En la madrugada de este viernes 27 de agosto, mientras buena parte del país dormía, cuarenta drones cargados con explosivos cayeron sobre una patrulla del Ejército Nacional en Pelaya, Cesar. Dos soldados quedaron heridos. Apenas unos días antes, en San Roque, un subintendente de la Policía había muerto cuando un artefacto similar impactó una subestación.

No es una anécdota regional ni un episodio aislado de esa «Colombia profunda» de la que tanto se habla y tan poco se entiende. Es, en realidad, la fotografía más nítida de lo que el país recibe después de cuatro años de una política que llamó «paz total» a lo que, en la práctica, terminó siendo permisividad institucionalizada frente a estructuras criminales.

Anoche, el presidente Abelardo de la Espriella convocó un consejo de seguridad extraordinario en Valledupar y ordenó reforzar la ofensiva militar y policial en el Cesar. Fue enfático: los grupos criminales no van a intimidar al Estado. La frase es correcta y, además, necesaria. El problema es que durante cuatro años el país escuchó, en los hechos, no en el discurso, exactamente lo contrario: mesas de diálogo sin cronogramas verificables, ceses al fuego que las estructuras armadas aprovecharon para reclutar, extorsionar y expandirse, y un Estado que prefirió la fotografía de la negociación antes que exigir un desarme real.

El resultado está a la vista

Lejos de desmovilizarse, el ELN multiplicó su capacidad de fuego hasta el punto de atacar con enjambres de drones cargados de explosivos, una táctica que apenas hace tres años era impensable en el conflicto colombiano. Las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, por su parte, tampoco se quedaron atrás. En el fondo, la «paz total» no compró paz: compró tiempo, y ese tiempo lo aprovecharon precisamente quienes nunca tuvieron intención de deponer las armas.

Por eso tiene sentido que el nuevo gobierno haya anunciado el desmonte oficial de esa estrategia y la reactivación de extradiciones de negociadores vinculados a las disidencias, al Clan del Golfo y al ELN. La llamada Era del Tigre, que es como el propio presidente bautizó su política de mano firme, parte de una premisa que en 360 Radio compartimos sin rodeos: el monopolio legítimo de la fuerza no es un asunto negociable ni un tema de opinión política. Es, sencillamente, la condición mínima para que exista un Estado. Y sin ella no hay propiedad privada segura, ni inversión, ni empresario dispuesto a arriesgar capital, ni campesino que pueda sembrar sin pagar vacuna. Dicho de otro modo, la seguridad no es un eslogan de campaña, sino la infraestructura invisible sobre la que se sostiene toda economía de mercado.

Ahora bien, ese primer paso merece respaldo, y ojalá se sostenga en el tiempo, porque de eso depende que sea más que un anuncio. Reforzar una ofensiva militar exige helicópteros, sistemas anti drones, inteligencia de calidad y, sobre todo, continuidad presupuestal que vaya más allá de un consejo de seguridad convocado tras la tragedia. Y conviene, además, que las extradiciones avancen por la vía judicial, con todas las garantías del debido proceso, para que ese gesto de autoridad quede blindado jurídicamente y no dependa de la coyuntura. Al final, un Estado de derecho se fortalece precisamente cuando actúa con firmeza sin salirse de sus propias reglas.

Hay, además, una dimensión que no se puede dejar por fuera: la institucionalidad que permitió llegar hasta aquí. Cuatro años de «paz total» no fueron solo una política de seguridad fallida: fueron, como lo documenta el propio informe que el Gobierno actual entregó a la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría, un periodo en el que el control sobre los recursos públicos se relajó al mismo ritmo que el control territorial. No es casualidad que la misma semana en que el país discute drones explosivos en el Cesar, también discuta contratos por más de 370.000 millones de pesos bajo sospecha y una nómina paralela de 900.000 contratos de prestación de servicios.

La debilidad institucional rara vez llega sola: cuando el Estado abandona el territorio, casi siempre abandona también la vigilancia sobre el gasto.

Así las cosas, lo que Colombia necesita ahora es que el impulso de anoche en Valledupar no se quede en un episodio aislado, sino que se convierta en política de Estado sostenida en el tiempo. Eso pasa, sobre todo, por una separación de poderes que funcione de verdad: un Ejecutivo que gobierne, una Fiscalía que investigue sin presión política de ningún signo y una Justicia que falle con independencia. Y pasa, igualmente, por entender que la autoridad no se improvisa el día después del atentado, sino que se construye con años de presencia constante, de inversión sostenida en la Fuerza Pública y de cero tolerancia con la impunidad, venga de donde venga.

Los soldados heridos en Pelaya y el policía asesinado en San Roque no murieron por una fatalidad del destino colombiano, sino por años en que el Estado prefirió negociar antes que actuar. Por eso hay que decirlo con la misma claridad con que se señalan los errores: el giro que empezó a dar el gobierno de Abelardo de la Espriella, el fin de la paz total, la reactivación de extradiciones y la orden de reforzar la ofensiva en el Cesar, va en la dirección correcta y merece el reconocimiento de quienes creemos en un Estado con autoridad.

Ese reconocimiento, eso sí, viene con una expectativa clara: que la firmeza de estos días no se quede en un arranque, sino que se convierta en política sostenida, con recursos, instituciones fuertes y resultados verificables. Si eso ocurre, la Era del Tigre no será solo el eslogan de un gobierno que empieza, sino el momento en que Colombia volvió, por fin, a recuperar el territorio que durante años le regaló a las armas.

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