La reciente decisión de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) Sanitas y Nueva EPS de retirarse de los gremios de salud en Colombia ha generado una ola de incertidumbre entre los usuarios y actores del sistema sanitario nacional.
Esta medida, que marca un hito en la historia del sistema de salud colombiano, plantea interrogantes sobre las posibles repercusiones para los millones de afiliados que dependen de estas instituciones para su atención médica.
Contexto de la decisión: Sanitas y Nueva EPS, dos de las principales EPS del país, han enfrentado en los últimos meses una serie de desafíos que han puesto en tela de juicio la sostenibilidad del modelo actual de salud.
En abril de 2024, la Superintendencia Nacional de Salud intervino ambas entidades, argumentando deficiencias administrativas y financieras que comprometían la calidad del servicio prestado a los usuarios.
Esta intervención implicó la remoción de sus juntas directivas y la asunción de su administración por parte del Estado.
Posteriormente, en enero de 2025, la Corte Constitucional ordenó al gobierno reajustar los pagos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) a las EPS, tras declarar insuficiente el valor fijado para 2024.
Esta sentencia buscaba resolver un conflicto que se originó a principios de año, cuando expertos criticaron el incremento del 5,36% en la UPC, considerándolo una estrategia para debilitar el sistema de EPS.
Motivaciones detrás del retiro: La decisión de retirarse de los gremios de salud responde a una serie de factores que han afectado la operatividad de estas EPS. Entre ellos, se destacan las intervenciones estatales que, según las entidades, han limitado su autonomía y capacidad de gestión.
Además, la crisis financiera derivada de la insuficiencia en los pagos de la UPC ha generado tensiones entre las EPS y el gobierno, llevando a algunas, como Sanitas, a presentar solicitudes de arbitraje internacional contra el Estado colombiano por «expropiación indirecta».
Impacto de la salida de Sanitas y Nueva EPS de los gremios de salud en Colombia
Impacto en los usuarios: La salida de Sanitas y Nueva EPS de los gremios de salud podría tener diversas implicaciones para sus afiliados.
Aunque las autoridades han asegurado que la prestación de servicios continuará sin interrupciones, la realidad es que muchos usuarios ya han experimentado dificultades en el acceso a servicios médicos y suministro de medicamentos.
Por ejemplo, pacientes como José Carranza y Emilcen Pérez han reportado problemas para obtener tratamientos esenciales, lo que ha afectado su calidad de vida.
Además, la intervención de estas EPS ha generado preocupaciones sobre la continuidad y calidad de la atención médica.
Informes recientes indican que, tras la intervención, se han presentado demoras en la asignación de citas médicas y procedimientos quirúrgicos, lo que ha incrementado la insatisfacción entre los usuarios.
Reacciones del sector salud: La decisión de Sanitas y Nueva EPS ha generado diversas reacciones en el sector salud.
Algunos expertos señalan que esta medida podría debilitar la representación y defensa de los intereses de las EPS en el país, mientras que otros consideran que es una respuesta legítima ante las intervenciones y políticas gubernamentales que, según ellos, han afectado la sostenibilidad del modelo de aseguramiento en salud.
Por su parte, la Superintendencia Nacional de Salud ha reiterado su compromiso de garantizar la continuidad en la prestación de servicios y ha señalado que las intervenciones buscan corregir deficiencias y asegurar la calidad en la atención a los usuarios.
Perspectivas a futuro: La salida de estas EPS de los gremios de salud plantea interrogantes sobre el futuro del sistema de salud colombiano. Es fundamental que las autoridades y las entidades involucradas trabajen de manera conjunta para garantizar la sostenibilidad del sistema y la calidad en la atención a los usuarios.
La reciente orden de la Corte Constitucional de reajustar los pagos de la UPC es un paso en esa dirección, pero se requieren más acciones para abordar los desafíos estructurales que enfrenta el sistema.
En este contexto, es crucial que los usuarios se mantengan informados sobre los cambios y decisiones que puedan afectar su acceso a servicios de salud.
Las autoridades deben garantizar canales de comunicación efectivos y transparentes para resolver las inquietudes de los afiliados y asegurar que sus derechos sean protegidos.
La situación actual representa un momento crítico para el sistema de salud colombiano. Las decisiones que se tomen en los próximos meses serán determinantes para definir el rumbo del sistema y la calidad de la atención que recibirán millones de colombianos en el futuro.
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