El jueves pasado, en el juzgado 46 penal de conocimiento de Bogotá, había una silla que nadie ocupó. Estaba reservada para Juliana Andrea Guerrero, la joven de 23 años que debía escuchar cómo la Fiscalía formalizaba en su contra la acusación por presuntos títulos universitarios falsos: no llegó, su abogado avisó al juzgado a última hora, pidiendo aplazar la diligencia.
El juez dejó constancia escrita de que ella había sido «debidamente citada» y, aun así, «no se ha presentado a la diligencia». No era la primera vez: Guerrero ya tiene antecedentes de faltar a las audiencias de imputación de cargos en su contra. Mientras la sala esperaba en vano, la Fiscalía aprovechó el tiempo para legalizar un preacuerdo con otro protagonista de este expediente: Luis Carlos Gutiérrez, el exsecretario general de la Fundación Universitaria San José, que si compareció, aceptó su responsabilidad y pidió perdón en público.
Ese contraste —una silla vacía y un hombre que sí dio la cara— resume mejor que cualquier discurso lo que este caso le ha enseñado a Colombia sobre el poder, el mérito y la impunidad.
Vale la pena recordar cómo empezó todo: En marzo de 2025, el entonces presidente Gustavo Petro presentó en un consejo de ministros transmitido por televisión a una asesora del Ministerio del Interior de apenas 23 años, sin título universitario, como su elegida para ser viceministra de Juventud. La describió como «un poco joven, digamos, pero muy activa, rebelde, como las juventudes que nos hicieron ganar las elecciones».
El nombramiento formal nunca se concretó, pero Guerrero permaneció en el Gobierno con responsabilidades como jefa de gabinete y coordinadora del despacho presidencial. Meses después se supo por qué el trámite se había atascado: para completar su hoja de vida, había presentado dos diplomas —contadora pública y tecnóloga en gestión contable y tributaria— expedidos por la Fundación Universitaria San José en julio de 2025, sin que hubiera cursado ni aprobado los requisitos exigidos por el Icfes.
Gutiérrez, el funcionario que autorizó esos diplomas de forma manual, ya pactó su condena: 36 meses de prisión, con el cargo rebajado de autor a cómplice. Aceptó los hechos y explicó ante el juez que actuó, en sus palabras, sin «la reflexión suficiente».
El expediente de los títulos falsos, sin embargo, es apenas una parte de la historia
En julio de este año, investigaciones periodísticas y de la Fiscalía revelaron una presunta red de tráfico de influencias operada por Guerrero junto con su hermana Verónica: sin ocupar cargos formales, habrían cobrado a empresarios y contratistas por facilitarles acceso y contratos en los ministerios de Vivienda, Interior, Defensa, Ambiente e Igualdad.
Chats revelados en medios registran frases como «nada que suelta esa plata, nos tiene jodidos», y un contratista reportó transferencias por al menos 53 millones de pesos como «anticipos» para la gestión de proyectos regionales. Cuando el escándalo estalló, el propio Petro tomó distancia: dijo que las hermanas ya no hacían parte de su gobierno y las instó a devolver el dinero recibido y a denunciar a los «empresarios que buscaron corromperlas».
Es un giro retórico curioso: quien las nombró, las presentó con orgullo y las mantuvo en el poder pese a las primeras señales de alarma, terminó pidiéndoles reflexión, como si la responsabilidad fuera solo de quienes cayeron en la tentación, y no de quien abrió la puerta.
Ahí está el fondo del asunto, y es un fondo institucional, no personal. Un gobierno que gobernó buena parte de su gestión premiando la lealtad y el relato sobre la hoja de vida y la competencia terminó produciendo, de manera casi inevitable, casos como este: personas sin credenciales reales ocupando posiciones de influencia real, con la puerta abierta para que esa influencia se convirtiera en mercancía. No es un accidente aislado; es el resultado lógico de un estilo de gobernar que confundió el activismo con la idoneidad y la cercanía política con el mérito.
Y ahora, cuando la justicia por fin intenta cerrar el capítulo, la respuesta ha sido evadirla
Faltar una vez a una audiencia puede ser una contingencia. Faltar de manera reiterada, con avisos de último minuto que dejan al juzgado y a las víctimas —empezando por la propia Fundación Universitaria San José, que denunció el caso, colaboró con una auditoría interna y hoy es reconocida como víctima en el proceso— esperando en una sala vacía, es otra cosa: es un desafío a la autoridad del Estado. El Estado de derecho no puede depender de la voluntad de comparecer de quien está siendo investigado. Existen herramientas procesales —desde medidas de aseguramiento hasta órdenes de captura— precisamente para los casos en que la ausencia deja de ser excepción y se vuelve estrategia. Es hora de que el juzgado 46 las considere sin más contemplaciones.
Colombia no necesita venganza contra una joven de 23 años que probablemente fue, también, instrumentalizada por un sistema de poder que la usó como símbolo antes que como funcionaria. Pero necesita, con urgencia, que la ley se aplique igual para quien tuvo despacho en la Casa de Nariño que para cualquier ciudadano.
La decencia en el ejercicio del poder público no es un eslogan de campaña: es la exigencia mínima de que quien fabrica una hoja de vida falsa para gobernar millones de vidas responda ante un juez, así tenga que ser conducida por la fuerza pública. La próxima vez que se cite esa audiencia, la silla no puede volver a quedar vacía.
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