En junio pasado, las cámaras de seguridad de la Universidad de Antioquia grabaron a un hombre disparando un arma de fuego contra tanquetas de la Policía, parapetado detrás de la portería del campus, durante unos disturbios.
Horas después fue capturado en un barrio de Medellín. No era estudiante. En su casa, la Fiscalía encontró banderas del ELN, un carné falso que lo identificaba como periodista y defensor de derechos humanos, prendas de uso militar, un dron y apuntes escritos a mano sobre fabricación de explosivos.
Eso no es una protesta estudiantil que se salió de cauce. Es una célula armada operando desde un campus universitario como si fuera zona de retaguardia.
Hay que decirlo con toda claridad, porque en Colombia se ha vuelto costumbre confundir los términos: la autonomía universitaria no está en discusión. Es un derecho constitucional legítimo y necesario, pensado para que las universidades públicas gobiernen su vida académica, administrativa y financiera sin injerencia del poder de turno. Nadie serio propone tocarla.
Autonomía no es soberanía para las universidades
El problema es otro, y es el que este país lleva demasiado tiempo evadiendo: autonomía no es soberanía. Una universidad pública no es una república independiente. No tiene frontera, no tiene ejército propio, no tiene fuero para que dentro de sus rejas dejen de aplicar el Código Penal. Y sin embargo, así ha funcionado de facto en no pocos campus del país.
No hablamos de todas las universidades públicas, ni de la inmensa mayoría de sus estudiantes, que llegan a clase a estudiar y salen de ella a trabajar. Hablamos de casos plenamente identificados. El 27 de mayo de este año, un grupo de encapuchados ingresó a un edificio de la Universidad Nacional en Bogotá, se identificó mediante pasquines y grafitis como integrante de la «Unión Clandestina Popular» y del «Movimiento Bolivariano Farc-EP», y exigió la evacuación del edificio bajo amenaza de activar explosivos.
Meses antes, la propia Universidad Nacional había reportado presencia de disidencias de las Farc en inmediaciones de su campus. Y según reportes de inteligencia conocidos este año, el ELN mantiene cerca de treinta células o «colectivos» operando en distintas zonas de Bogotá, varias de ellas enfocadas en captar universitarios: entrenamiento técnico para fabricar artefactos explosivos incluido. Un excomandante de la Policía en la capital lo resumió sin eufemismos: hay terroristas infiltrados en las universidades, y su objetivo no es la protesta, es el caos.
A esa infiltración armada se suma otro negocio, más silencioso y probablemente más rentable: el narcotráfico. En noviembre pasado cayó dentro del campus de la Universidad Industrial de Santander, en Bucaramanga, una red de microtráfico integrada por estudiantes y exestudiantes que vendía marihuana, cocaína y sustancias sintéticas en comedores y pasillos, con ganancias calculadas en cerca de mil millones de pesos mensuales.
En la Universidad del Valle, autoridades judiciales han documentado estructuras de microtráfico con vínculos a bandas criminales como Los Rastrojos. En la Nacional, las propias directivas han reconocido que el ingreso sin controles rigurosos ha facilitado el crecimiento del expendio de droga dentro del campus. Esto no es un rumor de pasillo. Es un patrón judicial repetido, con capturas, allanamientos y expedientes abiertos.
Y hay un tercer síntoma que casi nadie quiere nombrar en voz alta: la matrícula eterna. En la Universidad de Antioquia hay más de dos mil estudiantes activos matriculados por encima de catorce semestres; el caso más extremo lleva treinta y nueve, casi veinte años sin graduarse. Existen explicaciones legítimas —estudiantes que trabajan, que cursan medio tiempo, que vienen de estratos bajos—, y esta columna no pretende borrar esa realidad con una generalización injusta para la mayoría que sí estudia en esas condiciones.
Pero cuando una minoría permanece dentro del campus año tras año, semestre tras semestre, sin acercarse a un título, y ese mismo campus alberga simultáneamente redes de microtráfico y presencia armada documentada, la pregunta deja de ser ingenua: ¿cuántos de esos años de «estudio» son, en realidad, años de operación?
En ningún campus universitario del mundo una formación militar guerrillera tiene algo que ver con la academia. En ninguna universidad seria del planeta es normal que un hombre le dispare a la Policía desde la portería y que la respuesta institucional sea el silencio, o peor, la invocación de la autonomía para no investigar.
Eso no protege el pensamiento crítico ni la libertad de cátedra: los traiciona, porque convierte en sospechoso a cada estudiante honesto que sí quiere graduarse, y en cómplice involuntario a cada universidad que prefiere mirar hacia otro lado antes que hacer pedagógicamente incómoda la pregunta de quién camina realmente por sus pasillos.
La tesis de este editorial es simple y no admite maquillaje: defender la autonomía universitaria y exigir que el Estado entre a desarticular células armadas y redes de narcotráfico dentro de los campus no son posiciones contradictorias. Son la misma posición.
Uno no puede invocar la Constitución para proteger el pensamiento libre y, al mismo tiempo, usarla como cortina para tapar a quienes fabrican explosivos o venden cocaína en los pasillos. La universidad pública colombiana no le debe lealtad a esas estructuras. Le debe lealtad a los millones de jóvenes que todavía creen que estudiar en ella es el camino de salida de la pobreza, no la antesala de una guerra que no eligieron pelear.
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