Estamos en 2024, y todavía no logro entender por qué muchos alcaldes y gobernadores del país no ven en la infraestructura un verdadero motor de desarrollo económico y un medio para mejorar la calidad de vida de las personas. Es un problema que no se limita a los mandatarios actuales; también se extiende a sus predecesores.
Este contenido hace parte de la 9° edición de la Revista 360, producto periodístico anual y exclusivo elaborado por 360 Radio.
Afortunadamente, existen excepciones, como los alcaldes Alejandro Char y Dumek Turbay, quienes creen firmemente en la importancia de la infraestructura y apuestan sin dudarlo a transformar los territorios a través de las obras públicas.
Sin embargo, para muchos otros, invertir en infraestructura es visto como un gasto innecesario o, peor aún, como un lujo para los ricos. Este tipo de pensamiento no solo es demagógico y populista, sino también mediocre e irresponsable.
Lamentablemente, algunos mandatarios se han quedado atrapados en el tiempo. Durante los próximos cuatro años, en muchas regiones del país, no veremos la construcción de un solo andén, una nueva vía, un intercambio vial ni sistemas de transporte público. Parques, aeropuertos y puertos tampoco estarán en la agenda. Este desinterés raya en el abandono total y el negacionismo.
La infraestructura es inclusiva por naturaleza; no discrimina por estratos sociales, género, edad o etnia. Por las vías del país transitan ricos, pobres, clase media, afrodescendientes, indígenas, mestizos, hombres, mujeres, niños, jóvenes y adultos mayores. Las obras públicas no son un privilegio; son una necesidad colectiva.
Ejemplos de mediocridad, sobran. En Bogotá, intentos de ciclorrutas como los de la carrera 7ª y la carrera 11 resultaron ser simples líneas amarillas con conos, en lugar de verdaderas infraestructuras que protejan a ciclistas y peatones. Resolver el tráfico no se trata únicamente de construir más vías, pero la falta de planificación y ejecución adecuada perpetúa el caos.
En el mundo, las ciudades están construyendo paseos peatonales, malecones y toda clase de obras que benefician tanto a locales como a extranjeros. Pero en Colombia, los mandatarios que promueven este tipo de proyectos son una minoría. Aunque se ha avanzado en la reactivación de algunas redes férreas, falta mucho por hacer, y el progreso suele estar en contra de los intereses de ciertos sectores.
Casos como el de Antioquia son emblemáticos. Compromisos nacionales no cumplidos obligaron al gobernador a reclamar la administración de vías clave para intentar terminarlas. Esto no solo afecta a la región, sino a todo el país.
Es crucial detonar proyectos estratégicos de infraestructura: nuevas redes férreas, sistemas reales de autopistas y soluciones a problemas históricos en aeropuertos. El caso del aeropuerto de Cartagena es un ejemplo de urgencia: su estado actual es impresentable.
Lo mismo ocurre con otros aeródromos que deberían ser aeropuertos funcionales. Bogotá, por su parte, no puede seguir esperando la tercera o cuarta pista, o incluso un nuevo aeropuerto.
La infraestructura trae progreso, y quienes no lo entienden no merecen ocupar cargos públicos. Los ciudadanos tienen la responsabilidad de castigar electoralmente a aquellos que no cumplen con su deber de construir un país más productivo, competitivo y seguro, con mejor calidad de vida para todos.
El atraso histórico que enfrentamos en esta materia es innegable, pero también lo es la posibilidad de revertirlo si comenzamos a tomar decisiones correctas y a exigir resultados.
Por: Andrés Felipe Gaviria Cano, Consultor y asesor en asuntos de Gobierno
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