En Colombia convertimos la caricatura en un deporte nacional. A casi todos los que hacen política, para bien o para mal, los personificamos, los estigmatizamos y les llevamos la vida al extremo por cuenta de sus críticos. A Alejandro Ordóñez, que esta semana llegó al Ministerio
del Interior, le ha tocado esa suerte más que a muchos. Vale la pena detenerse un momento antes de sumarse al coro.
Quienes lo han conocido de cerca lo describen de una manera que casi nunca llega a los titulares. Hablan de una persona honorable, decente, de altos valores. No le pedimos a nadie que comparta sus ideas. Pedimos apenas que se le mire como lo que es, un ciudadano con una larga trayectoria en el servicio público, y no como el monigote que han ido armando años de
pelea política.
No es un detalle menor. Cuando el país se acostumbra a reducir a cada dirigente a su versión más fea, termina por ahuyentar a la gente decente del servicio público y por empobrecer el debate que dice defender. Discutir en serio las ideas de un funcionario es sano y necesario.
Caricaturizarlo para no tener que discutirlas es otra cosa, y de eso hemos tenido de sobra
El derecho a creer, y a no creer En este medio siempre hemos defendido una idea sencilla.
Las personas tienen derecho a profesar sus creencias particulares. Tienen derecho a creer en algo o a no creer en nada. Esa
libertad vale para el católico devoto y para el que no pisa una iglesia, y vale también para un ministro. El problema nunca ha sido que Ordóñez sea un hombre religioso.
El problema sería otro, y conviene nombrarlo con precisión para no caer en la trampa de la caricatura. El único problema aparece cuando alguien ocupa un cargo público y desde ahí, con acciones concretas, intenta impedir que los demás practiquen sus propias religiones o creencias. Eso está expresamente prohibido por la Constitución, y en la práctica, además, es casi imposible de hacer. Nuestro ordenamiento está lleno de contrapesos, de jueces y de cortes que existen justamente para frenar esos abusos. Mientras esa línea no se cruce, las convicciones de un funcionario son asunto suyo y de nadie más.
El derecho a creer, y a no creer
En este medio siempre hemos defendido una idea sencilla. Las personas tienen derecho a profesar sus creencias particulares. Tienen derecho a creer en algo o a no creer en nada. Esa libertad vale para el católico devoto y para el que no pisa una iglesia, y vale también para un ministro. El problema nunca ha sido que Ordóñez sea un hombre religioso. El problema sería otro, y conviene nombrarlo con precisión para no caer en la trampa de la caricatura.
El único problema aparece cuando alguien ocupa un cargo público y desde ahí, con acciones concretas, intenta impedir que los demás practiquen sus propias religiones o creencias. Eso está expresamente prohibido por la Constitución, y en la práctica, además, es casi imposible de hacer. Nuestro ordenamiento está lleno de contrapesos, de jueces y de cortes que existen justamente para frenar esos abusos. Mientras esa línea no se cruce, las convicciones de un funcionario son asunto suyo y de nadie más.
Mala prensa y mala entraña
Por eso creemos que buena parte del ruido de estos días contra el procurador Ordóñez no solo es injusto, sino de mala entraña. Se le reprocha ser quien es y se le juzga por lo que alguien supone que piensa, no por lo que vaya a hacer en el cargo. Si en algún momento Ordóñez expresa sus ideas, lo hará como cualquier colombiano que tiene derecho a pensar y a
expresarse. Y si llegara a cometer el error de interferir o de usar el poder para afectar a otros por cuenta de sus creencias, seremos los primeros en denunciarlo y en exigir garantías.
Ese compromiso no lo negociamos con nadie.Pero hay que llamar las cosas por su nombre. Mucho de lo que se dice estos días no nace de un examen serio del nuevo ministro, sino del pulso natural entre la oposición y el gobierno. Y eso es política, y la política es válida. Sería raro, casi sospechoso, que la oposición no cuestionara un nombramiento del Ejecutivo. Lo extraño sería el silencio. Reconozcámoslo por lo que es y no lo vistamos de principios.
Conviene además bajarle el dramatismo al asunto. Ningún ministro gobierna solo ni gobierna sin límites. El Congreso legisla, las cortes deciden y la opinión pública vigila, y esos contrapesos no desaparecen porque cambie un nombre en una cartera. Quien de verdad crea que un funcionario puede imponerle sus creencias a cincuenta millones de colombianos conoce poco el
funcionamiento de nuestras instituciones, que para bien o para mal son más fuertes que
cualquiera de quienes pasan por ellas.
Lo que de verdad importa
Al final, al país no le interesa de dónde viene Ordóñez ni en qué cree. Le interesa que el ministro del Interior haga bien su trabajo. Que sea el puente que el gobierno necesita con el Congreso, por supuesto, pero sobre todo que respete la autonomía del Legislativo, la independencia de las cortes y la dignidad de todos aquellos con quienes le toque tratar. Un ministro que entiende eso le presta un servicio enorme a la democracia, cualquiera que sea su credo. Y si además logra destrabar la relación con un Congreso que esta semana vio naufragar la aprobación del presupuesto, habrá cumplido con creces.
Asumir los errores y rodearse bien
Hay además una convicción que en este medio no negociamos: el funcionario que se equivoca tiene que asumirlo. Y conviene dejar algo en claro, porque estos días se ha dicho de todo. Rodrigo Lara no salió del Ministerio por lo ocurrido en la conciliación del presupuesto. Esa falla
fue culpa entera del equipo del Ministerio de Hacienda, tanto que ese mismo equipo salió hoy, con seis integrantes de su área legislativa de por medio. Quien comete el error responde por él, y así tiene que ser.
A Ordóñez le queda entonces una tarea doble. La primera, rodearse de un equipo de las más altas cualidades y capacidades, porque en el Interior un error de trámite se paga caro y a la vista de todos. La segunda, abrir espacios de mucho diálogo con las distintas bancadas del
Congreso. Pero hay algo que debe entender desde el primer día, y es que el recibimiento de los grupos de oposición no será amable. Buscarán incomodarlo, provocar reacciones y, si pueden, forzar una salida temprana. No caer en esa provocación será buena parte de su trabajo. Alejandro Ordóñez, como todos los que deciden servirle a Colombia desde un cargo público, merece el beneficio de la duda. No un cheque en blanco, que eso no se lo damos a nadie, pero sí la oportunidad de ser juzgado por sus actos y no por la caricatura que otros dibujaron por él.
Dicho esto, le deseamos lo mejor. Ojalá cumpla un papel digno e importante, para el gobierno
que lo nombró y, lo que más nos importa, para los colombianos.
Andrés Felipe Gaviria Cano
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