En Río Iró, un pequeño municipio del sur del Chocó, la estación de Policía fue blanco de al menos trece ataques con drones. Cayeron cerca de cuarenta y ocho explosivos. En Condoto y en Nóvita pasó lo mismo. Fueron tres días seguidos y más de treinta y tres ataques, según la gobernadora Nubia Carolina Córdoba. Días después, en Tibú, otro ataque con drones dejó cuatro heridos, entre ellos una menor de edad. Y este fin de semana se conoció el hallazgo, en Norte de Santander, de un arsenal que pertenecería al ELN, con cien granadas para drones.
Son hechos de extrema gravedad. Y hay que decirlo sin rodeos: hoy, en buena parte del territorio, los ilegales parecen tener más capacidad ofensiva en el aire que el propio Estado colombiano.
Más de un ataque con drones por día
Las cifras no dejan espacio para la duda. Según el balance de la Fuerza Pública conocido por El Tiempo, a mediados de septiembre ya iban 292 ataques con drones en 2026. Son más que los 277 de todo 2025. Más de uno por día. Entre 2024 y este año, estos aparatos han dejado 31 muertos y 456 heridos. La mayoría son soldados y policías, pero también hay civiles.
La pregunta es inevitable: ¿cómo llegamos aquí? La respuesta es la de siempre. Colombia, como casi siempre, llegó tarde.
Una herencia que no tiene un solo padre
Conviene ser justos. Esto no es culpa del Gobierno que se posesionó hace apenas dos meses. Es una herencia. Y esa herencia tiene más de un responsable.
El gobierno de Gustavo Petro carga con la mayor parte. Durante cuatro años, la llamada paz total suspendió operaciones, ablandó la presión militar y les dio a los grupos armados lo que más necesitaban: tiempo. Lo usaron para armarse, comprar tecnología y aprender.
Cuando por fin se reaccionó, en enero de este año, se anunció un Escudo Nacional Antidrones por más de seis billones de pesos. El proyecto terminó envuelto en cuestionamientos por la cercanía de intermediarios con el poder. A estas alturas, ese escudo sigue sin proteger a nadie.
Pero sería deshonesto quedarse ahí. El gobierno de Iván Duque también falló en anticiparse. La amenaza no era un secreto. El Estado Islámico ya usaba drones con explosivos en Irak desde 2016. El 4 de agosto de 2018, tres días antes de la posesión de Duque, en Caracas se intentó un atentado con drones contra Nicolás Maduro. Y el propio Ministerio de Defensa ha reconocido que desde 2021, todavía bajo ese gobierno, ya se registraban ataques de este tipo en el país.
Las señales estaban ahí. Nunca se convirtieron en una política de Estado.
La seguridad no puede ser ideológica
Ese es el fondo del problema. La seguridad nacional no puede ser una política de gobierno. Tiene que ser una política de Estado. No puede depender de la ideología del presidente de turno, ni cambiar de rumbo cada cuatro años, ni quedar a merced de las encuestas y del aplauso de la tribuna.
Las amenazas no esperan a que termine un debate ideológico. Un país serio planea su defensa con diez y veinte años de anticipación, gobierne quien gobierne.
«Hoy, en buena parte del territorio, los ilegales parecen tener más capacidad ofensiva en el aire que el propio Estado colombiano.»
Colombia no lo hizo. Mientras el mundo veía cómo los drones transformaban la guerra, primero en Oriente Medio y después en Ucrania, aquí seguíamos discutiendo si se podía o no perseguir a los violentos.
El resultado está a la vista: policías en pueblos apartados del Chocó o del Catatumbo, detrás de paredes de ladrillo, frente a enemigos que atacan desde el cielo sin arriesgar a uno solo de sus hombres.
El abandono, retratado en un solo dato
La gobernadora del Chocó anunció que usará el fondo de seguridad de su departamento, uno de los más pobres del país, para comprar sistemas antidrones. Una gobernación tratando de proteger a la Policía Nacional con sus propios recursos. Eso no puede volver a ocurrir.
Qué hacer: acudir ya a los aliados
No hay tiempo para una licitación de años ni para otro proceso enredado. Colombia necesita acudir de inmediato a sus aliados.
Estados Unidos ya ha mostrado disposición. En agosto se anunció el préstamo de tres aeronaves MQ-9A Reaper para nuestras Fuerzas Militares. Ese mismo canal debe servir para conseguir con urgencia sistemas de detección e interceptación de drones.
Israel, con el que Colombia acaba de restablecer relaciones diplomáticas tras la ruptura de 2024, tiene una de las industrias de defensa antiaérea y antidrones más probadas del mundo. Desperdiciar esa alianza recién recuperada sería imperdonable.
El Reino Unido, que ha acompañado a Ucrania en la guerra de drones más intensa de la historia, tiene un conocimiento que hoy vale oro para nuestras tropas.
Lo que proponemos es claro: acuerdos de emergencia de gobierno a gobierno, con equipos, entrenamiento e inteligencia. Protección real para las estaciones de Policía, los batallones del Ejército y las unidades de la Armada más expuestas, en los próximos meses y no en los próximos años. Y protección para la población civil, que vive al lado de esas estaciones y paga con su vida la indefensión del Estado.
Esto no es renunciar a la soberanía. Es ejercerla. Un Estado soberano defiende su territorio con las herramientas necesarias y, si esas herramientas están en manos de sus aliados, la obligación es ir a buscarlas.
Por una vez, llegar a tiempo
El nuevo Gobierno no creó este problema, pero sí tiene la obligación de resolverlo. Y la tiene ya.
Cada semana de demora es un policía herido, un soldado muerto, una familia desplazada. Colombia lleva demasiado tiempo llegando tarde. Llegó tarde a los cultivos ilícitos, a la minería ilegal y a los drones.
Esta vez no podemos darnos ese lujo. Porque cuando los ilegales dominan el cielo, el Estado ya no gobierna el suelo.
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