La seguridad social en Colombia atraviesa un momento crítico que exige un análisis profundo. Recientemente, el Gobierno emitió el Decreto 0415 de 2026 para obligar a los fondos privados a girar recursos a Colpensiones. ¿La suma? 25 billones de pesos. La medida ha sido criticada por expertos e, incluso, se ha cuestionado el verdadero motivo por el que el Gobierno ha insistido en la rápida implementación de la reforma pensional promovida por el presidente, hoy ley pensional. No obstante, el Consejo de Estado se pronunció rápidamente y frenó la implementación de dicho decreto expres.
Esto ocurre en plena época electoral, por lo que se ha mencionado desde el Congreso que habrían intenciones de usar ese capital como caja menor del Gobierno, afectando el futuro y la sostenibilidad de las pensiones de quienes apenas están comenzando a cotizar.
A esta preocupación se suma el reciente pronunciamiento de la Contraloría General de la República, que ha advertido sobre la inviabilidad en la aplicación de dicho decreto. Tras un análisis técnico del documento que pretende reglamentar el traslado de recursos desde el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) hacia el Régimen de Prima Media (RPM), el órgano de control identificó que la propuesta del Ministerio de Trabajo no se podría aplicar bajo la normativa vigente y advirtió que los recursos del ahorro pensional corren el riesgo de convertirse en gasto corriente.
El Gobierno ha detallado que el decreto y las medidas que ha tomado se enfocan en la implementación de la nueva ley pensional la ley, que recordemos es revisada por la Corte, tras una serie de demandas.
De hecho, los Ministerios de Hacienda y Trabajo se pronunciaron por la medida cautelar del Consejo de Estado y comentaron que esta decisión compromete la sostenibilidad del sistema y la coherencia financiera buscada con la Ley 2381 de 2024. Según el Gobierno, existe una tensión inequitativa donde los fondos privados pretenden retener el usufructo de los ahorros de más de 120 mil trabajadores que ya decidieron trasladarse al régimen público, por lo que han instado a las administradoras privadas a proceder sin dilación con el traslado de los recursos de 25 mil personas cuyas mesadas ya están siendo asumidas por Colpensiones.
Pero la realidad técnica de esta nueva ley pensional es alarmante. Se ha planteado que Colpensiones administre el dinero de los colombianos, pero la estrategia real no parece ser la inversión responsable de esos ahorros para garantizar el futuro de los ciudadanos, sino la obtención de caja inmediata para el Ejecutivo. Históricamente, la labor de los fondos privados y la libertad de los ciudadanos para elegir su régimen de pensiones permitía una competencia sana y un mejor servicio; hoy, esa libertad ha sido vulnerada. El Gobierno ha afirmado que el paso de los colombianos hacia Colpensiones fue voluntario, pero la verdad es otra, la nueva ley de Petro ha obligado a los ciudadanos a este cambio.
Es fundamental reiterar una premisa básica, los ahorros pensionales no pertenecen a los fondos privados, ni al Estado, ni a Colpensiones. Estos recursos son propiedad exclusiva y sagrada de los trabajadores que han cotizado con su esfuerzo, y no pueden ser tomados bajo ninguna circunstancia, ni siquiera en momentos de crisis. Por ello, resultan inaceptables las amenazas del presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, sobre embargar a los fondos privados si no transfieren estos dineros; estas presiones ignoran que, en el pasado, el mismo sector oficial negoció los porcentajes de compensación que hoy critica.
El pronunciamiento reciente de los ministerios de Hacienda y Trabajo evidencia una manipulación de la información. Los colombianos no se pasaron a Colpensiones de forma voluntaria. El Gobierno menciona que vela por los intereses del país, ¿pero qué tan cierto es esto? La advertencia de la Contraloría sobre el riesgo de convertir el ahorro en gasto corriente preocupa bastante. Esperamos que la Corte se pronuncie pronto sobre esta reforma, que actualmente se encuentra en un limbo jurídico, para proteger el derecho de quienes se han ganado su sustento con años de trabajo.