe recordar que en la licitación había diez proponentes.  Se descalificaron dos grandes potenciales proveedores de servicio satelitales. HughesNet y China Great Wall.

    5.- También se debe recordar que otro de los proponentes fue el sujeto de un gran escándalo porque su representante legal resultó ser contratista del MinTIC y de la CRC (Comisión de Regulación de Comunicaciones). Le cancelaron el contrato en el MinTIC.

    En dicha adjudicación los ganadores fueron Comcel S.A.S y Unión Temporal Centros Poblados, donde se divide el proyecto en dos: Región A y Región B.

    Región A: Comunicación Celular S.A. – Comcel S.A. que conectará 7.468 Centros Digitales en los departamentos de Antioquia, San Andrés, Atlántico, Caldas, Caquetá, Cesar, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, Norte de Santander, Santander, Sucre, Tolima y Vaupés por un valor de $1,06 billones.

    Región B: fue adjudicada al operador Unión Temporal Centros Poblados que conectará 7.277 Centros Digitales en los departamentos de Amazonas, Arauca, Bogotá, D.C. Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada por un valor de $1,07 billones.

    Foto: Flickr

    En principio, el ministerio TIC había proyectado instalar cerca de 10.000 Centros Digitales, en igual número de escuelas hasta el año 2030; sin embargo, se logró que Unión Temporal Centros Poblados y Comcel aumentaran la cifra y consiguieran 4.745 centros adicionales, al igual que una prolongación en el tiempo de conectividad por 18 meses más, es decir hasta julio del 2031, lo que extendería el proyecto a once años. Además, con una velocidad de navegación mínima entre 12 Mbps y 21 Mbps, dependiendo del número de estudiantes.

    Recordemos a grosso modo los reglamentos exigidos por el Gobierno Nacional a la hora de hacer contratos con empresas o consorcios.

    Por un lado, los privados tienen libertad absoluta para ejecución de proyectos o procesos, desde que cumplan con temas legales y que no incurran en actos ilegales; por otro lado, desde lo público hay una serie de exigencias donde solo se puede actuar si se cumple con un contrato debidamente reglamentado, donde deben apegarse a la ley, a una jurisprudencia obligatoria de cumplimiento y finalmente deben adherirse a la ley mediante lo que lo que las instituciones del estado obligan.

    El Consejo de Estado por ejemplo dicta una línea a través de sus decisiones, que deberán ser tenidas en cuenta por los autores interesados

    Nos centraremos entonces en lo que está sucediendo con Unión Temporal Centros Poblados (UTCP), a la que se le adjudica la Región B del proyecto. El pasado 25 de junio de este año, en medio de una audiencia que MinTIC convocó por presunto incumplimiento en la ejecución del contrato por parte de UTCP, se dio a conocer por parte de la dirección del banco Itaú que las garantías bancarias No. 2020-1156-01002 que Centros Poblados presentó eran falsas.

    LEER TAMBIÉN: Itaú responde ante acusaciones por garantías falsas en adjudicación de proyectos

    Al conocerse la noticia por parte del banco, el Ministerio detuvo el proceso y comenzó otro donde declararía la caducidad del contrato a Centros Poblados. El MinTIC tuvo que hacer las denuncias respectivas ante la Procuraduría, Fiscalía, y Contraloría. Aunque la denuncia presentada por MinTIC hacía alusión a una sola póliza falsa, un medio de comunicación nacional dio a conocer que las garantías presentadas en diciembre del año 2020 con números 2020-1156-01003 y 2020-1156-01001, y que correspondían al Pago de Salarios y Prestaciones Sociales y a Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo, respectivamente, eran falsas también. Además 360 conoció que estas tres pólizas tenían un valor de $145.866 millones.

    Jorge Pino, abogado de Unión Temporal Centros Poblados, insiste en que hay una serie de controversias entre el intermediario de Centros Poblados y el Banco Itaú, pues el consorcio habría pagado por la póliza $2.100 millones.

    Es importante aclarar que el contratista presentó garantías bancarias del Banco Itaú, avalada dos veces por SES COLOMBIA, firma contratada por MinTIC para la revisión de estos documentos y aprobada como requisito previo para iniciar la ejecución del proyecto.

    Ahora bien, la situación es esta:

    Unión Temporal Centros Poblados explicó que por dificultades logísticas no fue posible cumplir con el 100 % de la primera fase del contrato. Esta situación generó la apertura de una actuación administrativa asociada al incumplimiento, argumentada en que se entregó un avance del 85 % quedando pendiente el 15 %. Para decretar el incumplimiento se celebró una audiencia en la cual se convoca al Banco Itaú en calidad de garante, quien manifestó que esa garantía bancaria no fue emitida por ellos.

