Este 28 de julio de 2025, el expresidente Álvaro Uribe fue declarado culpable de soborno en actuación penal y fraude procesal, en un hito judicial sin precedentes en Colombia.
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Tras el veredicto que ha generado gran controversia, su equipo jurídico difundió un comunicado en el que anunció que guardará “un silencio prudente” hasta conocer la sentencia completa, y confirmó que apelará.
La audiencia para individualizar la pena será el viernes; la defensa sostiene que la presunción de inocencia se mantiene hasta que haya fallo en firme.
El comunicado de la defensa: silencio inicial y ruta jurídica
En un comunicado de prensa fechado el 29 de julio de 2025, la oficina del abogado Jaime Granados señaló que, frente a la decisión que se conocerá el viernes a las 2:00 p. m., el equipo “guardará un silencio prudente mientras se conoce y estudia el fallo en su integridad”.
Agregó que solo después de examinar la sentencia “se emitirán pronunciamientos de fondo”. La defensa anunció que apelará ante el Tribunal Superior de Bogotá y, “de ser necesario”, acudirá a la Sala de Casación Penal.
También reiteró su “convicción sobre la inocencia” del exmandatario. El equipo está integrado por Jaime Granados, Jaime Lombana, Juan Felipe Amaya, Franklim Guevara y Édgar Barraza.
Comunicado de la defensa del señor Presidente @AlvaroUribeVel pic.twitter.com/gXkJvnOlqX
— Jaime Granados Peña (@JGranadosPena) July 29, 2025
La postura coincide con lo dicho en audiencia: la defensa de Álvaro Uribe sostendrá su tesis de que no existió plan para torcer testimonios, y que las ayudas gestionadas por el exabogado Diego Cadena no comprometieron al exmandatario.
Contexto del caso y alcance del fallo contra Álvaro Uribe
El proceso se remonta a 2012, cuando Álvaro Uribe denunció al senador Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos.
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En 2018, la Corte Suprema archivó esa investigación y abrió otra contra el expresidente por presuntos intentos de influencia sobre testigos que lo vinculaban con paramilitares.
Con el tiempo, la Fiscalía formuló acusación, se practicaron interceptaciones y se valoraron grabaciones como la de Juan Guillermo Monsalve. El 28 de julio de 2025, la jueza Sandra Heredia lo declaró culpable de fraude procesal y soborno en actuación penal; lo absolvió del soborno simple.
El fallo —leído durante cerca de diez horas— marca la primera condena en juicio contra un expresidente colombiano. Los medios internacionales reseñaron que la jueza validó pruebas clave como escuchas telefónicas y grabaciones y sostuvo que Uribe conocía lo ilícito de las actuaciones de su entorno. La decisión elevó la tensión política a días de que se definan las condiciones de la pena que se conocerán el próximo viernes a las 2 de la tarde.
¿Qué viene para Álvaro Uribe? Pena, apelación y presunción de inocencia
La sentencia —la pena exacta— se anunciará el viernes, y de acuerdo con el marco legal aplicable, los delitos por los que fue hallado culpable contemplan rangos que oscilan entre 6 y 12 años de prisión. Por la edad de Álvaro Uribe (73 años), varios medios indican que podría cumplir pena en detención domiciliaria, sujeto a lo que decida el juzgado. La defensa anticipó recursos de apelación y, de ser necesario, casación.
Aun con el veredicto, los abogados insisten en que la presunción de inocencia no se extingue hasta que exista sentencia ejecutoriada. Esa doctrina se desprende del artículo 29 de la Constitución y de la jurisprudencia constitucional, que entiende la presunción como una garantía que se desvirtúa únicamente con una condena en firme.
Por eso, el trámite ante el Tribunal Superior de Bogotá será decisivo, y una eventual casación ante la Corte Suprema podría prolongar el desenlace.
Quiénes son los abogados y cómo han actuado en el juicio
El penalista Jaime Granados lidera la estrategia de Álvaro Uribe y ha promovido tutelas, recusaciones y solicitudes de garantía para declaraciones desde cárceles. También integran la defensa Jaime Lombana, con amplia trayectoria en litigios de alto perfil; Juan Felipe Amaya, quien ha intervenido activamente en audiencias; Franklim Guevara, abogado interrogado como testigo; y Édgar Barraza, litigante que protagonizó un incidente por mostrar un chat durante un contrainterrogatorio.
En las semanas previas al fallo, Granados pidió que, “sin importar el sentido” del veredicto, se garantizara la libertad de Uribe durante el juicio y cuestionó demoras y supuestos vicios del proceso.
El Tribunal Superior de Bogotá, no obstante, negó tutelas y ordenó continuar el juicio. Para la Fiscalía, existen pruebas suficientes de un plan para manipular testigos; la Procuraduría, en cambio, había solicitado absolución.
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