Un informe elaborado por la Fundación Paz y Reconciliación (PARES) advierte que 195 de las 3.144 candidaturas inscritas al Congreso presentan algún tipo de cuestionamiento, un fenómeno que, según el análisis, refleja los riesgos de la cooptación política por estructuras con antecedentes o prácticas que generan dudas sobre la transparencia del sistema.
El estudio identificó perfiles con investigaciones judiciales, fiscales o disciplinarias, así como aspirantes vinculados a clanes políticos, maquinarias burocráticas u otras dinámicas que, sin constituir necesariamente una condena, despiertan alertas.
Pares alerta por 195 candidatos al Congreso con cuestionamientos
Para Pares, este escenario obliga a una revisión más cuidadosa por parte de los votantes, en un contexto donde la confianza institucional sigue siendo frágil.
De acuerdo con el informe, la mayoría de las candidaturas cuestionadas corresponde a hombres, que representan el 74,8%, mientras que las mujeres suman el 25,1%. En cuanto al tipo de aspiración, 78 candidaturas buscan una curul en el Senado, 111 en la Cámara de Representantes y seis pertenecen a circunscripciones especiales, entre ellas las de comunidades indígenas, afrodescendientes y de paz.
El análisis también incluyó la filiación política de los aspirantes. En ese punto, los partidos tradicionales concentran el mayor número de cuestionamientos. El Partido Liberal encabeza la lista con 33 candidatos señalados, seguido del Partido Conservador con 32. Más atrás aparecen el Partido de la U, con 29, y Cambio Radical, con 25. En conjunto, estas cuatro colectividades agrupan más del 60% de los casos identificados por la fundación.
Uno de los apartados más sensibles del informe es el relacionado con la presencia de clanes políticos. Pares señala que 78 de los 195 candidatos cuestionados hacen parte de estructuras clientelares de carácter regional, donde el poder se concentra en redes familiares y alianzas políticas que suelen rotarse cargos de elección popular y posiciones clave en entidades del Estado.
Según la definición del informe, estos clanes no solo sobreviven elección tras elección, sino que se adaptan y se fortalecen mediante su relación con el aparato estatal, lo que termina reproduciendo prácticas de clientelismo. En regiones como la Caribe, se identifican varios de estos grupos con influencia tanto en listas al Senado como a la Cámara. En el interior del país, el fenómeno también se repite con casas políticas tradicionales y otras catalogadas como emergentes.
La distribución territorial de las candidaturas cuestionadas es amplia. Pares registró presencia en 28 departamentos y en Bogotá, lo que evidencia que el problema no está concentrado en una sola región. No obstante, el informe advierte una mayor acumulación en el centro y el norte del país, especialmente en las listas a la Cámara de Representantes.
Antioquia, Atlántico y Santander encabezan el listado con nueve candidatos cuestionados cada uno, seguidos por Bolívar y Cesar, con ocho, y Bogotá, con siete. En conjunto, estos seis territorios concentran cerca del 45% de las candidaturas con observaciones en esa corporación.
Aunque el informe aclara que la mayoría de aspirantes no pertenece a clanes políticos, la proporción de casos señalados resulta significativa. Para Pares, este panorama subraya la necesidad de fortalecer el control ciudadano y el acceso a información clara, de cara a unas elecciones en las que el voto informado puede