    Cuando se conoció por parte del Banco Itaú dicha aclaración, se generó una nueva actuación administrativa que concluyó con la declaratoria de caducidad del contrato No. 1043 de 2020, mediante la resolución 01747 de 2021 que en la actualidad no se encuentra en firme, pues está pendiente de resolverse la reposición.

    Foto: PXfuel

    Unión Temporal Centros Poblados propone lo siguiente:

    •          Sustituir la garantía existente que se encuentra en discusión por una nueva póliza con el cumplimiento de todos los requerimientos y la debida diligencia.

    •          Con la autorización de MinTic ceder el contrato a una firma que cumpla con todas las condiciones para continuar su ejecución, con el fin de minimizar los impactos administrativos, sociales y políticos, y evitar futuras demandas y acciones de repetición.

    Este medio de comunicación ha podido establecer que el contratista ganador, que se encuentra en medio de la lupa pública, tiene toda la intención de poner en la mesa la cesión de ese contrato a una empresa que cumpla, como debe ser, con los parámetros establecidos dentro del contrato en términos de acceso, puntos, velocidad, tiempos y claramente costos.

    ¿Pero dónde están los 70.000 millones del anticipo?

    El anticipo

    Los 70.000 llegan a una fiducia. El principio de la fiducia es la confianza. Vigiladas por el mismo estado a través de la Superfinanciera. En el contrato con la fiduciaria tiene que estar estipulado a dónde van los recursos. La fiduciaria gira cuando el interventor aprueba que ese dinero va a las inversiones que se pactan con el estado.

    Información preliminar, que 360 Radio conoció, indica que con ese dinero se adelantaron pagos en inversiones en torres, baterías, conexiones y contratistas, entre ellos uno que ya había certificado en el país más de 1.000 conexiones de internet.

    El abogado Jorge Pino, aseguró en un medio nacional que, a hoy funcionan 1.000 puntos y que en tres semanas hay un compromiso por parte del contratista de entregar 500 puntos más, además explicó que el retraso en el proyecto se dio por temas de pandemia, pero que Centros Poblado ha tratado de cumplir con lo acordado. Explica también Pino que los equipos para la instalación de los puntos digitales se compran en Estados Unidos, y por eso el dinero está allá.

    El Estado colombiano tiene diferentes demandas, por haber tomado quizá medidas apresuradas y arbitrarias, y es importante hacer énfasis en que esas decisiones, si no tienen un estudio riguroso de lo que pueda pasar, afectarían el bolsillo en un futuro de los mismos ciudadanos.

    Según el abogado de UTCP, Jorge Pino Ricci, a la fecha este consorcio está al día con la ejecución del contrato y el pago del anticipo por $70.000 millones está amortizado y se legalizó completamente. Señala que esto queda evidenciado en que se invirtió en la compra de equipos, baterías y todo lo relacionado con la instalación de los centros según el objeto del proceso.

    Por esa razón, esperan poder revocar la orden de caducidad que ya dio el Gobierno y, después de eso, ceder el contrato a una firma multinacional, la cual ya estaría acordada y es una de las firmas más importantes del mundo en materia de telecomunicaciones.

    Foto: Forbes

    Justamente, sobre las versiones por la salida de esa plata del país, la cual fue girada a una empresa en Estados Unidos, dijo que se trató de un pago por $58.000 millones por concepto de la compra de los equipos (baterías y paneles solares) que se importaron de la empresa Nuovo Security, para conectar las escuelas en las regiones que le adjudicaron.

    El resto de los recursos, es decir $12.000 millones, se pagaron a la empresa Inselsa de Barranquilla, que fue subcontratada por Centros Poblados para llevar a cabo el proyecto en algunas zonas que tienen. Se fueron a cuentas de EEUU porque unas de las empresas a las cuales le compraron equipos están allá

    ¿Caducidad, cesión o contrato no existente?

    Cesión de contrato

    Es una salida o solución respecto que alguien recibe la autorización por parte del contratante, siempre y cuando a quien se le ceda cumpla con las normas, requisitos y parámetros establecidos previamente

    Inexistencia

    Todo acuerdo o contrato jurídico para ser válido tiene que cumplir con los elementos esenciales básicos. ¿En este caso la garantía que supone es esencial o no?, ¿es requisito accesorio fundamental o no? El estado tenía una necesidad que era conectar digitalmente a unas poblaciones en estado de desprotección. El internet fue declarado derecho fundamental.

