El hecho: El Gobierno nacional declaró la situación de desastre nacional por la inminencia del fenómeno de El Niño 2026-2027 y autorizó el traslado de $4 billones a la UNGRD para fortalecer las acciones de prevención y atención.
¿Por qué es importante? La decisión habilita mecanismos extraordinarios para acelerar la contratación y ejecución de proyectos destinados a reducir los impactos de una posible mega sequía antes de que la emergencia se materialice.
¿Cuál es el contexto? Las proyecciones climáticas advierten sobre la posible llegada de un fenómeno de El Niño de alta intensidad, con riesgos para el abastecimiento de agua, la generación de energía, la producción agropecuaria y los ecosistemas del país.
¿A quiénes afecta y cómo? La medida involucra a las entidades del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo, gobernaciones, alcaldías y sectores como el agro, energía y acueductos, que deberán fortalecer sus planes de preparación frente a una eventual temporada seca.
¿Qué intereses hay en juego? La protección de la población, la seguridad hídrica, la estabilidad del sistema energético, la producción de alimentos y la capacidad institucional para responder de manera oportuna a los efectos del fenómeno climático.
Dato clave a tener en cuenta: La Ley 1523 de 2012 permite declarar una situación de desastre no solo cuando una emergencia ya ocurrió, sino también ante una amenaza inminente, lo que faculta al Estado para adoptar medidas preventivas y agilizar la ejecución de recursos y proyectos.
El Gobierno nacional dio un paso anticipado para enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño 2026-2027 al declarar la situación de desastre nacional, una decisión que permitirá acelerar la ejecución de proyectos y movilizar recursos destinados a la prevención de una eventual emergencia climática. La medida fue aprobada por el Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y busca fortalecer la capacidad de respuesta del Estado frente a una posible temporada de sequía de gran magnitud.
La declaratoria se fundamenta en la Ley 1523 de 2012, norma que establece el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y faculta al Gobierno para adoptar medidas extraordinarias cuando exista una amenaza inminente. En este caso, las autoridades consideran que las proyecciones sobre el desarrollo del fenómeno climático justifican una intervención preventiva antes de que se materialicen sus impactos.
Gobierno busca anticiparse a los efectos de una posible mega sequía
El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Javier Pava, explicó que la legislación colombiana contempla la posibilidad de declarar una situación de desastre no solo cuando ocurre un evento adverso, sino también cuando las condiciones técnicas evidencian un riesgo cercano que exige acciones inmediatas.
Bajo ese criterio, el Gobierno pretende agilizar la ejecución de obras y programas orientados a disminuir la vulnerabilidad de los territorios que podrían verse afectados por la disminución de lluvias, el desabastecimiento de agua y el aumento de incendios forestales.
Durante la sesión del Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo, el presidente Gustavo Petro respaldó la decisión y aseguró que la declaratoria responde a estudios científicos que advierten sobre la alta probabilidad de un episodio intenso del fenómeno de El Niño. Según explicó, el propósito principal es proteger a la población y reducir, en la medida de lo posible, los efectos sobre los ecosistemas y las actividades económicas.
El mandatario también señaló que este mecanismo permitirá ejecutar proyectos mediante procedimientos especiales contemplados para las situaciones de desastre, entre ellos la contratación directa, con el propósito de acelerar la implementación de soluciones en las regiones que presenten mayor riesgo.
Entre las iniciativas priorizadas por el Ejecutivo se encuentra el fortalecimiento de proyectos de generación de energía solar, una apuesta con la que se busca reducir la vulnerabilidad del sistema energético ante los efectos que podría ocasionar una prolongada temporada seca. La estrategia contempla facilitar la participación de empresas nacionales e internacionales interesadas en desarrollar soluciones de rápida implementación.
Además del traslado de $4 billones hacia la UNGRD para financiar las acciones de prevención y respuesta, el Gobierno espera coordinar esfuerzos con autoridades regionales y locales para preparar planes de contingencia que permitan enfrentar posibles afectaciones sobre el abastecimiento de agua potable, la producción agropecuaria, la biodiversidad y el suministro de energía.
