Imagine a más de un millón de colombianos revisando su celular en noviembre, esperando el mensaje de que su mesada de pensión ya está consignada. No es una exageración. Es, literalmente, lo que esta semana admitió ante el Congreso la propia ministra de Trabajo, Natalia López Fuentes, cuando dijo que «no está la plata» para garantizar el pago completo de las pensiones de noviembre y diciembre.
Colpensiones necesita este año 58 billones de pesos y hoy le faltan 5 billones para cerrar esos dos meses. Y cuando una ministra tiene que decirle eso al país, ya no estamos hablando de un simple ajuste técnico. Estamos hablando de una bomba fiscal con la mecha encendida.
El diagnóstico, además, se confirma desde otro ángulo: el del sector privado que administra los fondos de pensiones. Asofondos advirtió esta semana que el aporte que la Nación debe girarle a Colpensiones subió a 40 billones de pesos en 2026, cinco billones más de lo previsto, y que ese hueco equivale a cerca de la mitad de todo lo que Colpensiones tiene que pagar en el año.
El gremio fue directo al calificarlo: «un sistema así no es sostenible». Y para 2027 la cuenta crece todavía más, porque Colpensiones necesitaría cerca de 97 billones de pesos, de los cuales 46 billones tendrían que salir directamente del bolsillo de la Nación. Es decir, de los impuestos de todos los colombianos.
La salud tampoco está mejor. En una reunión esta misma semana con la bancada del Centro Democrático, el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, y la ministra de Salud, Ana María Vesga, pusieron sobre la mesa un sistema con un déficit presupuestal cercano a los 13 billones de pesos y una deuda acumulada con clínicas y hospitales que supera los 55 billones.
La propia ministra, apenas llegó a la cartera, ya se había encontrado con compromisos sin respaldo por 2,9 billones y un pasivo heredado que, según sus propias cuentas, superaba los 30 billones. Por eso el Centro Democrático le pidió hoy formalmente al Gobierno sumar 15,8 billones adicionales al Presupuesto de 2027, solo para estabilizar el sistema. A esa cifra hay que sumarle los 1,9 billones que Minsalud pidió esta semana para reparar hospitales afectados por el terremoto de agosto, más una Unidad de Pago por Capitación que tendría que subir entre 12 y 13 por ciento el próximo año, únicamente para que las EPS dejen de operar en números rojos.
Detrás de estas dos crisis hay una misma raíz y conviene decirla sin eufemismos. La decisión de subir el salario mínimo un 23,7 por ciento por decreto, sin respaldo fiscal real, disparó en cinco billones de pesos adicionales el costo de las pensiones estatales, porque seis de cada diez pensionados de Colpensiones ganan justamente un salario mínimo. Fue una medida que sonó bien desde la tarima. Pero hoy es, en buena parte, la línea que explica por qué el país no tiene con qué pagar las mesadas de fin de año. Porque la generosidad que se decreta sin financiación no es generosidad, es una cuenta de cobro que alguien, tarde o temprano, termina pagando. Y en este caso, quienes están a punto de pagarla primero son justamente los pensionados que menos margen tienen para esperar.
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal, que existe precisamente para decirle la verdad al país cuando los números no cuadran, ya lo advirtió con claridad: el déficit fiscal de 2026 podría llegar al 7,4 por ciento del PIB, la deuda pública podría acercarse al 60,5 por ciento del PIB antes de que termine el año, y el plan fiscal del Gobierno sigue siendo, en sus propias palabras, «poco creíble». No es una opinión partidista, sino un organismo técnico e independiente diciendo, con cifras sobre la mesa, que el país está gastando muy por encima de lo que produce. Y que, además, casi el 90 por ciento de ese gasto ya está blindado por ley, lo que deja muy poco margen real de maniobra sin una reforma estructural de fondo.
Vale la pena entonces ser claros sobre lo que defendemos y lo que no defendemos en esta columna. Defender la propiedad privada, la disciplina fiscal y la libertad de mercado no significa indiferencia ante el pensionado que no sabe si le va a llegar su mesada, ni ante el paciente que necesita una cirugía en un hospital que le debe nómina a sus médicos. Es exactamente lo contrario.
La única manera real de proteger a esas personas es que el Estado gaste lo que tiene, cobre lo que necesita con reglas claras, y deje de improvisar promesas que después no puede cumplir. Porque cada peso que se gasta hoy sin estar financiado es un peso que, mañana, sale de un bolsillo real. El de un pensionado, el de un paciente o el de un contribuyente que ya está exhausto de pagar los platos rotos de otros.
El nuevo Gobierno tiene ahora la responsabilidad de desactivar esta bomba, no de seguir administrándola a punta de parches. Eso exige decir verdades incómodas, presentar una reforma pensional y una reforma a la salud que sean matemáticamente sostenibles y no solamente políticamente convenientes, y resistir la tentación, tan colombiana, de aplazar el problema hasta después de la próxima elección.
Los pensionados de este país no votaron para convertirse en la variable de ajuste de un presupuesto mal calculado. Y los pacientes tampoco. Porque si en noviembre las mesadas no llegan completas, no habrá comunicado de prensa capaz de explicarlo. Al final, la bomba fiscal no se desactiva con discursos, sino con matemáticas honestas y con el coraje de decirle al país, a tiempo, cuánto cuesta de verdad lo que se promete.
Andrés Felipe Gaviria Cano
17 de agosto 2026
Lea también:220 pesos, cuatro millones de veces: la cuenta que Flypass debería explicar