    Caducidad

    Es una sanción frente a la contratación que ha sido conocido como facultades extraordinarias o excepcionales del Estado, regido en la ley 80, ara efectos de garantizar cometidos sociales, solo para cierto tipo de contratos, se establecieron ese tipo de facultades.

    Si el Estado fundamenta su decisión, si caduca el contrato, ateniéndose a los requisitos que están taxativamente plasmados en la ley. Tiene que dar un debido proceso al contratista; debe tener: acto motivación, que se cumplen requisitos de esa figura jurídica y estar debidamente documentados y motivados.

    Ley 80 de 1993, artículo 14: Los contratos sujetos de caducidad son: ejercicio de actividad que constituya monopolio estatal. Prestación servicios públicos y bienes del Estado. En el momento de la adjudicación, el internet no era servicio esencial.

    El Representante a la Cámara Buenaventura León, en la Plenaria de la Cámara del pasado 27 de julio, hace un llamado fuerte a MinTIC y al Gobierno mismo, donde se puedan encontrar soluciones jurídicas pertinentes, “evitando un detrimento patrimonial, y que el Estado entre en procesos y conflictos jurídicos interminables que impidan o apaguen la ilusión de los colombianos de tener una conectividad, un servicio público esencial, como ha ocurrido con proyectos de infraestructura vial. El proyecto de la Ruta del Sol, por ejemplo, un proyecto que fracasó por una caducidad en la década de los 90’s y hoy 30 años después, estamos sin litigios y una obra sin concluir”, aclaró el representante.

    LEER TAMBIÉN: El representante Buenaventura León sugiere cesión de contrato de Centros Poblados, no caducidad

    Una cesión no va en detrimento ni de la justicia ni del país. Es la salida más ‘salomónica’, porque permite que continúen las investigaciones que se tengan que hacer por los presuntos incumplimientos y acciones ilegales del contratista.

    Cabe precisar que Iván Unigarro Dorado, procurador para la función pública, será el funcionario de la Procuraduria General de la Nación que emita un concepto sobre si se revoca la caducidad o se acepta la cesión.

    Parece ser entonces que las decisiones, quizá apresuradas de MinTIC, en caducar el proyecto podrían ser las más hostiles y las menos sensatas, pues deja las puertas abiertas a demandas futuras y a litigios eternos; esto a su vez, y como lo explica el representante a la Cámara, perjudicaría el objetivo principal o la misión esencial del proyecto, pues las zonas menos favorecidas podrían perder la oportunidad de tener acceso a un programa digital y de conectividad por los menos en tres años más, además ad portas de terminar este Gobierno y próximo a campañas electorales, fracturaría la vigencia del proyecto.

    Sumándose a esto, la coyuntura tecnológica que tenemos es compleja, porque en virtud de la pandemia se aceleró la digitalización y el país tiene una deuda en este momento con los niños, niñas y jóvenes en materia de conectividad.

    Algunas fuentes jurídicas le contaron a 360 Radio que el contrato no existía en virtud de lo sucedido con la póliza; investigamos esta apreciación, y encontramos que, en efecto, la póliza no configura elemento esencial del contrato; además, como han salido recursos económicos mayores a $70.000 millones hacia ese contratista, en concepto de anticipo, ya hay un contrato en marcha.

    Sin embargo, Unión Temporal Centros Poblados tiene la intención voluntaria de ceder el proyecto a una empresa que cumpla y que garantice la misma efectividad, conectividad y la misma cantidad de instituciones acordadas inicialmente.

    Si el proyecto caduca, nuevamente en tres o cuatro años podrían participar otros consorcios o empresas interesadas en darle conectividad al país, pero este será un proceso largo, poco efectivo e iría en retroceso del proyecto Centros Digitales; por ello es importante enfatizar que expertos del tema proponen que se ceda el contrato a la empresa, por ejemplo de la Región A del mismo proyecto, que ha cumplido a cabalidad con lo acordado, y que tiene la maquinaria, las herramientas y el conocimiento sobre conectividad. 

    360 Radio ha tenido conversaciones con distintos congresistas del país, en especial de las comisiones VI de Cámara y Senado y ha entendido que existe un consenso mayoritario sobre la necesidad de la cesión del contrato, pues tienen temores considerables respecto a litigios futuros en donde sean billonarias las demandas que se presenten, posiblemente las más grandes que se puedan registrar, y solo sea el Estado y los niños los que pierdan.

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