En agosto de 2025, cuando el país todavía digería la condena en primera instancia contra Álvaro Uribe, el exsenador Álvaro Araújo Castro hizo desde Santa Marta una acusación que entonces pasó como una más dentro de la guerra política. Según su relato, años atrás Gustavo Petro lo visitó en su casa y le ofreció ayuda ante el sistema interamericano a cambio de declarar contra el expresidente. «Entrégame a Álvaro Uribe y te saco de las fauces de la corte», le habría dicho, de acuerdo con lo que Araújo le contó a El Colombiano. Petro nunca respondió.
Dos meses después, entre el 22 y el 24 de octubre de 2025, funcionarios de su gobierno se reunían en Valledupar con una decena de exjefes paramilitares en el encuentro que hoy se investiga como el pacto de Valledupar, en el que, según varios de sus asistentes, se les pidió hablar en contra de Uribe, de Abelardo de la Espriella y de Germán Vargas Lleras.
Los personajes que estarían detrás del ‘Pacto de Valledupar’
Lo que hace un año parecía el desahogo de un condenado por parapolítica hoy tiene otro peso. En la misma semana en que la Corte Suprema mandó a prisión al exmagistrado Camilo Tarquino y dejó en firme la condena contra José Leonidas Bustos, dos veces presidente de la Sala Penal, se multiplicaron las revelaciones sobre Valledupar: un video de Salvatore Mancuso, una fotografía del encuentro, el documento firmado allí y una investigación de la Procuraduría. Ambas historias conducen a la misma pregunta, la de si en Colombia la justicia se ha usado como mercancía, ya sea vendiendo fallos o encargando testimonios. Araújo lleva casi dos décadas sosteniendo que las dos cosas ocurrieron en su caso.
Araújo, exsenador del Cesar, fue condenado por la Corte Suprema a nueve años y tres meses de prisión por concierto para delinquir y constreñimiento al sufragante, acusado de aliarse con el Bloque Norte de las AUC. Fue el entonces candidato al Senado Gustavo Petro quien lo señaló públicamente en enero de 2006, y Araújo sostiene que desde entonces la investigación en su contra se impulsó desde la oficina legislativa de Petro. En entrevista con Radio Guatapurí, en febrero de este año, fue más lejos y aseguró que a su familia le pidieron dinero a nombre de Bustos a cambio de un fallo, y que se negaron a pagar. «Leonidas Bustos es un bandido, es un asaltante de carreteras», dijo. En esa misma entrevista se describió como un condenado sin juicio y afirmó que en su proceso se introdujo una testigo que no había sido presentada en la audiencia preparatoria.
Su versión no se sostiene solo en su palabra. La Procuraduría lo absolvió disciplinariamente por falta de pruebas concluyentes sobre el supuesto pacto con alias Jorge 40. En 2013, la Unión Interparlamentaria aprobó por unanimidad una resolución en la que concluyó que fue condenado en un proceso que violó su derecho a un juicio justo y sin pruebas contundentes en su contra. Y en 2022 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió su petición contra el Estado colombiano, que hoy avanza como el caso 14.977.
La admisión no equivale todavía a una condena contra el Estado, y hasta ahora ningún expediente del Cartel de la Toga menciona su proceso, de modo que el cobro que denuncia sigue siendo su testimonio. Pero ese testimonio describe exactamente el tipo de conducta que la propia Corte terminó probando dentro de sus muros.
Las sentencias no dejan dudas sobre lo que ocurrió en el máximo tribunal. Según el fallo contra Bustos, él y Francisco Ricaurte empezaron a gestar desde 2012 una empresa criminal para vender la función jurisdiccional, y sus clientes eran congresistas investigados a quienes se les cobraba por desviar o frenar sus procesos. Al exsenador Musa Besaile le pidieron 2.000 millones de pesos y al exsenador Álvaro Ashton, 1.200 millones. En el caso de Besaile, la Corte encontró que uno de los compromisos fue apartar al magistrado auxiliar que llevaba la investigación, cosa que efectivamente ocurrió. La Fiscalía describió un repertorio que incluía conseguir información privilegiada, usar medios de comunicación para restarles credibilidad a los testigos e incluso alterar evidencias. Tarquino, por su parte, le exigió dinero al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons asegurando que actuaba en nombre de Bustos y Ricaurte. Con él ya son cuatro los exintegrantes de la Corte condenados, junto a Ricaurte, Gustavo Malo y Bustos, quien vive en Canadá desde 2019 y cuya extradición pidió la Corte al Gobierno.
