La reciente propuesta del Gobierno Nacional de gravar con un IVA del 19% a las plataformas de juegos de azar online ha encendido las alarmas en Asojuegos, quienes advierten que la medida podría tener efectos devastadores tanto para la industria legal de apuestas como para los recursos que se destinan al sistema de salud.
Asojuegos, la Asociación Colombiana de Operadores de Juegos, manifestó su rechazo a la iniciativa, argumentando que el recaudo esperado de $2,1 billones por parte del Ministerio de Hacienda es irrealizable. Según explican, el cálculo del gobierno se basa en la estimación de apuestas por $35,6 billones en 2023, sin considerar que estas cifras no representan dinero real, sino créditos de juego que los usuarios reutilizan varias veces.
“Pretender gravar con un 19% sobre la totalidad de las apuestas es inviable, ya que equivaldría al 100% de los recursos que manejan los operadores”, afirmó Juan Carlos Restrepo, presidente de Asojuegos.
Crecimiento del sector y sus aportes al país
El gremio señaló que desde la regulación de los juegos online en 2015, el sector ha crecido exponencialmente en Colombia, destacándose como un referente en América Latina. Según cifras de Asojuegos, las transferencias al sistema de salud por derechos de explotación de juegos online pasaron de $3.496 millones en 2017 a $317.977 millones en 2023, un crecimiento del 914%.
Otro punto crítico señalado por la asociación es la posible migración de los jugadores a plataformas ilegales, que no están sujetas a la misma regulación ni cargas fiscales, lo que no solo incrementaría la informalidad en el sector, sino que reduciría los ingresos fiscales del gobierno, afectando directamente los recursos que se destinan a la salud.
«Si el IVA se aplica, el retorno al jugador, que hoy es del 93%, se reduciría a un rango de 71% a 75%, lo que haría más atractivas las plataformas ilegales e internacionales», advirtió Restrepo.
Asojuegos subrayó que un nuevo impuesto haría insostenible el modelo de negocio, afectando la inversión en tecnología, empleo y publicidad local, con repercusiones negativas en la economía del país.
Finalmente, solicitaron al Gobierno Nacional abrir un espacio de diálogo para encontrar alternativas que no afecten la competitividad del sector ni los ingresos que este genera para el país y pese los desafíos, el gremio reiteró su compromiso con la transparencia fiscal y su lucha contra la ilegalidad en la industria del juego en Colombia.
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