La incorporación de estos drones amplía los recursos tecnológicos con los que las autoridades realizan labores de vigilancia, reconocimiento y seguimiento en Antioquia, la entrega se llevó a cabo en las instalaciones de la Cuarta Brigada, en Medellín, durante un acto encabezado por el gobernador Andrés Julián Rendón y al que asistieron representantes de las instituciones militares y policiales.
La distribución contempla 29 aeronaves no tripuladas para el Ejército Nacional, seis para la Policía y una para la Fuerza Aérea. La mayor parte de la dotación estará destinada a unidades con presencia en distintas zonas del departamento, con el objetivo de mejorar la capacidad de observación y obtener información desde el aire en sectores de difícil acceso.
Así se distribuirán los drones: ¿qué capacidades tienen los equipos?
La compra representa una nueva inversión en tecnología para la Fuerza Pública, pero también vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre cómo se financian estas adquisiciones: la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, un cobro que comenzó a aplicarse en enero de 2025 y que tiene vigencia hasta diciembre de 2027.
De los 29 dispositivos asignados al Ejército, 25 serán utilizados por los Escuadrones Militares y Policiales Antioquia Segura (EMPÁS), mientras que los cuatro restantes llegarán a las brigadas 4, 11, 14 y 17. En el caso de la Policía, dos equipos estarán en la Metropolitana del Valle de Aburrá, otros dos en el Departamento de Policía Antioquia y los restantes en Urabá y Magdalena Medio, uno para cada jurisdicción. El dron entregado a la Fuerza Aérea operará en el Comando Aéreo de Combate 5.
Cámaras térmicas y vuelos de larga duración
La dotación incluye tres referencias tecnológicas: DJI Matrice 4T, DJI Matrice 400 y Autel Dragonfish, Sus características varían según el modelo, pero entre sus capacidades se encuentran la captura de imágenes de alta resolución, los sensores térmicos infrarrojos y la transmisión de video en tiempo real.
Estas herramientas permitirán identificar personas y vehículos, reconocer terrenos, ubicar fuentes de calor y hacer seguimiento a situaciones que puedan representar riesgos, de igual manera facilitarán las operaciones nocturnas y la vigilancia de corredores estratégicos, algunos de los equipos cuentan con autonomías superiores a tres horas de vuelo y alcances que superan los 30 kilómetros.
Los Matrice 4T incorporan cámaras visuales y térmicas, además de sistemas para georreferenciar puntos de interés. Los Matrice 400 están concebidos para recorridos más prolongados y reconocimiento de grandes extensiones, mientras que los Dragonfish son aeronaves de ala fija con despegue y aterrizaje vertical, que pueden integrar cámaras con zoom óptico de hasta 20 aumentos.
Para operar estos dispositivos, 38 uniformados recibieron formación especializada en una institución avalada por la Aeronáutica Civil. El comandante de la Séptima División del Ejército, brigadier general Eduardo Alberto Arias Rojas, destacó que los equipos ayudarán a anticipar amenazas y prevenir posibles acciones terroristas, además de contribuir a la protección de los integrantes de la Fuerza Pública y de la población civil.
La tasa que financia la dotación está bajo cuestionamiento
La entrega se suma a otras adquisiciones financiadas con la contribución departamental. De acuerdo con el balance de la Gobernación, los recursos han permitido suministrar 55 camionetas, seis de ellas blindadas; 178 motocicletas, seis botes, un camión y cinco sistemas antidrones. También se han adquirido cascos balísticos, chalecos antibalas, radios, equipos de comunicación y elementos de campaña.
En materia tecnológica, la Administración reporta avances en la instalación de más de 445 kilómetros de fibra óptica en más de 100 municipios y en la conexión de más de 9.700 cámaras públicas y privadas al Nodo Departamental de Seguridad. En conjunto, la Gobernación señala que las inversiones financiadas mediante esta tasa superan los $473.000 millones.
Sin embargo, la continuidad del cobro enfrenta reparos del sector empresarial, pues el Comité Intergremial Antioquia y Fenalco Antioquia solicitaron al gobernador Andrés Julián Rendón desmontar la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana antes de que termine su periodo de vigencia, argumentando que representa una carga para las empresas y puede afectar los costos y la competitividad regional.
La petición plantea un debate sobre el equilibrio entre la financiación de las capacidades de seguridad y el impacto económico de la contribución. Mientras la Gobernación destaca los equipos y la infraestructura adquiridos con esos recursos, los gremios piden revisar la permanencia del cobro, que está previsto hasta el 31 de diciembre de 2027.
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