El Hecho: La administración del alcalde Carlos Fernando Galán presentará nuevamente un proyecto tributario ante el Concejo de Bogotá para buscar $1,2 billones destinados a modernizar el alumbrado público inteligente, tras el tropiezo de su iniciativa anterior.
¿Por qué es importante?: Busca hacer frente a un boquete financiero de $1,69 billones en el presupuesto distrital causado por el incremento del 23% en el salario mínimo nacional, poniendo en riesgo la continuidad de proyectos urbanísticos prioritarios.
¿Cuál es el contexto?: El sector Movilidad concentra el golpe más severo con una presión superior a $755.000 millones, afectando de manera directa al IDU ($654.734 millones) y elevando los costos operativos de las obras en cerca de un 12%.
¿A quiénes afecta y cómo?: Involucra a los contribuyentes bogotanos y a la ejecución de 94 obras de infraestructura en riesgo de parálisis o demoras, entre las que destacan la Troncal de la Avenida Ciudad de Cali (Grupo 2), los lotes 2 a 7 de la Calle 13 y el ciclopuente de la Avenida Boyacá con calle 127.
El dato que no se puede perder: Desde el Concejo, voces críticas como la del cabildante Juan David Quintero han advertido que, si bien la contingencia es real, la solución no puede ser imponer más cargas impositivas a los ciudadanos, exigiendo mayor eficiencia y austeridad en el gasto público.
Bogotá se alista para un nuevo round político en el Concejo Distrital. Con la urgencia de asegurar recursos por $1,2 billones destinados a modernizar el alumbrado público inteligente, la administración del alcalde Carlos Fernando Galán volverá a apostar por un proyecto tributario tras el tropiezo legislativo de su iniciativa antecesora.
El trasfondo de esta decisión no es menor. A escasos sesenta días del vencimiento del contrato actual de iluminación y con un panorama financiero fuertemente sacudido por decisiones de orden nacional, la sostenibilidad de cerca de un centenar de proyectos urbanísticos prioritarios se encuentra amenazada.
Panorama general: La tormenta fiscal que hoy preocupa al Palacio Liévano tiene su raíz en el incremento del 23% decretado sobre el salario mínimo nacional. Dicha variación generó un boquete imprevisto de aproximadamente $1,69 billones en las cuentas del presupuesto distrital para la vigencia 2026, obligaciones que no estaban contempladas al momento de estructurar las finanzas locales.
Dentro de este desbalance, el sector Movilidad concentra el golpe más severo con una presión sobre sus finanzas que supera los $755.000 millones. De ese volumen de recursos, el grueso, alrededor de $654.734 millones, recae de manera directa sobre el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).
Alcaldía de Bogotá radicará de nuevo proyecto de tributación en el Concejo
Las consecuencias operativas de esta estrechez presupuestaria ya se sienten en los cronogramas de ejecución. Cálculos recientes apuntan a que los costos directos de los frentes de trabajo habrían escalado cerca de un 12%, una cifra preliminar que todavía deja por fuera los gastos administrativos y rubros indirectos, anticipando un escenario de mayor tensión económica.
Con corte al 22 de enero, la Secretaría de Hacienda y las entidades ejecutoras mapearon un total de 94 obras de infraestructura que corren el riesgo real de sufrir parálisis o demoras significativas. Entre los frentes más sensibles figuran:
- El Grupo 2 de la Troncal de la Avenida Ciudad de Cali, eje vial estratégico para descongestionar el occidente.
- Los lotes del 2 al 7 de la nueva Troncal de la Calle 13, columna vertebral del transporte masivo.
- El ciclopuente ubicado en la Avenida Boyacá con calle 127, clave para la red de movilidad sostenible.
“El incremento del salario mínimo ya generó un impacto cercano a los $1,7 billones para el Distrito. Ahora lo que esperan los ciudadanos es conocer cuál es el plan de la Administración para asumir ese mayor costo sin afectar las obras que necesita Bogotá. Pero ojo: no puede ser que la solución sea imponer más impuestos a los bogotanos.”, Juan David Quintero, Concejal de Bogotá.
Por qué es importante: Ante este panorama, las reacciones desde el cabildo distrital exigen cautela y rigor administrativo. Voces críticas como la del concejal Juan David Quintero han insistido en que, si bien la contingencia fiscal es innegable, la respuesta del Distrito no puede traducirse en una carga onerosa adicional para el bolsillo de los contribuyentes.
Para los sectores opositores y disidentes en el Concejo, la salida radica en priorizar de manera absoluta la eficiencia del gasto público y blindar las inversiones sociales y de infraestructura que mantienen a Bogotá en marcha. La discusión promete encenderse nuevamente tan pronto el texto oficial sea radicado en la corporación.
Lea también: Juegos de azar aportan el 2% del PIB colombiano, superando al café y el carbón