Hay otra cara del esquema que nunca quedó escrita en una sentencia y que es la que Araújo pone sobre la mesa: qué les pasaba a quienes no pagaban. En 2017, Besaile declaró ante la Corte que el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno lo extorsionó con 2.000 millones de pesos para frenar una orden de captura, y que para presionarlo le puso como ejemplo al exsenador Julio Manzur, quien supuestamente había sido capturado en 2015 por no pagar. Esa versión no fue establecida judicialmente, pero dibuja la misma lógica que denuncia Araújo, en la que la toga funcionaba como herramienta de presión en las dos direcciones, para absolver a quien pagaba y para hundir a quien se negaba.
El presunto rol de Angie Rodríguez en el ‘Pacto de Valledupar’
Esa lógica de la justicia como moneda de cambio reaparece, con otros actores, en Valledupar. Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia y exgerente del Fondo Adaptación, le contó a Semana que el gobierno reunió a los antiguos comandantes de las AUC, entre ellos Mancuso y alias Jorge 40, en un encuentro presentado oficialmente como el cierre del Pacto de Ralito. Según su versión, días antes Petro le pidió que los excomandantes hablaran sobre la supuesta participación de Uribe, del entonces candidato De la Espriella, que encabezaba las encuestas, y del fallecido exvicepresidente Vargas Lleras, a siete meses de la primera vuelta. Si esa versión se confirma, se trataría de un presidente en ejercicio y de funcionarios de su gobierno usando recursos del Estado para conseguir acusaciones contra sus rivales políticos en plena campaña presidencial.
Rodríguez no es la única voz. Mancuso afirmó en un video que delegados del gobierno les pidieron «acusar a tres hombres para ganar una elección» y aseguró que ninguno de los exjefes aceptó. Su abogado, Juan Carlos Villamizar, le dijo a Caracol Radio que fue testigo presencial de las reuniones y señaló a Rodríguez y al asesor presidencial Víctor de Currea Lugo como quienes plantearon la solicitud. La FM, a su vez, reveló el texto de la Declaración de Valledupar, que no menciona a los tres dirigentes pero sí incluye entre los incentivos por estudiar la excarcelación de exparamilitares designados como gestores de paz y la revisión de la figura de la extradición. Es decir, beneficios judiciales sobre la mesa en el mismo encuentro en el que, según los asistentes, se pedían declaraciones contra la oposición, el mismo intercambio que Araújo dice haber rechazado años atrás.
A esos testimonios se sumó una imagen. El columnista Melquisedec Torres publicó la que presentó como la primera fotografía conocida del encuentro, en la que aparecen el entonces director de la Dirección Nacional de Inteligencia, Jorge Lemus; el entonces gerente de RTVC, Hollman Morris, con un fajo de documentos en la mano; el abogado Villamizar y el asesor De Currea Lugo. Según las fuentes de Torres, esos papeles eran el libreto de una transmisión en vivo preparada para el cierre del evento, para la cual Morris habría dispuesto una unidad móvil, un equipo de producción del sistema de medios públicos y una presentadora. Uno de los exjefes le dijo a Semana que habían pedido que no hubiera prensa y que, aun así, se encontraron con Morris en el lugar. Que el jefe de la inteligencia del Estado, el gerente de los medios públicos y un asesor de la Presidencia coincidieran frente a los antiguos comandantes de las AUC es, por sí solo, un hecho que exige explicaciones.
Las instituciones ya se movieron. La Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra el exministro del Interior Armando Benedetti y contra Angie Rodríguez, el Ministerio de Justicia le pidió a la Fiscalía investigar las reuniones y ante la Comisión de Acusación de la Cámara se radicó una denuncia contra Petro. El expresidente publicó el documento firmado en Valledupar y negó cualquier plan contra la oposición, al sostener que el propósito era garantizar la devolución de los bienes de los paramilitares a las víctimas.
Morris reconoció que estuvo allí, pero negó que hubiera unidad móvil, presentadora o equipo de RTVC, y aseguró que viajó para intentar entrevistar a alias Jorge 40. Ninguna de estas versiones ha sido confirmada todavía por la justicia.
La coincidencia entre el relato de Araújo y lo que hoy se investiga en Valledupar no prueba por sí misma su historia, pero sí obliga a mirarla de nuevo. En los dos casos el objetivo nombrado es el mismo, Álvaro Uribe, y la oferta descrita es la misma, beneficios judiciales a cambio de declaraciones. El Cartel de la Toga ya tuvo respuesta en los estrados, con cuatro exmagistrados condenados. Valledupar quedará en manos de la Fiscalía, la Procuraduría y la Comisión de Acusación, y el caso de Araújo seguirá su curso en la Comisión Interamericana.
Durante casi veinte años, el exsenador del Cesar ha repetido que en Colombia la justicia se negocia. Esta vez no es el único que lo dice. Cabe resaltar que las declaraciones de Mancuso aún están en revisión y las autoridades serán las responsables de constatarlas.