Las regiones golpeadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto comenzaron a recibir un respiro financiero este miércoles. El mandato del presidente Abelardo De La Espriella puso oficialmente en marcha el Fondo Milagro, un mecanismo especializado que echa a andar con un desembolso inicial de $1 billón de pesos, una vez quedó formalmente constituida la fiduciaria fiduciaria encargada de su custodia.
El anuncio corrió por cuenta del vicepresidente José Manuel Restrepo durante el desarrollo del primer Encuentro Regional para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, llevado a cabo en Pereira. Desde allí, el alto funcionario confirmó que la estructura fiduciaria quedó lista de manera oportuna para empezar a irrigar los recursos en las zonas devastadas, mientras el Ejecutivo prepara el terreno para ampliar el presupuesto en las próximas semanas.
Panorama general: La hoja de ruta trazada para el arranque de este fondo contempla una asignación prioritaria de $627.000 millones, pensada para saciar las urgencias más apremiantes de las poblaciones damnificadas.
De acuerdo con el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ríos, los esfuerzos iniciales se concentrarán en tres líneas de acción indispensables: labores de demolición, retiro de escombros y un censo detallado de daños. Este último aspecto es considerado la piedra angular para dimensionar con precisión el impacto del desastre y diseñar a la medida los proyectos que requerirá cada localidad.
«Van a estar focalizados en una primera etapa: demolición, remoción de escombros y evaluación de necesidades, porque es necesario identificar en dónde fueron las afectaciones», puntualizó Ríos durante el foro en Pereira.
Esta fase de diagnóstico servirá como trampolín para que, a partir del mes de noviembre, se active un segundo bloque presupuestario enfocado en levantar infraestructura crítica, como viviendas, centros educativos, puestos de salud, vías y redes de servicios públicos.
Ante los cuestionamientos sobre los tiempos de respuesta institucional, el jefe de Estado, Abelardo De La Espriella, reconoció que destrabar las ayudas exigió sortear una compleja maraña burocrática heredada. «Entiendan que la paquidermia del Estado, la situación que hemos recibido, es supremamente compleja. Y, sin embargo, aquí estamos resolviendo y ya quedó ayer listo el Fondo Milagro», expresó.
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El nacimiento del Fondo Milagro se remonta al Decreto Legislativo 1379 del 9 de septiembre de 2026, promulgado al amparo del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Su marco de acción es amplio: desde la ayuda humanitaria urgente hasta la reactivación económica, pasando por la rehabilitación de los territorios y la gestión del riesgo.
Para blindar el manejo del dinero, el Ministerio de Hacienda diseñó un patrimonio autónomo mediante un contrato de fiducia mercantil. No obstante, las reglas estipulan que los capitales públicos no se girarán de forma anticipada; estos se mantendrán en el Sistema de Cuenta Única Nacional y solo se liberarán de manera directa a los contratistas y beneficiarios finales una vez se verifique el cumplimiento estricto de las obras, bienes o servicios entregados a satisfacción.
La brújula estratégica del fondo estará en manos de un Consejo Directivo encargado de aprobar el plan de intervención y priorizar las obras. Asimismo, el uso de cada peso contará con la veeduría de una auditoría independiente elegida por concurso público y con el control fiscal de la Contraloría.
Lejos de buscar una simple restitución de lo perdido, el presidente De La Espriella enfatizó que la ambición gubernamental es más profunda: «No quiero una reconstrucción limitada a reponer lo que se perdió, quiero que tenga una ambición mayor», aseveró.
Por qué es importante: La arquitectura financiera del Ejecutivo no se detiene en este primer billón. Los planes apuntan a sumar $2,7 billones adicionales en noviembre, lo que elevaría la capacidad de intervención del fondo hasta los $4 billones en esta etapa temprana.
Este segundo tramo de recursos depende de una modificación presupuestal que actualmente tramita el Gobierno, una adición calculada en exactamente $2,708 billones, respaldada por los recaudos tributarios, aduaneros y cambiarios originados durante la emergencia.
A este despliegue fiscal se unirá el sector empresarial. El vicepresidente Restrepo informó que se habilitó un cupo de $211.000 millones a través del esquema de Obras por Impuestos, permitiendo que las compañías financien y ejecuten directamente proyectos comunitarios en las zonas afectadas a cambio de deducir dichos montos de sus obligaciones con el fisco.
Con los engranajes legales e institucionales listos, el gran reto del Gobierno consistirá en traducir esta robusta inyección de capital en soluciones tangibles para las familias que esperan recuperar sus hogares y su cotidianidad.