La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) emitió una firme declaración en la que rechazó los recientes actos violentos ocurridos en el campo Quifa, ubicado en jurisdicción de la vereda Puerto Triunfo, municipio de Puerto Gaitán, Meta.
Según el gremio, un grupo de individuos ingresó de forma ilegal a las instalaciones del clúster 242, provocando un incendio que puso en riesgo la vida de los trabajadores, la infraestructura energética y el bienestar de las comunidades aledañas.
Este hecho, catalogado como un acto criminal, se suma a una serie de acciones ilegales que, desde el 6 de mayo, vienen afectando la operación en la zona, incluyendo bloqueos de vías, ataques a la Fuerza Pública y sabotajes a las actividades petroleras.
La ACP advirtió que estas agresiones no sólo representan un atentado contra el orden público, sino que además afectan la estabilidad económica de la región y la confianza inversionista.
Por qué es importante: La violencia en zonas de operación petrolera como Meta no sólo pone en entredicho la seguridad del personal y la infraestructura, sino que impacta directamente en el desarrollo económico regional y nacional.
El campo Quifa es uno de los centros de producción de crudo más importantes del país, y cualquier interrupción en su operación tiene efectos sobre el empleo local, la inversión social y la generación de regalías para los municipios.
La ACP fue enfática al señalar que estos hechos deben diferenciarse del derecho a la protesta social. “Son acciones deliberadas y criminales, distintas a las manifestaciones pacíficas que forman parte de una democracia plural”, expresó el gremio, reiterando su respaldo al diálogo como único camino para resolver conflictos.
La ACP alerta sobre deterioro de la seguridad en zonas petroleras como Meta, Sucre y Arauca
Detalles del incidente: El ingreso ilegal a las instalaciones del campo Quifa derivó en un incendio que, según la ACP, puso en peligro tanto la infraestructura energética como la seguridad de los trabajadores y las comunidades vecinas.
Aunque no se reportaron víctimas fatales, las consecuencias operativas y ambientales aún están siendo evaluadas.
La ACP expresó su solidaridad con los empleados de la industria, las comunidades de la región y las empresas afectadas. Asimismo, instó a las autoridades competentes a tomar acciones inmediatas para restablecer el orden público y judicializar a los responsables.
“El desarrollo de los territorios requiere entornos seguros, institucionalidad fortalecida y una cooperación efectiva entre el Estado, las comunidades y el sector empresarial”, manifestó la ACP.
Contexto: Este no es un hecho aislado. La Asociación señaló que situaciones similares han ocurrido recientemente en departamentos como Sucre y Arauca, lo que refleja un deterioro progresivo de las condiciones de seguridad en varias regiones del país.
Estos episodios generan una alta preocupación en el sector, especialmente porque afectan la continuidad de proyectos estratégicos para Colombia.
Las inversiones en exploración y producción de hidrocarburos, clave para la autosuficiencia energética del país, podrían verse ralentizadas si no se generan garantías de operación y seguridad jurídica.
Panorama general: La ACP reiteró que, más allá del impacto operativo, este tipo de hechos afectan directamente a las comunidades, al empleo y al bienestar colectivo. Además, deterioran el clima de inversión justo en un momento donde el país busca consolidar su transición energética y mantener la autosuficiencia en combustibles.
Desde el gremio se hizo un llamado urgente al Gobierno nacional para que, junto a las autoridades regionales, tome cartas en el asunto y garantice condiciones mínimas para operar en territorios que históricamente han estado marcados por la presencia de actores ilegales y ausencia del Estado.
La ACP también recordó que las compañías del sector están comprometidas con el respeto a los derechos humanos y al medio ambiente, y que han implementado mecanismos de diálogo con las comunidades. Sin embargo, recalcó que la violencia no puede ser tolerada como medio de interlocución.
Los recientes ataques en el campo Quifa son una alerta sobre el deterioro del orden público en zonas estratégicas para la economía nacional. Más allá del impacto inmediato sobre las operaciones petroleras, estos hechos afectan a las comunidades, debilitan la confianza empresarial y entorpecen el desarrollo sostenible.
La ACP reafirma su disposición al diálogo y al trabajo conjunto con el Estado y las comunidades, pero exige medidas concretas para proteger la vida, los derechos humanos y la infraestructura crítica del país. Sin seguridad, no hay inversión. Y sin inversión, no hay desarrollo ni bienestar para las regiones.
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