En la Comisión Primera del Senado de la República ya tiene ponencia, pero aún sin iniciar la votación, el proyecto “por medio de la cual se determina el funcionamiento y competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural”.
Aunque la iniciativa hace unos días estaba pasando desapercibida, la senadora Paloma Valencia encendió las alarmas al explicar las razones por las cuales propuso una ponencia alternativa, debido a que considera en la actualidad lo único que parcialmente frena las ideas «expropiatorias» del gobierno es que la Corte Suprema de Justicia continúa siendo la instancia de cierre.
«Es una especie de reforma Agraria pero que viene a través de una ley, donde un juez tiene que garantizar la igualdad material en la producción, tenencia y propiedad de la tierra, de manera que vía jueces le van a quitar la tierra a los colombianos», explicó.
Advierten riesgo de «legalizar invasiones» con proyecto que discute Comisión Primera del Senado
La advertencia radica en que pudiera la iniciativa puede desincentivar la inversión y perseguir a la agroindustria. «Por eso estamos proponiendo que nada de esto tenga que ver con este proyecto de jurisdicción y muchísimo menos que se entreguen facultades al presidente para que decida cómo se van a resolver los conflictos de tierras entre indígenas, comunidades ROM, palenqueras y afrodescendientes», dijo Valencia Laserna.
Pide tener reglas claras para evitar una confrontación mayor. Reclamó que en un eventual conflicto «se entra al proceso teniendo desigualdad entre las partes, porque el juez está obligado a darle al que tiene menos y castigar al que tenga más, y ese no es un principio de justicia».
Aclara que está de acuerdo con que se le facilite la tenencia de tierra a los más pobres, pero no por la vía de la expropiación vía jurisdiccional.
Otro aspecto que considera grave es el artículo de permanencia agraria, el cual establece que si invasores son susceptibles de ser beneficiarios de la reforma Agraria no pueden ser desalojados.
«Es un artículo que legaliza la invasión en el país», sentenció Valencia, quien también cuestiona que las organizaciones no gubernamentales podrán tomar los poderes de todos los campesinos.
También advierte que ONG’s podrán pedir revisión de fallos anteriores, lo que define como el fin de la seguridad jurídica en el campo.
Otra alerta es que, de aprobarse la Jurisdicción Agraria y Rural como está en el proyecto, «se presumen fidedignas las pruebas que entregue la Agencia Nacional de Tierras, para que todo lo que diga el Estado obre contra el propietario de la tierra».
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